Por Lisandro Mársico*

El 17 de septiembre de 1796, George Washington pronunció un discurso que fue conocido como "Oración de despedida", previo a su retiro del servicio público, después de ejercer por dos períodos como Presidente de los Estados Unidos.
Manuel Belgrano, confeso admirador de uno de uno los padres fundadores de esa Patria, “…ese héroe digno de la admiración de nuestra edad y de las generaciones venideras…”; apenas llega a sus manos el documento de referencia, trabaja en su traducción con la colaboración de su médico personal, el Doctor Joseph James Thomas Redhead.
En un pasaje de una de las piezas discursivas más importantes de la historia estadounidense, Washington expresaba: “Importa igualmente que los hombres encargados del gobierno de un país libre limiten su acción a las respectivas esferas constitucionales, evitando que en el ejercicio de los poderes ningún departamento usurpe las funciones de otro. El espíritu de usurpación tiende a concertar los poderes en uno solo, y crea de tal modo un verdadero despotismo, sea cual fuere la forma de gobierno. Está demostrado por la experiencia, tanto de los tiempos pasados como de los nuestros, y aun en nuestro mismo país, la necesidad de sujetar el ejercicio del poder político, dividirlo entre diferentes depositarios que se vigilen recíprocamente y que cada uno se constituya en protector del bien común contra las invasiones de los demás poderes, porque su conservación es tan importante como la institución del poder…”.
El Artículo 120º de nuestra Constitución Nacional expresa en su parte inicial: “El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses de la sociedad…”. El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, aprobado en el Senado de la Nación, actualmente en consideración en la Cámara Baja, pretende intervenir en disposiciones que de ser reformuladas, se atentaría contra la independencia que la Carta Magna Nacional le concede al Órgano en cuestión.
Así pues, queda al descubierto la palmaria manifestación de “usurpación”, que se pretende por parte de un sector del poder político, de uno de los pilares fundamentales que posee el Ministerio Público, cuál es su independencia; impidiéndole poder “constituirse en protector del bien común”, quedando sometido a la voluntad de aquellos que practican el “despotismo”; de aquellos que buscan la impunidad por las brutalidades cometidas contra las arcas públicas; de aquellos que pretenden controlar a los fiscales, hombres y mujeres cuya actuación debe encarnar la defensa de la legalidad y el interés general de la sociedad.
El kirchnerismo, impulsor de esta maniobra, que aspira a modificar la mayoría para otorgar el acuerdo por parte del Senado a la designación del Procurador General, haciéndola totalmente manipulable a sus intereses; que ambiciona politizar la integración del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público y que procura una mayor injerencia de la Comisión Bicameral en el funcionamiento de ese Órgano y en la actuación de sus fiscales, con la consiguiente pérdida de independencia; actúa en franco avance contra la división de los poderes.
El Senado Nacional ya fue abatido por esta estrategia asfixiante, partícipes directos también de esa funesta decisión fueron nuestros representantes en la Cámara Alta por la Provincia de Santa Fe, los senadores Mirabella y Sacnun, quienes optaron por acompañar esta modificación, tan hostil a la Constitución Nacional.
Ante la furia de esta tremenda avanzada, todavía queda el resguardo de los que representan al pueblo de la Nación Argentina, “Nessun dorma, nessun dorma… Nadie duerma, nadie duerma…”(reza un área de la ópera Turandot)”, para estar atentos, a que nuestros diputados defiendan batallando, como merecen las instituciones de la República, la independencia del Procurador General y de los fiscales de la Nación.


(*) Abogado. Concejal de la Ciudad de Rafaela por el Partido Demócrata Progresista.