Argentina, país generoso

Editorial 18 de noviembre de 2021 Por Redacción
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La descomposición del tejido de valores que debe sostener como un cimiento sólido la construcción de un modelo colectivo con formato de país. La ética, la moral, el respeto, la humildad, la justicia, la generosidad, la austeridad, la transparencia, la honestidad, la sinceridad, la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad han perdido la batalla en la Argentina contra la corrupción, impunidad, el egoísmo, la apatía, la injusticia, la traición, la deshonestidad, la arrogancia y la soberbia. En especial en lo que hace al sistema político que exhibe actores que se enriquecen en la función pública, se convierten en millonarios y salen airosos aprovechando las falencias del sistema legal punitivo. 
Desde una perspectiva romántica, se dice que la política es una herramienta de cambio social, sin embargo en esta cáotico país solo transforma y aumenta el patrimonio de muchos de los funcionarios y legisladores inscriptos en el ecosistema político. 
El marco jurídico para castigar a los corruptos es demasiado permisivo en nuestro país, posibilitando que aquellos que se enriquecieron ilícitamente o aprovecharon su paso por un cargo público para provecho personal se beneficien con la impunidad o bien cumplan penas mínimas que incluso se neutralizan con la realización de cursos de jardinería o electricidad. 
Periódicamente se plantea en esta columna editorial que las penas para los corruptos deben ser severas y sin posibilidad de reducirse por buena conducta o la participación en cursos de capacitación que ni siquiera tenemos la seguridad de que los realicen en el ámbito del sistema penitenciario, el mismo que permite a Ariel Cantero, el capo narco santafesino de la banda Los Monos, tener un teléfono de línea a disposición en su celda entre tantos otros privilegios. 
Ahora bien, los legisladores responsables de la elaboración de leyes, entre otras de aquellas que establecen cómo se castiga a los corruptos, no parecen decididos a aumentar las penas porque el día de mañana bien podrían estar en el banquillo de los acusados. Por tanto, agravar el castigo por poner la mano en la lata podría interpretarse como aprobar algo que se podría volver en contra como una suerte de boomerang. 
Otro aspecto que necesariamente debería modificarse para acelerar los procesos es que los condenados por un juez o tribunal no deberían esperar en libertad que las sanciones queden firme en una instancia judicial superior. Las raíces de la impunidad crecen en esos grises que los propios políticos dejan en los códigos penales para no ser víctimas de sus propias leyes en algún momento de su carrera profesional en el sector público (no pocos han encontrado la forma de sobrevivir toda una vida como funcionario, legislador o lo que sea pero siempre en la esfera del Estado).
La reciente liberación del exsecretario de obras públicas durante el kirchnerismo, José López renovó a principios de este mes la sensación que tiene la gente de que los políticos nunca pierden mientras los ciudadanos de a pie deben pagar los impuestos cuyo destino muchas veces es el bolsillo de corruptos. López recuperó la libertad a más de seis años de caer detenido, cuando la madrugada del 16 de junio de 2016 fue sorprendido con con bolsos que contenían casi nueve millones de dólares, los cuales procuraba esconder en un convento.
López había sido investigado en múltiples causas, pero fue condenado a una pena única de siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y también por la tenencia de un arma, aquella madrugada en el convento.
Por ahora el ex funcionario seguirá condenado pero al cumplir las dos terceras partes de la pena es que puede salir en libertad tras el pago de esa caución. Este tipo de beneficios es lo que no debería aplicarse en los casos de corrupción en esta Argentina, que por estas cosas puede ser considerado como un país generoso. 




Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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