Entidades, cámaras, instituciones y gremios de la cadena cárnica santafesina, todos afectados por las restricciones a la exportación de carnes dispuesta por el Gobierno Nacional, decidieron aunar esfuerzos y direccionar sus reclamos hacia los responsables políticos más cercanos. En este caso, las miradas apuntaron al gobernador Omar Perotti y a los legisladores nacionales tanto Diputados como Senadores, que representan los intereses de la provincia en el Congreso.
La exigencia del sector ha sido clara y concisa. Buscan que el mandatario planteé frente a las autoridades competentes la inconveniencia y negativas consecuencias que implica el sostenimiento de medidas cuyos objetivos primarios no fueron ni son alcanzados, pero además implican un daño colateral cuya magnitud requiere una inmediata revisión y análisis de acciones alternativas.
Dos productores y dirigentes emblemáticos de Santa Fe expresaron su visión frente a la problemática, coincidiendo en la necesaria “marcha atrás” del Gobierno nacional. En declaraciones al programa radial “ADN Rural”, Ignacio Mántaras (Pte. de la Rural de Santa Fe) y Francisco Mayoraz (recientemente elegido para presidir la entidad ruralista de San Cristóbal) fueron contundentes.
“Entendemos que la carne para la provincia de Santa Fe es una política de Estado; es como hablar de vinos en Mendoza o manzanas en Río Negro, y claramente nuestras autoridades provinciales deben ponerse al frente del problema”, afirmó Mántaras. En ese sentido, remarcó que se trata de un “problema político” y por eso instaron al Gobernador para que “arbitre los planteos y medidas necesarias ante el Gobierno Nacional a los fines de que se revisen en forma inmediata las restricciones impuestas”.
En la misma sintonía opinó Mayoraz: “el Gobierno de Santa Fe tiene que oponerse rotundamente a esta medida, que es más para la tribuna, porque están perjudicando gravemente a un sector como el nuestro”. Y agregó: “pensaron que prohibiendo las exportaciones iba a aumentar el volumen de carne en las bocas de expendio del país y bajaría el precio, pero ocurrió todo lo contrario porque la carne al mostrador aumentó entre un 4 y un 8% y la hacienda en pie bajó alrededor de un 15%”.
Pero además de reclamarle al Gobernador, el presidente de la Rural de San Cristóbal fue más allá: “cuando se intervienen los mercados pasan estas situaciones que estamos viendo y toda la cadena se encuentra afectada; por eso consideramos que debe ser apoyada y nuestros Senadores y Diputados tendrían que pensar en la provincia de Santa Fe, una de las más perjudicadas con decisiones de estas características”.

PEDIDO DE AUDIENCIA
Para los dirigentes, la situación creada en toda la cadena productiva de la carne por las razones que ha considerado el Gobierno Nacional, en la actualidad “requiere la asistencia del Gobierno Provincial en forma tangible, razonable y posible”.
El impacto social de la medida se advierte rápidamente, generando angustia en miles de familias trabajadoras y de productores y empresarios. “Requiere una definición inmediata y elevamos una formal petición a la vez de solicitar en el mismo marco una audiencia de la representación de cada sector de la industria, los productores y los trabajadores en forma conjunta para ampliar al Gobernador demás consideraciones de relevante trascendencia para morigerar el enorme perjuicio que ya se experimenta y evitar consecuencias irreparables en la estructura productiva y laboral”, indicaron.