Por momentos, lo que ocurre en Formosa donde desde hace más de 25 años gobierna el peronista Gildo Insfrán resulta inverosímil. El año pasado, miles de personas no pudieron regresar a sus hogares en esa provincia debido al cierre de las fronteras dispuesto por el Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. Por más de nueve meses, cientos de personas se instalaron en los accesos de ese distrito a la espera de una autorización para volver a sus viviendas, sobreviviendo a la intemperie y soportando tormentas con la única protección de las ramas de árboles a la vera de las rutas. Inaceptable. Recién en diciembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir cuatro meses después de un amparo colectivo, ordenó a Insfrán que permita el reingreso de los formoseños varados en otras provincias o en el límite interprovincial con Chaco.
A un día de la última Navidad, Amnistía Internacional reclamó a Formosa que cumpla con el fallo de la Corte Suprema y de esa manera cumpla con los derechos humanos. Es que según la organización sólo un tercio de las personas varadas en el país lograron ingresar a Formosa dentro del plazo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que ordenó a las autoridades provinciales permitir el acceso de alrededor de 8.500 ciudadanos. 
En este marco, según informó el gobierno formoseño al Máximo Tribunal, hasta el 14 de diciembre sólo ingresaron 2774 personas, otras 500 habrían desistido de entrar y 3980 habrían “rechazado” la propuesta de ingreso. Sin embargo, los motivos que invocan dichas personas explican su imposibilidad de ingreso en las condiciones requeridas por la provincia: la imposibilidad económica de afrontar los gastos del test PCR y/o el alojamiento que exige la Provincia; el escaso tiempo entre la fecha indicada para el ingreso y la posibilidad material de lograr la realización el test o llegar a la Provincia; las dificultades para conseguir medios de transporte para llegar a Formosa y la falta de alternativas a la cuarentena obligatoria en los centros de aislamiento dispuestos por la provincia para ingresar.
Justamente, consignaba Amnistía, la Corte Suprema había llamado a la Provincia a reformular el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado por entender que las medidas provinciales constituyen “limitaciones irrazonables” a los derechos ya sea por la demora que se produce para concretar el ingreso, como por delegar en la capacidad económica de las personas la posibilidad de su regreso. Sin embargo, Formosa continuó implementando el mismo sistema, incorporando únicamente mayor cantidad de Centros de Aislamiento Preventivo (CAP).
Por otro lado, la Provincia negó el ingreso de 48 personas por presentar un PCR positivo, dejando a la deriva a quienes podrían requerir atención médica. A más de 9 meses de la declaración de la emergencia sanitaria, siendo que desde junio Formosa se encuentra en la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio y sin circulación viral en la mayoría de su territorio, resulta inadmisible que haya tantas personas que aún están esperando una respuesta para volver a sus hogares. Las autoridades deben cumplir íntegramente con lo ordenado por la Corte Suprema y respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos, planteó Amnistía.
Como si esta situación de atropello sobre los derechos elementales de miles de formoseños no fuera suficiente, la abogada Gabriela Neme, representante de muchas personas que se encuentran solicitando ingresar, habría sido denunciada ante el Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa por manifestaciones vertidas durante una audiencia judicial en la que describía las malas condiciones de los CAP. Allí, indicaba que muchos de los CAP tienen las ventanas bloqueadas y no pueden ser abiertas, los patios se encuentran clausurados, sin permitir que las personas puedan salir a caminar ni que los niños salgan a distraerse. Además, se realizarían requisas de los elementos que son acercados por las familias, incluyendo los alimentos.
Amnistía Internacional advirtió sobre la importancia de garantizar que las defensoras de los derechos humanos puedan llevar adelante su tarea sin restricciones que socaven su labor y sin temor a sufrir castigos, represalias ni intimidación.
Esta semana Formosa vuelve a ocupar el centro de las críticas de las organizaciones de derechos humanos al comprobarse las malas condiciones de los centros para aislar a personas contagiadas con coronavirus. 
Ahora el Grupo ENASHU, una organización multidisciplinaria internacional de salud dirigida por enfermeros, envió una carta al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que intervenga a fin de dar una solución a este avasallamiento a los derechos de miles de formoseños que realizan Insfrán y sus funcionarios. No hay que olvidar que el jefe de Estado elogió ampliamente al gobernador de Formosa el año pasado, por lo que es razonable poner en duda el real interés del Presidente en actuar a favor de las víctimas.