* Por Laura Serra
En el arranque de la discusión de la nueva ley de movilidad jubilatoria en la Cámara de Diputados, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, desestimó los reclamos de la oposición para que la fórmula de actualización previsionales incluya una garantía para que los haberes no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación que, según las consultoras privadas y el índice Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, rondaría el 50% el año próximo.
"Tenemos que desindexar la economía para que la economía crezca -retrucó Moroni a los legisladores que integran el plenario de las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto-. Si volvemos a meter la inflación (en la fórmula de movilidad), conceptualmente volvemos a incorporar la idea de que algo se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor. No debemos ir hacia fórmulas complejas y cargadas de variables que nadie entiende."
A diferencia de la fórmula de movilidad jubilatoria que rigió durante los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri, la nueva iniciativa del oficialismo excluye a la inflación como componente para actualizar los haberes y propone reditar la fórmula que se aplicó entre 2008 y 2017, que combina en partes iguales el aumento de la recaudación de la Seguridad Social con la variación salarial, la más alta que resulte entre las mediciones del Indec (que incluye a los trabajadores informales) y la del Ministerio de Trabajo (Ripte).
Durante el plenario de las comisiones, presidido por el diputado oficialista Marcelo Casaretto, la titular de ANSeS, Fernanda Raverta, insistió que la fórmula propuesta por el oficialismo ofrece "certeza, tranquilidad y previsibilidad a los jubilados pues ya probó ser virtuosa". Moroni coincidió: mientras esta fórmula estuvo vigente durante el gobierno de Cristina Kirchner, los haberes subieron casi un 26% en términos reales, precisó.
Sin embargo, los diputados de Juntos por el Cambio no compartieron los argumentos del oficialismo: a su juicio redundará en una pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones frente a la inflación.
"Queremos saber qué garantía o qué dispositivo está pensando el Gobierno para el caso en que la inflación supere las previsiones oficiales, porque como marca el relevamiento de expectativas que monitorea el Banco Central, con un estimativo de inflación de 50 %, no tendría piso la caída de las jubilaciones", enfatizó el radical Alejandro Cacace.
Luis Pastori, también del radicalismo, propuso modificar el artículo primero de la ley para evitar que la inflación corroa los haberes previsionales. "Este artículo establece que 'en ningún caso la aplicación de la fórmula de movilidad podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario'. Si realmente es cierto que el Gobierno pretende mejorar el poder adquisitivo de los jubilados, se podría incluir en el texto que no se habrá 'disminuciones en términos reales' de los beneficios. Si es así, tendremos la garantía de que los jubilados no perderán frente a la inflación", insistió.
Sin embargo, tanto Moroni como Raverta se mantuvieron en sus trece y ratificaron el texto aprobado por el Senado. Pese a las insistentes preguntas de Cacace y de Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda), los funcionarios evitaron responder cuál será el porcentaje de aumento que se aplicará con la nueva fórmula en marzo próximo.
"El Senado incluyó modificaciones en el texto: para el cálculo de marzo no se tomará en cuenta el tercer trimestre de 2020, por lo que la suba será mucho menor a la que originalmente anticipó la jefa de la ANSeS, del 11,9%", advirtieron.
Los funcionarios evitaron dar una respuesta: se escudaron con que todavía no se conoce el valor de los componentes de la nueva fórmula para realizar el cálculo de marzo.
Asimismo, exaltaron que este año los jubilados tuvieron un aumento del 35,3% en el haber mínimo con las subas dispuestas por decreto por el Poder Ejecutivo, sumadas a los bonos extraordinarios que se otorgaron con motivo de la pandemia. Y criticaron con dureza la fórmula aplicada durante el gobierno de Macri que, a su juicio, provocó que los jubilados perdieran un 19,5% del valor de sus haberes.
FUENTE: LA NACION