BUENOS AIRES, 26 (NA). - La vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner, firmó ayer un Decreto Presidencial Parlamentario para prorrogar las sesiones por sistema remoto o virtual hasta el 1 de marzo del año que viene en el marco de la pandemia de coronavirus.
El texto de la medida establece que "el plazo será prorrogable en tanto persista la situación de emergencia sanitaria que diera lugar al dictado del Decreto de la Presidencia del Honorable Senado" firmado originalmente el 4 de mayo de 2020.
Se trata de la cuarta prórroga del protocolo de funcionamiento remoto a raíz de la situación de excepcionalidad, y hoy será sometida a consideración de los senadores en sesión especial.
La medida dispuesta por Cristina Kirchner se produce justo el mismo día en que el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio reclamó por el fin de la virtualidad en la Cámara presidida por Sergio Massa debido al cese del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).
Si bien se trata de un cuerpo legislativo diferente, las posiciones de las bancadas de JxC en el Senado y en Diputados son conversadas y suelen ser coordinadas, por lo que es posible que aparezca un frente de conflicto a raíz de esta nueva prórroga.

ENDEUDAMIENTO
El Senado sesionará hoy para tratar la iniciativa sobre sostenibilidad de la deuda externa en el marco de las negociaciones con el FMI y mañana votará la reforma de la Procuración General que impulsa el oficialismo.
La doble jornada de debate para cerrar el período de sesiones ordinarias en la Cámara alta se definió durante una reunión de Labor Parlamentaria realizada el último jueves por la noche.
La sesión de hoy se realizará a partir de las 14:00 y tendrá una extensa lista de temas, entre los que se destaca el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para establecer que todo el endeudamiento en moneda extranjera y los acuerdos con el FMI requieran de la aprobación del Congreso.
En tanto, mañana se realizará una sesión especial en la que el Frente de Todos irá por la aprobación de su proyecto para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público y modificar las condiciones de designación del procurador general de la Nación.