En la marcha que viene llevando adelante la vicepresidenta Cristina Kirchner para sofrenar las causas judiciales que la tienen como procesada y en varias de ellas enjuiciada, se produjo ayer una interrupción de ese avance, cuando la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de los abogados defensores de varios de los imputados -entre ellos Julio De Vido- para invalidar las declaraciones de los arrepentidos, que por lo tanto continuarán teniendo validez sus declaraciones como tales.
Se apelaba al hecho que tales declaraciones en los 31 arrepentidos -entre quienes se cuenta nada menos que el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares- no contaban con registro fílmico o audio de las mismas, cuando en realidad lo que se exige es "soporte técnico", al cual se ajustaría perfectamente el uso de computadoras, tal como aconteció.
Ese criterio fue el utilizado por los camaristas Petrone y Barroetaveña, mientras que en cambio se pronunció en disidencia Ana María Figueroa, funcionaria judicial identificada con Justicia Legítima.
De todas maneras, aún cuando se estima que esta determinación no tendrá marcha atrás, las defensas de los arrepentidos tendrán ahora la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, como seguramente harán ya que hasta aquí lo que se ha buscado es poner la mayor cantidad de trabas al avance de todas estas instancias judiciales, siendo la demora una de las metodologías utilizadas, además de la destitución de magistrados o presión sobre fiscales, entendiéndose entre estas últimas maniobras la posibilidad de designar un nuevo jefe de fiscales en reemplazo de Eduardo Casal con la simple mayoría en lugar de los dos tercios de miembros del Parlamento como establece la ley.
Como en la justicia todo es del color según el cristal con el cual se mire, y habida cuenta que grandes sorpresas han sido una constante en esto de hacer justicia a medida de quien tiene el poder, si bien este fallo de Casación ha sido un traspié para la vice Cristina Kirchner, en su condición de principal acusada como jefa de una asociación ilícita para saquear al Estado, no puede aún asegurarse que sea definitivo ni mucho menos. Hoy es así, mañana quien sabe, todo puede cambiar.
Esta causa es la conocida como "de los cuadernos", que había escrito prolijamente el chofer Oscar Centeno, con explicativos detalles sobre fechas, horarios, lugares e incluso montos de dinero que se habían pagado como coimas por las obras públicas. Aspectos que fueron corroborados por 31 de los acusados al someterse a la ley del arrepentido, tratando de aminorar sus condenas, e incluso verse favorecidos con libertades condicionales, tal como sucedió.
Pero como vino sucediendo desde la asunción del nuevo gobierno comenzó una fuerte ofensiva contra la justicia, en especial desde el Senado que controla en forma total la vicepresidenta, consiguiendo una serie de objetivos muy importantes, aunque en este caso se trate también de uno de los reveses más significativos, como también haya sido la por ahora continuidad de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli, aunque como decimos todo sea provisorio.
Esta causa de "los cuadernos", también referida como "de la obra pública", recordemos que consiste en la desviación de fondos públicos en favor del empresario constructor Lázaro Báez por un monto de 45.000 millones de pesos, con numerosas irregularidades de pagos anticipados, sobreprecios e incluso pagos por obras a medio terminar o directamente inexistentes, los que tenían los correspondientes retornos.
Aún cuando ya se encuentra todo el proceso en marcha, habiendo sido todos los acusados enviados a juicio oral por los presuntos delitos de asociación ilícita y cohecho, con una innumerable cantidad de pruebas incluso ratificadas por los arrepentidos, no está dicha todavía la última palabra, cualquier alternativa es posible. Así al menos lo permiten entrever todas las maniobras irregulares realizadas hasta ahora. Es que los acusados conservan gran cuota de poder en la Argentina y con eso fuerzan el sistema al límite con el fin de dilatar y entorpecer el avance de las causas. 
Si bien el objetivo más importante que persiguen los imputados es desmontar la causa y quedar desvinculados, al menos ganan tiempo con la presentación de escrito tras escrito que no hacen otra cosa que estirar más allá de la cuenta la pretensión de justicia. En este sentido, lo que necesita una democracia para determinar responsabilidades ante presuntos hechos de corrupción es una justicia ágil que no mire para otro lado y que al mismo tiempo tome decisiones priorizando los tiempos y las urgencias de la gente, de las instituciones y del país. Porque si no parece que se premia a los corruptos en lugar de sancionarlos. Y alimenta una sensación, muy negativa por cierto, de que hay una justicia para el común de la gente y otra para los más poderosos.