La justicia y la tortuga

Editorial 09 de octubre de 2021 Por Redacción
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Entre tantas cosas que no funcionan correctamente en la Argentina, se encuentra el sistema judicial aunque claro no se puede generalizar. En la provincia de Santa Fe, un Fiscal Regional y otro fiscal especializado en delitos complejos perdieron sus cargos y fueron detenidos por dar cobertura, a cambio de dinero, a la mafia del juego clandestino cuyos tentáculos llegaban hasta Rafaela. A nivel nacional, la justicia federal exhibe sin vergüenza su catálogo de imperfecciones, que comienza con la falta de voluntad para avanzar en las causas que salpican a funcionarios o legisladores, sigue la con la politización de las causas o jueces que actúan en base a las necesidades de un sector de la política, y termina con los mismos magistrados sospechados de cobrar por sentencias. También aparecen los múltiples recursos que tienen a disposición los sospechados, imputados o procesados para dilatar las investigaciones. 
El caso de la ex secretaria de Medio Ambiente del gobierno kirchnerista entre 2006 y 2008, Romina Picolotti, que hace un par de semanas fue condenada a tres años de prisión en suspenso por defraudación en perjuicio de la administración pública se ha transformado en un nuevo ejemplo de que la justicia argentina es más lenta que una tortuga renga. La condena incluye la obligación de restituir al Estado Nacional la suma de 6.941.170 pesos, que deberá entregar al actual Ministerio de Medio Ambiente pero aún no sino que lo deberá hacer cuando la sentencia quede firme. Ah, por cierto, la ex funcionaria fue investigada por la jueza federal María Servini y en 2015 fue enviada a juicio. Pero recién se concretó este año. No hay remate. 
Picolotti, quien asistió a la audiencia (y a todo el juicio) desde Estado Unidos, donde reside y trabaja actualmente, no irá a prisión, pero deberá respetar durante tres años reglas de conducta, entre ellas presentarse periódicamente en una sede diplomática en el extranjero e informar sobre cualquier cambio en su condición migratoria. Antes de la lectura del veredicto, Picolotti había proclamado su inocencia, tal como lo hizo su defensa en la audiencia de alegatos, pidió su absolución e insistió en la prolongación del proceso, que insumió 14 años, lo que consideró un "exceso" en el "plazo razonable" para una causa judicial.
¿El delito que cometió Picolotti? Utilizó fondos estatales para financiar gastos personales, entre ellos comidas, perfumes, flores, alimento para mascotas, sahumerios, comprar una barrita de cereal en un quiosco y vuelos charters para familiares y allegados. La ex funcionaria había asumido en el cargo frente al hoy presidente de la Nación, Alberto Fernández, y como tantos otros integrantes del kirchnerismo utilizó al Estado y a los fondos públicos que aportan los contribuyentes como propio. 
En el desarrollo de esta causa por corrupción, la defensa había pedido, además, la declaración de prescripción de la causa por violación al principio de plazo razonable para resolver un proceso judicial. En cierto punto, le asiste la razón y constituye una crítica para los jueces que extendieron por demás una instancia por un delito que no fue millonario y deberían haberse resuelto en el menor tiempo posible para reducir los costos del sistema y, básicamente, para hacer justicia en tiempo y forma. 
Y hablando de demoras, los fundamentos del fallo se darán a conocer recién el próximo 25 de noviembre a las 16. Con buen criterio, los abogados Luis Carranza Torres y Carlos Krauth expresaron en el portal de Comercio y Justicia que se deberían castigar de manera eficaz y en un tiempo razonable las prácticas corruptas. La necesidad de transparentar los actos de la Administración pública, desburocratizar y agilizar los trámites, y modernizar los sistemas de enjuiciamiento, se presentan como medidas urgentes. Como advierten, o la democracia pone un punto final a la corrupción, o se corre el riesgo de que resulte exactamente a la inversa.





Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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