Por Florencia Drucker (*)

BUENOS AIRES, 7 (Especial para NA). - Una vez más la pobreza es tapa de los diarios del país, ocupa varios minutos en las editoriales de las radios y es tendencia en las redes sociales.
Las cifras presentadas por el INDEC hace una semana dejan en manifiesto la vulnerabilidad en la que viven al menos 19 millones de personas, tres millones más que en la última medición.
Datos alarmantes que vienen en ascenso desde 2017 y no dan respiro.
Una estadística que además de preocuparnos e indignarnos, debe ocuparnos y convocarnos a un gran acuerdo multisectorial, diverso y más allá de cualquier grieta, incorporando disensos y puntos de vista, pero buscando mitigar, reducir y construir un nuevo orden. No tenemos más margen.
No podemos seguir esperando mientras las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, se siguen deteriorando.
A la inquietante situación socio-económica actual, se suman los efectos de la pandemia por Covid-19 y el cese de actividades económicas y productivas durante gran parte del 2020.
De acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares, existen 4.416 asentamientos, en los que habitan al menos cuatro millones de personas. Para quienes viven ahí, la pandemia recrudeció las condiciones estructurales preexistentes de vulnerabilidad y precariedad que ya padecían, empujándolas, todavía más, a la emergencia.
Estamos hablando de familias cuyas viviendas en general son inadecuadas, que se inundan con cada lluvia, donde no hay acceso a servicios básicos, emplazadas en barrios donde no ingresan las ambulancias ni los bomberos.
En esta línea, cabe reforzar que previo a la irrupción de la pandemia, la situación laboral de las personas que habitan los barrios populares ya era compleja.
Según nuestro último estudio sobre los efectos de la pandemia en barrios populares, solo el 8% han logrado seguir trabajando tal cual lo hacían antes de las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
En pocas palabras, el deterioro en los ingresos de las familias durante la actual coyuntura y la estructuralidad de la problemática, terminan por explicar el escandaloso aumento.
Nuestro estudio dejó a la vista que en el 100% de los barrios relevados, la propia comunidad se organizó para gestionar soluciones para sus barrios y apoyarse en la contingencia.
Son los vecinos y vecinas, siendo las mujeres las predominantes, quienes identifican los principales problemas y desarrollan estrategias para abordarlos.
Estas organizaciones, preexistentes o surgidas de la crisis, generan acciones como las ollas populares, merenderos y los "roperitos" para dar respuesta a la falta de alimentos, productos de higiene y vestimenta.
Desconocer las dinámicas propias de estos barrios, así como los efectos que la pandemia está teniendo en su población, afecta profundamente la pertinencia y efectividad de las políticas pensadas en este contexto.
Por ello, conocer de primera mano la situación, realizando un diagnóstico preciso, debe ser el primer paso. Los esfuerzos que se hagan para la recuperación no pueden pretender únicamente volver al punto de partida, sino que deben ir más allá, procurando, sobre todo, resolver las problemáticas estructurales.
Las políticas de transferencia de ingresos como la AUH o IFE son esenciales y requieren mayor énfasis en hogares con niños, niñas y adolescentes que tiendan a frenar la reproducción y la infantilización de la pobreza.
Se necesitan respuestas concretas y a la altura. El Gobierno debe asumir su rol como último responsable y establecer como prioridad una agenda que dé respuestas claras a esta situación.
El mayor peligro para nuestra sociedad es que este tema se ubique en el mismo lugar en el que suelen terminar las problemáticas que generan divisiones y que se agotan en la búsqueda de responsables de acuerdo a la identificación política individual.
Mientras eso sucede, y nada cambia, la pobreza vulnera, excluye y mata.

(*) Directora Ejecutiva de TECHO Argentina.