Los concejales recibieron nuevas opiniones sobre el límite agronómico

Locales 25 de noviembre de 2021 Por Redacción
El bloque de concejales justicialistas generó un encuentro con el Ing. Químico, Horacio Beldoménico y el abogado especialista en derecho público y constitucional, Enrique Marchiaro, para sumar opiniones al tema de fitosanitarios que está bajo análisis legislativo.
FOTO PRENSA CONCEJO REUNIÓN. Veterinarios y concejales trataron la propuesta que presentó Juan Senn.

El Dr. Enrique Marchiaro, profesor de postgrado en derecho municipal y ambiental y autor de diversos libros y artículos en su especialidad, y el Ing. Químico, Horacio Beldoménico, reconocido científico en Argentina en materia de plaguicidas, dieron su punto de vista ayer por la mañana ante los ediles rafaelinos sobre el tema “pulverizaciones periurbanas”.
La exposición de Marchiaro se centró en resumir el estado del tema en el derecho argentino, el cual es muy claro sobre la aplicación del principio precautorio que funciona para estos casos bajo dos condiciones: por un lado el peligro de daño grave o irreversible (lo cual, según dijo, se está constatando cada vez más respecto del glifosato y otros compuestos a través de diversos estudios médicos y en las ciencias duras) y en segundo lugar, que la ausencia de información o certeza científica no determina que no puedan tomarse medidas para tutelar la salud y el medio ambiente. Sin embargo, dejó en claro que ante un tema controvertido, igual deben tomarse medidas.
El problema de base que plantearon ambos profesionales es el siguiente: la Nación aprobó el uso del glifosato bajo un criterio internacional de análisis de su nivel tóxico agudo o grave, excluyendo la toxicidad crónica o a largo plazo, que es precisamente donde aparecen los problemas de contaminación en el medio ambiente y sobre todo en la salud de seres humanos.
En este tema hay tres criterios: el productivo o agronómico, el ambiental y el sanitario, que deben necesariamente estar presentes en el análisis y en la legislación. Sin embargo hoy no se ve en Nación ni en las provincias agropecuarias, con el agravante que luego de 20 años de la misma práctica agropecuaria, y a pesar de la creciente evidencia científica y médica que prueba la contaminación crónica, no se contempla por lo menos la protección de los núcleos urbanos, además de otros numerosos problemas muy serios que también se evaluaron.
El Dr. Marchiaro explicó que “está claro que la mayoría de los casos judiciales se resolvieron a favor del mayor control sobre estos productos, prueba de ello es que las Cortes Supremas de las Provincias de Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y Entre Ríos avalaron medidas de prohibición de alrededor de 1.000 metros desde los centros poblados, del mismo modo las provincias de San Luis, Misiones, Chaco y Chubut fijaron líneas de protección urbanas de mil o incluso mil quinientos metros.
Se analizaron temas muy extensos, entre otros tres: Cómo son los estudios en el mundo que aprueban estos productos. Cómo tienen carácter secreto no se controlan por “pares científicos” lo cual es no científico, pues cualquier estudio serio requiere “referato anónimo de pares” que estas grandes empresas multinacionales jamás aceptaron. De allí que todo lo que se diga a favor de estos productos carece una base certera, aseguraron los profesionales ante los concejales. 
A su vez, se aclaró un concepto de base expuesto por Beldoménico y Marchiaro: “No existe ningún plaguicida que sea no peligroso, ello es imposible técnicamente. La ciencia lejos está de no criticar el glifosato y el resto de los plaguicidas, quien afirme ello no ha leído la extensa bibliografía que hay en el mundo y sobre todo nacional, la cual se acompañó en formato digital para el Cuerpo Legislativo local y está a disposición de cualquier ciudadano, pues es información pública y pidieron que se glose a los expedientes del debate como fundamento del mismo”.
Para Beldoménico, el sector productivo y el INTA solo ofrecen como solución las buenas prácticas, las que por sí solas jamás pueden resolver el tema de la contaminación crónica o invisible, pues, aunque un productor responsable use correctamente glifosato, el producto contamina poco a poco. Ante ello es indispensable la aplicación del principio precautorio, tomando medidas como las de prohibición genérica de 1.000 metros que a nivel internacional y nacional numerosos estudios aconsejan como necesaria.
Otros de los aspectos que dejaron expuestos, es que “por supuesto que el mismo Estado que prohíbe debe acompañar a los productores del periurbano con medidas concretas, fijando además un plazo de adaptación, estando claro que el paso a un modelo productivo agroecológico esta fuera de discusión ya en el mundo”.
Entre otros conceptos, el profesional en derecho público y constitucional, se preguntó “si el costo que pagamos por este modelo de desarrollo extractivista agropecuario es viable”, aclarando también que “lo que plantean está lejos de cualquier enfoque ideológico y mucho menos anti-campo, todo lo contrario, se busca con estos estudios -que son parte de investigaciones en plena publicación- hacer un aporte a un modelo agropecuario viable y sostenible”.
En síntesis, Beldoménico no apoya el proyecto de Lisandro Mársico y dijo que el de Viotti es inviable, pero que prefiere que la legislación municipal que regula aplicación de productos fitosanitarios "se quede tal como está antes que lo que se propone", a la vez que se mostró a favor de un límite agronómico de mil metros. 

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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