A pesar de que se cumplieron ocho meses desde que Marcelo Sain dejó ser el ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, su equipo de más de diez funcionarios continuaba ocupando cargos claves en el ministerio, entre ellos Germán Montenegro que se desempeñaba como viceministro. En este tiempo, la problemática de inseguridad se agravó al extremo en especial en Rosario con ataques a edificios públicos, estaciones de servicios, locales gastronómicos y sicarios con licencia para matar en medio del mundo narco, a lo que se sumaron crímenes en ocasión de robo. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad se mostró paralizado sin poder cumplir las promesas de campaña del gobernador, Omar Perotti, quien había prometido paz y orden, además de conducción de la policía. 
Pero ahora la olla a presión estalló y dejó salir a la luz una interna sin cuartel entre el actual ministro de Seguridad, Jorge Lagna, y los ahora ex funcionarios que respondían a Sain, quien al parecer aún tenía influencias en la gestión ministerial. Y en tanto asomaban las tensiones en la cartera entre los funcionarios, los santafesinos quedaron a merced de la delincuencia. 
En este escenario, más de diez funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe renunciaron luego de una serie de allanamientos efectuados en las oficinas de la cartera por presunto espionaje atribuido al ex titular de la misma Marcelo Sain. Las renuncias se produjeron el pasado martes y todos son funcionarios que arribaron con la gestión de Sain, hoy devenido en colaborador del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.
Los procedimientos se llevaron a cabo el viernes en Casa de Gobierno de Santa Fe y también en la delegación de Rosario en busca de evidencias sobre espionaje ilegal atribuidos al ex ministro de Seguridad sobre dirigentes políticos, empresarios y periodistas, entre otros.
En ese sentido, renunciaron Montenegro y otros funcionarios que seguían en la cartera que encabeza Jorge Lagna: Maximiliano Novas (secretario de Coordinación Técnica y Administrativa), Emiliano Mongia (subsecretario de Prevención y Control Urbano), Pablo Alvarez (subsecretario de Investigación Criminal), Diego Llumá (subsecretario de Seguridad Preventiva), Carla Pecorini (directora provincial de Centros Territoriales de Denuncias) y Federico Llumá (director de Comunicaciones). También presentaron su dimisión, Rodolfo Gallardo (director de la Agencia de Investigación Criminal); Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal); Ramiro Cortese (asistente técnico) y Nadia Schujman (asistente técnica).
Asimismo, trascendió que esos funcionarios ya habían puesto a disposición sus renuncias previamente al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en el contexto de la difusión de una fuerte disputa interna entre este sector que respondía a Sain y el que encabeza Lagna.
Justamente, al ahora asesor de Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad nacional podría ser acusado por "haber ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas".
En el allanamiento en Rosario se encontró papel triturado que se presume es efecto de la destrucción apurada de documentos que podrían constituir más pruebas. Según informó el diario La Capital de Rosario, al parecer Sain acumulaba información sensible sobre distintas personalidades de la provincia, presumiblemente para realizar eventuales "carpetazos".
El ex ministro "hacía una ficha de cada persona con la que trataba o tenía algún cruce", y en ese aspecto habría "carpetas" sobre legisladores, empresarios, gremialistas, funcionarios judiciales y periodistas. Uno de los teléfonos celulares secuestrados en el allanamiento es el de Montenegro, hombre de estrecha confianza de Sain.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron a La Capital que se encontraron centenares de carpetas –estiman que más de mil– con perfiles informativos sobre dirigentes políticos, empresarios, gremialistas, funcionarios judiciales y periodistas.
En este marco, ahora las miradas se dirigen al gobernador Perotti, quien ayer por la tarde estaba en Rafaela, por la dimensión del escándalo político cuyas derivaciones ahora son difíciles de mensurar, impredecibles. ¿El gobernador sabía sobre las presuntas actividades de espionaje de Sain y su equipo? Y sino lo sabía no deja de ser grave que no tenga el control de lo que sucede en un ministerio, estratégico en función de la gravedad del problema de la inseguridad. 
"Los allanamientos en el Ministerio de Seguridad por espionaje ilegal son la expresión del mayor fracaso y vergüenza de la política pública. Estamos ante un escándalo sin antecedentes, y los santafesinos no salimos de la perplejidad. Pediremos explicaciones", sostuvo el diputado provincial, Maximiliano Pullaro. 
Desde la Casa Gris, voceros del Gobierno buscaron ayer bajar la intensidad del escándalo, negaron que exista una crisis institucional y descargaron que se hayan realizado actividades de espionaje, además de confirmar que Lagna continuará como ministro. 
Lo cierto es que en los allanamientos, los fiscales secuestraron documentación impresa, computadoras y retuvieron celulares a 6 funcionarios, entre ellos el de Montenegro. El procedimiento fue ordenado por el fiscal de Delitos Complejos de Santa Fe, Ezequiel Hernández, por dos causas: una que investiga el presunto intento por favorecer a una firma con la compra de armas y otra, más grave e inédita en la provincia, que apunta a Sain como organizador de espionaje ilegal. Que las requisas se hayan realizado un viernes permitió llegar al fin de semana que le permite al gobernador Perotti tomar oxígeno y al menos diseñar una estrategia para enfrentar esta nueva crisis que echa por tierra la convocatoria para esta semana a la oposición para debatir acciones para enfrentar el aumento del delito. Antes quizás le exigirán explicaciones teniendo en cuenta que la temperatura en la Legislatura aumentó considerablemente.
Este sábado, el periodista especializado Germán de los Santos, columnista habitual del programa Radiópolis Weekend (Radio2), consideró "la sospecha es que se hacía inteligencia desde el Ministerio de Seguridad contra dirigentes políticos, empresarios, dirigentes sindicales, funcionario judiciales y periodistas".  
De los Santos explicó que "por lo que trascendió hasta ahora, no se puede asegurar que se hayan detectado escuchas telefónicas, pero sí se secuestró documentación" en ese sentido. "Es un escándalo que todavía no terminó de estallar y en la semana seguramente habrá fuertes repercusiones", remarcó el periodista rosarino, que además trabaja como corresponsal en la ciudad del diario La Nación.
"Hoy hay un ministerio de Seguridad casi a la deriva. Renunciaron 11 funcionarios en las últimas horas, que son los alcanzados por estos procedimientos, que incluso habrían dado un paso al costado antes de las requisas", amplió De los Santos según publicó Rosario3.
El periodista también recordó que "actualmente en Rosario no hay designado un jefe de la Unidad Regional II". Está la propia jefa de la provincia, Emilse Chimenti, al frente. Y todo en medio de la crisis más profunda de seguridad en la ciudad y en los principales centros urbanos del territorio provincial.
Por lo pronto, Perotti y el ministro Jorge Lagna, trabajaban en la reorganización del ministerio de Seguridad, que quedó casi desmantelado luego de las masivas renuncias en la cartera. Y también deberán coordinar una declaración pública para plantear la posición del Gobierno de Santa Fe ante un escándalo cuyo final es impredecible.