En el año 2013 la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas, con la clara intención de concienciar a las personas y sobre todo a los gobiernos, acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial.
La trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de violación a los derechos humanos, siendo catalogada un símbolo moderno de esclavitud del siglo XXI, mediante la cual las personas son privadas de su libertad y derechos por parte de terceras personas.
Al respecto, la diputada nacional (MC) Partido Demócrata Progresista, Ana Copes, ex coordinadora del Comité para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, reflexionó: “Quizás existan pocas políticas públicas sobre las que hay un real consenso inter partidario en nuestro país. La necesidad de prevenir, investigar, asistir y proteger a las víctimas de trata es, sin duda alguna, una de esas pocas excepciones”.
Sobre los desafíos y deudas de la política, dijo: “Injusto sería no reconocer los diversos avances que desde distintos gobiernos y gestiones se han hecho en la materia. Claro que la experiencia acumulada debería poner en perspectiva los inmensos desafíos que todavía hoy tiene pendiente la política de trata y explotación de personas. Y en fechas como éstas, es necesario poner sobre la mesa esos desafíos y deudas pendientes. La trata y la explotación de personas son problemas que afectan diariamente a nuestra sociedad. Existen, y esto hay que decirlo con todas las letras, porque se trata de estructuras de mercado”.
Acerca de qué se puede y qué se debe hacer, la legisladora nacional manifestó: “No podemos pensar y desmantelar el negocio de la trata y la explotación de personas si no diseñamos y ejecutamos una política de persecución penal sobre esas estructuras de mercado. Es inadmisible que sigamos esperando la tan prometida reforma de la justicia federal. No podemos esperar que los jueces federales, dueños de sus juzgados y sus causas, continúen con la investigación de cada caso sin analizar las estructuras que subsisten a las redes criminales”.
“Necesitamos imperiosamente el diseño de una política de persecución penal inteligente y estratégica, y para eso es imprescindible y urgente la implementación del nuevo código procesal y que se fortalezca el ministerio público fiscal. La ausencia de una política criminal clara y precisa se traduce en una selectividad de la persecución penal: son las fuerzas policiales las que en la mayoría de los casos orientan cuáles se investigan y cuáles no. Y en esa selectividad, se avanza muchas veces en la persecución de hechos que no tendrían que ser perseguidos ni criminalizados”, aseguró Copes.
“La política criminal es en esencia la administración de la violencia estatal. Decidir qué se persigue, qué se criminaliza, en consecuencia, es una decisión muy seria en nuestra democracia. Seguro que estos no son debates cómodos, pero sí ciertamente necesarios. Es tiempo que la clase política avance sin temores en nuevos consensos indispensables para continuar esta larga pelea por la investigación y sanción de estos casos, y la reparación, protección y atención a sus víctimas”, finalizó.