Argentina mantiene como una nociva tradición el déficit de las cuentas públicas, es decir que en términos generales gasta por encima de sus ingresos, dando lugar a un círculo vicioso insostenible en el tiempo que deriva en crisis recurrentes y la imposibilidad de ingresar a un círculo virtuoso en el que se logre crecer y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Los gobiernos de un lado y del otro de la grieta no han tenido las capacidades ni las voluntades necesarias para cambiar la forma en la que se hacen las cosas en este país en busca de resultados diferentes. 
El Ministerio de Economía se encuentra en un proceso de diálogo abierto con el Fondo Monetario Internacional que espera algún día, más temprano que tarde, redunde en un acuerdo para postergar los vencimientos. Ayudará y mucho a cerrar un entendimiento mejorar las cuentas públicas, esto es lisa y llanamente achicar el rojo. Por eso el comportamiento de las cuentas de gastos e ingresos es central en cualquier discusión en torno a la deuda. 
Recientemente, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) informó que el déficit financiero tuvo en abril una mejora interanual del 77,4% en términos reales, una mejora que en el caso del resultado primario llegó al 85,2% si se excluyen de la comparación la transferencia de $230.000 millones que realizó el Banco Central al Tesoro en abril de 2020 en concepto de utilidades. La difusión de estos datos se anticipó cinco días al reporte que difundirá este miércoles el Ministerio de Economía, si bien los guarismos pueden diferir por emplearse diferentes metodologías.
En la significativa mejora, con proporciones de las que no se tienen antecedentes en las últimas décadas, incidió la baja base de comparación, ya que abril de 2020 fue el primer mes de aplicación plena del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el que coincidieron una caída de la recaudación en términos reales y un incremento del gasto debido a la aplicación de programas de emergencia por la irrupción del coronavirus. Tanto es así que la OPC indicó que en abril de 2020 los gastos relacionados con el Covid-19 representaron el 28,6% del total y doce meses después esa proporción se redujo al 4,3%, mientras que en valores absolutos bajaron de $230.649 millones a $25.602 millones, un 88,9%. Según el reporte, el gasto primario fue de $594.607 millones y el total de $638.298 millones, lo que implicó caídas reales de 26,3% y 26,7%, respectivamente, en tanto los ingresos totales fueron de $539.336 millones. 
Otro dato vinculado a las cuentas públicas es la curva de los subsidios. En el primer trimestre de este año, los subsidios que el Estado nacional otorgó a empresas públicas y privadas, alcanzaron un nivel que no sólo desbordó las previsiones oficiales sino que por primera vez en seis años fueron mayores a todo el déficit fiscal del período, superando levemente al déficit financiero y triplicando al primario.
De acuerdo con el entrecruzamiento de datos realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, el monto de subsidios en el primer trimestre fue de $175.092,7 millones, levemente superior al déficit financiero del período de $173.501 millones. En consecuencia, por primera vez desde 2015 que los subsidios logran superar al déficit financiero, una constante en los años previos que terminó generando un importante condicionamiento a la política fiscal de los sucesivos ministros de Economía.
El problema cobra trascendencia en la actualidad, no solo por el reciente cortocircuito entre el ministro Martín Guzmán y su subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, sino por el impacto que tendrá la tensión entre subsidios y tarifas en un año marcado por las elecciones legislativas.
Los subsidios del Estado nacional comenzaron a cobrar importancia a partir de 2002, cuando debieron renegociarse los contratos con las empresas de servicios públicos una vez que dejó de tener vigencia la ley de Convertibilidad. Como las tarifas habían sido pactadas en base a la cotización del dólar, se buscó evitar un impacto negativo en los sectores más vulnerables de la sociedad, a los que si no hubiera mediado la renegociación se les habría triplicado la tarifa en pocos meses. Una vez superado el primer tramo de la crisis, hubo algunos intentos por ajustar las tarifas y suprimir o al menos atenuar el nivel de los subsidios, aunque en todos los casos fueron infructuosos.
Así, la política de subsidios explican buena parte de lo que pasa con las cuentas públicas. Pero con una economía atrapada en una crisis continua, problemas de empleo, pobreza en alza y elecciones por delante, los márgenes para reducir subsidios y déficits se achican o incluso desaparecen. En este contexto, negociar con el FMI y cerrar un acuerdo será complicado. Al menos las cotizaciones internacionales de los commodities mejoran el panorama con un mayor ingreso de divisas.