Legisladores denunciaron a Marcelo Sain

Locales 07 de marzo de 2021 Por Redacción
El bloque del Frente Progresista en la Legislatura provincial pidió explicaciones sobre la licitación para la compra de armamento por 1.400 millones de pesos. La operación se encuentra suspendida y un grupo de diputados denunció al ministro de Seguridad en la justicia rosarina.
FOTO TWITTER  JUAN CRUZ CANDIDO. Presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Santa Fe.
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Este viernes por la mañana los diputados provinciales del Frente Progresista, Juan Cruz Cándido (presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Santa Fe), y Lionela Cattalini presentaron una denuncia contra el ministro de Seguridad Marcelo Sain en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Cándido publicó en su cuenta de Twitter que “la compra de armas por 1.400 millones de pesos está suspendida por irregularidades en la licitación, donde se sospecha que se quería beneficiar a una empresa en particular. Hoy, con legisladores pedimos a la Justicia que se investiguen posibles delitos en esta maniobra”.
Los legisladores solicitaron explicaciones sobre el proceso licitatorio ya que tienen la “fuerte sospecha” de que la licitación fue armada para beneficiar a una sola empresa. Ahora, a ese pedido que desembocó en la suspensión de la compra se suma una denuncia penal: “Pedimos que se investigue si hay algún tipo de delito en el llamado a licitación de la compra de armas”, explicó Cándido.
Al momento de presentar la denuncia, Cándido y Cattalini hablaron con los medios rosarinos presentes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Cattalini sostuvo que es “inédita” la licitación del Ministerio de Seguridad que suspendió la Justicia y que pretendía que una sola empresa abasteciera a la provincia de 12.000 pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, seis fusiles semiautomáticos para francotirador y seis fusiles para francotirador de cerrojo manual. Luego, Cándido expresó que comprarle todas las armas a un mismo vendedor atenta contra otras empresas que pueden ofrecer, incluso a mejores precios, los productos por separado. Esto es lo que adujo Bersa, que buscaba abastecer en la licitación de las 12.000 pistolas. “Se forzó el pliego de manera tal que las empresas tenían que proveer todas las armas en lugar de hacer tipo por tipo, queremos que se investigue si esto se hizo adrede”, reclamaron. La denuncia fue presentada ante el fiscal Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada, para que se investiguen hechos que podrían constituir un delito en el marco de la licitación para la compra de armas para la policía por parte del Ministerio de Seguridad. La compra por 1.400 millones de pesos fue suspendida por el propio gobierno de Omar Perotti y por la Justicia en lo Contencioso Administrativo. “Las sospechas en la licitación no las tenemos solamente nosotros. El propio Ministerio de Economía pidió suspender la licitación y luego se sumó un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo”, explicó Cándido en la rueda de prensa.
“La licitación está suspendida por irregularidad en el proceso de compra de armas. ¿Cuáles son esas irregularidades? Se agruparon todos los tipos de armas en un solo renglón de compras y se estableció que si había alguna empresa que no pudiera proveer todas esas armas su oferta quedaba desestimada”, indicó el legislador, acompañado por Cattalini, Rosana Bellatti y Esteban Lenci. “En la Argentina no hay empresas que puedan proveer todas esas armas al mismo tiempo. Si hay alguna intermediaria que pueda cubrir esa oferta. Por otro lado, algo que está en los considerando del fallo dictado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, es que el pliego técnico para la compra transcribe en partes lo que dice el catálogo de venta de la empresa israelí que podría ser beneficiada en esta maniobra”, indicó el legislador radical. Ante ello, los legisladores indicaron que piden que se investigue si existe la comisión de una tentativa de fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Sain.

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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