El juez del concurso de la agroexportadora Vicentin, Fabián Lorenzini, intervino la conducción de la empresa por un plazo de 90 días mediante la designación de dos coadministradores y sin desplazar al actual directorio, al tiempo que prohibió modificar "la tenencia y composición" del capital accionario, informaron fuentes judiciales.
En la resolución, el magistrado subrayó que "la principal motivación para incrementar la intervención actual es la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por este juzgado" por parte de la compañía.
En el mismo sentido, Lorenzini señaló también "el actual silencio con respecto a la presentación del balance correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de octubre de 2020 (…) como así también la elaboración de un plan de negocios" para 2021.

LA RESOLUCIÓN
En su decisión, fechada este jueves, el juez dispuso "la intervención del órgano de administración" de Vicentin por 90 días hábiles judiciales prorrogables y decidió designar como "interventor-coadministrador" al licenciado Andrés Schocron, actualmente veedor judicial del concurso propuesto por los acreedores.
El juez le otorgó a Shocron un "rango similar" al de presidente del directorio de la empresa para "actuar de manera conjunta" con quien ocupa ese lugar de acuerdo a la última asamblea de accionistas, el histórico contador de la compañía, Omar Scarel.
Además, la resolución dispone que la subintervención sea ocupada por una persona designada por el Gobierno de Santa Fe y establece que, hasta que sea elegida, el cargo lo ocupe la titular de la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ), María Victoria Stratta.
Entre las cuestiones dispuestas por el juez se destaca, también, su decisión como "medida de no innovar", que establece la prohibición de "modificar la composición y tenencia del capital accionario de la concursada".

LA SITUACIÓN DE VICENTIN
En junio pasado, el mismo juez había rechazado la intervención dispuesta por el Gobierno nacional en la agroexportadora –que había contraído deudas impagas por U$S 1.400 millones- y dejó la administración en manos del directorio.
Tras la derogación del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández para la intervención, quedó en pie el incidente planteado por la IGPJ santafesina, conocido como “el plan Perotti”.
Tras dos reuniones de conciliación celebradas en julio pasado, las partes no arribaron a un acuerdo y el plan naufragó, ante la negativa del directorio de Vicentin de dejar la conducción empresarial en manos de interventores y ceder las acciones a un fideicomiso, mientras perdurara el concurso preventivo de acreedores.
Ante la falta de información, del balance 2020 y de un plan de negocios para la continuidad de la cerealera que haga sostenible un posible acuerdo con los acreedores, el juez Lorenzini decidió ahora la intervención de la compañía, pero en coexistencia con el directorio designado por los accionistas.
Además, por el mismo plazo de 90 días, el magistrado dispuso la prohibición de modificar “la tenencia y composición accionaria” de la empresa concursada, Vicentin SAIC.
En los considerandos, destaca que adopta esa medida “ante la imposibilidad de conocer el contenido de los negocios encomendados por los accionistas a una empresa llamada Maxim Group LLC y el riesgo cierto de que pudiera involucrar eventuales modificaciones en la composición del capital accionario”.
El Maxim Group, con sede en Nueva York, fue contratado en octubre pasado por Vicentin para que lo asesore “en un proceso de selección de eventuales inversores, aportantes de capital y/o financiamiento” a la compañía, según un comunicado de la empresa.

APELACION DE LA 
EMPRESA
La conducción de la empresa Vicentin rechazó el fallo del magistrado y anticipó que presentará una apelación. "Hemos recibido con profunda sorpresa y preocupación un nuevo intento de intervenir la empresa a partir de la reciente resolución del Juez Lorenzini, a cargo del Juzgado de 1ra instancia, Civil y Comercial de la Ciudad de Reconquista. La Sociedad entiende que no existen razones de hecho ni fundamentos jurídicos acertados que la justifiquen y por ello la recurrirá por las vías que prevé la ley", señaló en un comunicado.
Finalmente, el Directorio de la compañía agroexportadora consignó que "sin perjuicio de lo expuesto la compañía seguirá prestando la más amplia colaboración a las autoridades judiciales, veedores, sindicaturas, al actual interventor designado y a todos los organismos de control impuestos en el trámite concursal".