Por Matías Fontanetto*

Las proyecciones de recuperación de la economía para este 2021 apuntan a un 6% crecimiento del PBI luego de una caída del 10% del año pasado. La suba de los precios internacionales experimentada en el último año podrían mejorar el valor de la nueva cosecha en USD 9.500 millones (la recaudación de retenciones lo haría en USD 2.500 millones) y así facilitar el proceso de rebote de la actividad económica que requiere de mayores importaciones para abastecer el incremento de la producción local.
Este proceso de recuperación económica se ve amenazado por la intensificación de las medidas de restricción a la movilidad de las personas, que hasta momento afectan a las sectores ligados al ocio (bares, restaurantes, turismo, etc) en la nocturnidad pero podrían extenderse durante el resto del día si la cuestión sanitaría continuara empeorando. Además la aceleración inflacionaria que viene experimentando la economía puede deteriorar el rebote del consumo y agregar aún más incertidumbre al nuevo esquema cambiario, que utiliza como ancla nominal el tipo de cambio, atrasando a este último respecto a la inflación.
El crecimiento de la economía es necesario para continuar con el proceso de recuperación del mercado laboral: de los 4 millones de empleos informales que se destruyeron en el segundo trimestre del 2020, se recuperaron en el segundo semestre 3 millones, gracias a la reapertura de las actividades económicas y la mayor circulación de la personas. Aún restan recuperar 1 millón de empleo informales y 200 mil puestos de trabajo perdidos en el sector formal, corriendo el riesgo de aumentar los despedidos formales cuando se elimine la prohibición legal de despido.
La Población Económicamente Activa está conformada por las personas empleadas (en el grupo 3 aún se encuentra 1,1 millones por debajo de los niveles del 2019) y aquellos individuos que se están en plena búsqueda laboral (grupo 4 aumentó en 300 mil, alcanzando el 11% la tasa de desempleo). Dentro de los ocupados, se distinguen los plenos (personas que trabajan más 35 horas semanales) y los subocupados (individuos que trabajan menos de 35 horas semanales). Sobre este último grupo se calcula la tasa de subempleo que aumentó del 13% en 2019 a 15% en 2020, esto supone que hay unos 330.000 ocupados adicionales que trabajan de manera precaria.
La tasa de actividad (el porcentaje de personas que buscan trabajo sobre el total de la población) sigue por debajo de valores históricos, debido a las restricciones sobre movilidad de las personas, el miedo asociado a contraer COVID y a la desesperanza sobre la mejora de la situación económica en el futuro que desincentiva a los desocupados a buscar trabajo. Estas personas están forzadas por la realidad a conformar el grupo económicamente inactivos al igual que los menores, estudiantes y jubilados. Cuando la búsqueda de empleo se normalice, la tasa de desempleo dará otro salto (si el 1.200.000 de personas que perdieron sus empleos tanto informales como formales y aún no los han recuperado buscara trabajo activamente, la tasa de desempleo subiría del 11% al 16%)
Teniendo una mirada más estructural del mercado laboral argentino, la continuidad de su expansión en el largo plazo descansa en un cambio de la legislación laboral que flexibilice los mecanismos de contratación y despidos, al mismo tiempo que reduzca la carga laboral sobre las empresas. Estudios del Banco Mundial destacan las claras ventajas que gozan los empresarios en China al momento de competir en el comercio internacional respecto a Latinoamérica en lo referido a la legislación laboral, tan solo el 1,2% de los emprendedores chinos consideran una restricción para su crecimiento a la normativa laboral, ubicándose muy por debajo del promedio latinoamericano del 17,5%.
Es muy negativa la percepción de los empresarios en Argentina (52,3%) y Brasil (61%) respecto a México (17,8%) que se posiciona muy cercano al promedio regional. La actual normativa pareciera estar orientada a evitar despidos más que a estimular las contrataciones, el sector privado no crea nuevos empleos desde el año 2008, el país lleva más de 10 años de inestabilidad macroeconómica con crisis recurrentes que frenan la inversión, el crecimiento y la generación de trabajo necesarios para la reducción de la pobreza.

(*) Licenciado en Economía.