Medios y democracia

Editorial 21 de noviembre de 2021 Por Redacción
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Con la propuesta de un gobernador alineado con el kirchnerismo para avanzar contra la libertad de prensa a partir de una mayor regulación de los medios de comunicación, nuevamente sale a escena un alarmante carácter autoritario del espacio político que hoy ocupa la centralidad del gobierno nacional. Tras una derrota electoral que marcó a nivel nacional la fuga de más de cinco millones de votos en dos años, el gobernador de Chaco Jorge Capitanich, desempolvó una discusión y una obsesión del poder por generar cepos también en la actividad periodística, tal como lo hace en distintos sectores de la economía. 
El funcionario chaqueño, recordado por haber roto en pedazos en febrero de 2015 un ejemplar de diario Clarín cuando era jefe de Gabinete nacional durante la presidencia de Cristina Kirchner, instó ahora a regular los medios de comunicación porque la gente empieza a pensar lo que los periodistas proponen. Creer que un revés electoral obedece a lo que dicen determinados periodistas o medios en el ejercicio de su profesión es infantil desde una visión romántica pero absolutamente peligrosa desde una perspectiva democrática y republicana. 
El planteo del gobernador de Chaco nos acerca una vez más a Venezuela, Cuba o Nicaragua donde la libertad de expresión se ha visto reducida al mínimo o directamente no existe en tanto que ser un dirigente político opositor es una decisión de riesgo. Si bien Capitanich aclaró que los medios no definen una elección, explicó que construyen marcos mentales que permiten "permear" a los votantes del Frente de Todos. Nada dijo de la inflación, la desocupación, la pobreza y la inseguridad como problemas estructurales que puedan permear al votante peronista o kirchnerista. 
Preocupante es además que nadie en el Gobierno nacional reaccionado ante las expresiones públicas del gobernador Capitanich. Hay otras señales que encienden las alarmas sobre el camino de confrontación que parece elegir la Casa Rosada ante una crisis económica que se agrava por la inflación sin techo, salarios deteriorados y la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El regreso del programa de la televisión pública popularmente conocido como "6, 7, 8" en el que se atacaba a dirigentes opositores, periodistas críticos y medios de comunicación representa una piedra más en el zapato de la democracia. Una operación financiada con fondos públicos de los contribuyentes a través de los impuestos que tanto cuestan pagar en el marco de un país con alta presión fiscal. 
En la provincia de Santa Fe no se ha llegado a tanto, pero llama la atención la línea argumental de los principales referentes del partido de gobierno que también adjudica responsabilidad a los medios de comunicación de Buenos Aires por la derrota electoral sufrida por sus listas de candidatos el domingo pasado. Tanto el Gobernador, como el actual senador nacional y el senador nacional electo han evitado asumir errores por el fracaso en las urnas y han sugerido que la victoria de Juntos por el Cambio está anclada a la nacionalización de la campaña y a la penetración de los medios porteños en el interior del país o en la ruralidad santafesina. 
En este contexto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su preocupación ante la reiteración de expresiones del gobernador Capitanich, lesivas a las libertades de expresión y de prensa. La entidad subrayó que la pluralidad de la oferta informativa permite a las audiencias optar por uno u otro medio, premiando y castigando de ese modo eventuales desvíos o una desconexión con sus necesidades o demandas. El público no requiere una tutela o una prescripción gubernamental, con observatorios inhibitorios o normativas asfixiantes, que terminan afectando la posibilidad de que la prensa refleje la forma en que los gobernantes administran los intereses de todos.



Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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