Otra vez la Justicia

Notas de Opinión 24 de abril de 2021 Por Ricardo M. Fessia
Se escuchan distintas y fundadas críticas desde los sectores del poder respecto al funcionamiento de la justicia y más concretamente, sobre algunos jueces por el sentido y alcance de sus investigaciones. Esta aseveración es compartida también por los otros poderes que no la van en saga.
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Hace tiempo, bastante tiempo, que la Justicia, entendido como el sistema judicial, ocupa los primeros planos. Es casi imposible abrir un diario o ver algún programa en la televisión donde no hay un cuestionamiento a “la justicia”.
En el andamiaje estatal nuestra Carta magna lo estableció como uno de los tres poderes mirando el sistema norteamericano. En el modelo pensado por Alberdi, el sistema republicano se establecía la superioridad y la conveniencia de la República y de todos los atributos que de ella se derivarían. Régimen que tenía como mecanismo de funcionamiento la organización clara y precisa de una estructura institucional conformada por tres poderes independientes con competencias y atribuciones establecidas normativamente.
En los últimos meses la Justicia es motivo de permanente críticas y desde varios lados y por causas diversas. Si bien no corresponde a lo estrictamente formal del poder, si se hiciera una consulta entre sus integrantes, estamos seguros que todos, ante la pregunta de si están conformes, tomarían la opción negativa.
De las causas, y siempre en esa imaginaria encuesta, se anotarían la falta de presupuesto, la insuficiente capacitación de sus integrantes -desde el escribiente hasta el magistrado- y la recortada y constantemente reclamada independencia. Seguro que faltan algunas más, pero también estamos seguros de que el sistema carece de dos atributos fundamentales: rapidez y certeza.
Si bien las críticas vienen desde todos lados, operadores y justiciables, la más sostenida llega de boca del Presidente y de sus allegados más estrechos. También tiene fundados motivos.
Con un ejercicio rápido de la memoria recordamos el reportaje del 19 de julio de 2019 que sostuvo el candidato de “todos”, Alberto Fernández, con el malogrado Mario Pereyra. Entre otras ideas y con tono sostenido, el postulante sostuvo que no estaban en sus planes ninguna reforma de la Justicia. Tal vez el entrevistador pudo haber hecho un gesto de asombro -que el éter no trasmite- a lo que no hesitó en redoblar la apuesta con el pedido que grabe estos dichos ya que “yo no miento”. En un lance a los otros aspirantes que encaramos en la palestra lanzan propuesta sabiendo que no podrán llevar a su realización.
En cumplimiento del rito constitucional, sentado en el sillón de la presidencia del Senado, el mandatario dijo “el Poder judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”. Una aseveración de tan cuidada elaboración como contradictoria de aquella otra sincera expresión de campaña
En sintonía con el Presidente, el ministro De Pedro afirmó: “O los jueces se transforman o se van”, no dejando mucho margen de negociación. Cuando todavía sonaba el eco de las revelaciones ministeriales, el titular de la cartera específica. Martín Soria, y en sus primeras exposiciones reclamó, con tono parco, “terminar con el lafware”. En esta galería de opiniones no podría faltar las del ocurrente y estigmatizado -por su jefa política- senador de Río Negro, Parrilli, que en el análisis de un fallo concluyó que el imputado había sido condenado “por morocho”.
Bien vale, sabiendo de los problemas sistémicos del Poder judicial, referir algo de los otros dos poderes. Vale para el Ejecutivo como para el Legislativo, ambos con responsabilidades en la conducción política de los destinos de la Nación.
Para el primero, solo basta para ensayar una respuesta ver al país que tenemos con su extensión, sus riquezas naturales, variedad de climas y posibilidad de producción y confrontar con la situación de desintegración social, decadencia institucional y empobrecimiento donde el 42 % de las personas están por debajo del nivel de pobreza y el 60 % de los menores son subalimentados. Venimos de años de decadencia en donde unos fueron indolentes, otros ineficientes, otros corruptos y la coronación fueron los que reunieron las tres condiciones.
En el caso del legislativo comparte responsabilidades con el anterior y en algunos casos la incrementa notablemente. Pero en su estricta labor del dictado de las normas, aún deben las adecuaciones constitucionales motivadas en el nuevo texto. Estamos próximos a las tres décadas de la histórica jura del texto del 94 y no se ha dictado la norma del régimen de coparticipación. Con toda pompa y siguiendo una consigna de un leader ya desaparecido, se integró una Comisión para revisar los DNU; no se conocen resultados de su faena y eso que tienen más que abundante materia prima. Más aún, podríamos lanzar un desafío para que alguien pueda dar con dos DNU que cumplan con los requisitos constitucionales.
Siempre en el marco la Carta fundamental y sus reglamentaciones, vale preguntarse por cuántos funcionarios han sido separados de sus cargos por aplicación del juicio político -arts. 53, 59 y 60 CN- en las últimas décadas. Si algo ha sobrado fueron “clientes”: algunos, solo algunos, presos, otros procesados, con fecha de juicio oral y otros con trámites eternos por sucesivas y constantes apelaciones en una utilización perversa de los recursos procesales que lo desnaturaliza.
Las causales son “mal desempeño, comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes”. Estamos seguros que cada uno tiene su lista que en el caso de los más memoriosos tiene dos columnas.
No es la cuestión de cargar demasiado las tintas, pero resulta inevitable referir al sabio y republicano equilibrio de poderes, absolutamente necesario para una democracia. Aquello que los profesores de “Educación democrática” pregonaban en el aula y los más modernos desde el espacio curricular de “Ciudadanía” y otro nombre semejante, es apenas una ilusión. Se debate entre convertir al cuerpo en una “escribanía” a una disputa entre los operadores o negociadores, por saber cuál es el más obsecuente.
En esta rápida revista, en donde ni siquiera describimos las causas más graves o mediáticas, para no referir a las tantas tropelías o fallas sistémicas de salud que no cura, educación que no enseña y seguridad que no protege, observamos que la Justicia dista mucho de funcionar, ni siquiera en niveles aceptables. Pero que los otros dos poderes merecen, por lo menos, igual sino peores calificaciones.
Bien valdría la aseveración ministerial de “o se convierten o se van”, en este caso para todos y todas. Pero la respuesta, casi segura y en formato de cliché, es que fueron electos por el voto del pueblo. Esto es tan real como que a los jueces los eligen ellos. Si los magistrados son tan malos como dicen, al menos deberían ejercer cierta vergüenza por su propio fracaso. Recordemos que hasta 1999 la selección correspondía a la sola voluntad presidencial, en algunos casos usando una servilleta como apunte, con posterior anuencia del Senado y desde hace más de dos décadas al Consejo de la magistratura con acuerdo senatorial.
El sistema democrático pensado como forma de convivencia ciudadana ha trocado con el tiempo en una partidocracia oligárquica cuyo círculo que la ejerce goza de importantes privilegios como impunidad, salarios varias veces superiores a la media y, en estos días, la posibilidad de “colarse en la fila de las vacunas”. Pero esta degradación todavía admite un grado superior; la autocracia que se logra con una justicia adicta. Si bien devaluado, todavía los ciudadanos de a pie, tenemos una ínfima cuota de poder que ejercemos cada dos años.




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