En los primeros días del pasado mes de febrero, el presidente estadounidense Joe Biden instruyó al Departamento de Seguridad Interior para que tomara acciones para poner fin a un programa del gobierno de Donald Trump.
Como consecuencia de aquella iniciativa decenas de miles de solicitantes de asilo se vieron obligados a permanecer en la frontera del lado de México, a la espera de una determinación en sus casos, lo que trajo consigo, según diversas denuncias, problemas de índole humanitario que se agravaron con la pandemia.
A raíz de esa situación, según denunciaron varias organizaciones, las personas eran citadas, llegaban a las cortes de Estados Unidos en la frontera y luego regresaban a México para seguir esperando en lugares muy peligrosos.
El programa, obviamente, fue parte del plan del ex jefe de Estado para luchar contra la inmigración irregular, como una forma de dar respuestas a las multitudinarias caravanas que tuvieron lugar en 2018 y 2019.
Se trataba, indudablemente, de una decisión muy polémica porque esa región, en la que tuvieron que esperar los migrantes no mexicanos para poder entrar al país, generaba una constante amenaza para quienes tenían que esperar, en dicho lugar, una habilitación que muchas demoraba más de lo deseado.
En la actualidad, el ingreso a EE.UU. de los migrantes que aguardan en México, se inició a través de dos cruces fronterizos. En cada uno se estarían procesando hasta trescientas personas por día, pero se reconoció que también hoy está en estudio habilitar un tercer paso fronterizo.
Desde que asumió la administración Biden, el principal movimiento se viene realizando por el Cruce de San Ysidro, en San Diego, estado de California, donde las personas deben cumplimentar los trámites exigidos, entre ellos, confirmar el lugar en el que tienen previsto radicarse.
Obviamente, quienes ingresen a Estados Unidos por dicho paso, será citados, una vez establecidos en el país, por las Cortes de las áreas en las que van a residir.
En tanto, para obtener la ciudadanía estadounidense, existe un proceso que se llama naturalización e incluye una entrevista en la que deberán responder a preguntas relacionadas con la historia y los valores cívicos de EE.UU.
El citado es otro de los cambios anunciados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que es más sencillo y que se viene aplicando desde el primer día de marzo.
El actual examen para la naturalización retornó al formato de 2008, con cien preguntas, frente al modelo que venía aplicando el gobierno de Trump, que contemplaba 128 interrogantes.
Los solicitantes que iniciaron el trámite para su naturalización entre el 1 de diciembre de 2020 y el 1 de marzo de este año, ahora tienen la posibilidad de optar entre la prueba del año 2008 o la de 2020, teniendo en cuenta que muchas personas ya estudiaron el anterior formato.
Con el modelo desactivado por las autoridades migratorias, los solicitantes de la ciudadanía estadounidense tenían que responder afirmativamente por lo menos 12 de 20 preguntas, contrario al modelo antiguo, que fue puesto en marcha nuevamente y que estipula solo seis aciertos sobre 10 consultas.
Respecto de la normativa adoptada por el Gobierno actual, se establece además que a partir del 19 de abril próximo, todos los interesados en convertirse en ciudadanos deberán tomar el formato de examen de 2008.
A pesar de las modificaciones introducidos, si a algo le teme un inmigrante sin documentos en Estados Unidos es a las redadas que realiza con frecuencia el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, especialmente en aquellas ciudades de mayor presencia hispana.
En abril de 2018 se concretó la mayor en un sitio de trabajo en casi una década, que dejó como resultado la detención de más de un centenar de empleados en una planta frigorífica de la ciudad de Tennessee.
Los migrantes afectados presentaron una demanda en tribunales federales tras describir cómo los uniformados capturaron a varios trabajadores por tener apariencia de latino, sin considerar su ciudadanía o documentación.
Las actuales políticas de Washington, en cambio, indican que las agencias de control migratorio deberán enfocarse en personas con antecedentes penales peligrosos y en recién llegados que no tengan sus papeles en orden, algo considerado seguro y lógico por todas las partes involucradas.
Estas modificaciones, se dejó en claro, no significa que en el gobierno de Biden se terminen los estrictos controles, pero sí en cambio, quedó en claro que las prioridades de detención y deportación de los infractores serán distintas.
Se recordó que anteriormente, todos los indocumentados estaban más expuestos a ser detenidos y hasta expulsados del país, algo que a partir de estas nuevas disposiciones varía sustancialmente, según reconoció la Casa Blanca.