Asistencia social y pobreza

Editorial 30 de diciembre de 2020 Por Redacción
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¿Cuestión de progresismo, de populismo, de enfoques? El interrogante surge a partir de la información proporcionada por la ANSES en la que asegura que a lo largo del 2020 más de 28 millones de personas recibieron alguna cobertura de ese organismo. Para ese fin, destaca la comunicación oficial, el organismo ejecutó más del 13% del PBI, es decir, por decisión del Gobierno nacional la inversión en Seguridad Social durante este año alcanzó los 3,5 billones de pesos. La gran deuda de la política argentina, más allá de los que están a un lado u otro de la grieta, es haber generado un modelo de crecimiento sustentable e inclusivo que derrame los beneficios entre todos los argentinos en términos de igualdad y evite salir a apagar incendios sociales con políticas de apuro de la ANSES. 
Si la Argentina tuviera un modelo de país afianzado, entonces no debiera depender en gran medida de las políticas sociales en tiempos adversos, más allá de que la pandemia ha provocado situaciones difíciles tanto desde lo sanitario como de lo económico en casi todo el mundo. La diferencia es que aquellos países que cuentan con un modelo consolidado que garantiza el bienestar para la mayoría de sus habitantes ha podido enfrentar de una mejor manera la crisis asociada al Covid que la Argentina, que ha caído en un rara adicción que es la de coleccionar crisis económicas. 
En este marco, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) trazó un análisis del mapa social en su último informe. El Coeficiente de Gini es un indicador que mide la desigualdad que adopta valores entre 0 y 1. En una sociedad igualitaria tiende al 0 y muy desigualitaria a 1. Para tener un punto de referencia, los países europeos avanzados tienen Coeficientes de Gini en el orden de 0,25 – 0,30. En Argentina, el INDEC informó recientemente que este indicador fue de 0,443 en el 3º trimestre del 2020. Antes de la actual crisis, en el 3º trimestre del 2017 este indicador era de 0,427. Esto significa que con la crisis cambiaria y de la pandemia, la desigualdad en Argentina, que ya era alta, va en aumento.
Si la gestión de Cambiemos había trazado como una de sus prioridades reducir la pobreza, está claro que falló en todo sentido. El actual gobierno se fijó como meta reducir la desigualdad y en esa dirección apenas asumió puso en ejecución el Plan Argentina contra el Hambre con el cual se busca garantizar el acceso a la Canasta Básica Alimentaria. Luego, en el marco de la pandemia, hubo una masiva distribución de otras ayudas asistenciales como adicionales sobre la Asignación Universal por Hijo y las tarjetas alimentarias y la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
La pregunta que cabe hacerse, plantea Idesa, es por qué aumenta la desigualdad con semejante despliegue de ayudas asistenciales. Según el INDEC se observa que los hogares indigentes están integrados en promedio por 4,7 miembros. Antes de la crisis, por cada indigente que trabajaba, había 2,6 que no trabajaban y ahora por cada uno que trabaja hay 4,5 que no generan ingresos laborales. Antes de la crisis, por cada persona indigente con ayuda social había 1,7 que no recibía ayuda; ahora, por cada persona asistida, hay 1,9 que no recibe ayuda social.
Según el informe, estos datos muestran que las ayudas asistenciales están lejos de reemplazar la pérdida de empleos. Los hogares que en el 3º trimestre del 2020 están en la indigencia son aquellos que los generadores de ingresos perdieron sus empleos y tienen muchos miembros que alimentar. En segundo lugar, que la asistencia social requiere, además de recursos públicos, mucha gestión para llegar a los hogares indigentes y a aquellos que por la pérdida de empleos están cayendo en la indigencia. Se sabe que el Estado argentino, en sus tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), tiene carencias de recursos, pero las mayores carencias están en su capacidad de gestión. Por eso, por más que se multiplique la ayuda social, muchos hogares persistirán en la pobreza e indigencia.
En la conclusión, el estudio resalta que la indigencia es la última fase de degradación de la pobreza. Hogares que no les alcanza ni para comer. Esto se puede paliar con asistencia social administrada con profesionalidad y sin la captura por parte de las organizaciones sociales. Pero la solución de fondo pasa por estimular a las empresas a generar más empleos de razonable productividad.
Para cerrar, la pobreza o la indigencia no son solo categorías de análisis económico y social. Son esas fotos que vemos en Rafaela en las últimas semanas, de más personas buscando cartones o trepadas a los cestos de basura tratando de recuperar entre los residuos algo con que alimentarse. O los chicos que piden una moneda en los semáforos de la ciudad o a la salida de los bancos, a metros mismos de la sede del gobierno de la ciudad.  






Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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