Debate sobre el gasto público

Editorial 28 de octubre de 2020 Por Redacción
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Un dilema, entre tantos que se presentan hoy en la Argentina, gira en torno al elevado gasto público que supera ampliamente los ingresos fiscales y por tanto genera un déficit insostenible a lo largo del tiempo pues inevitablemente desemboca en crisis, a veces con rupturas traumáticas, que no hacen más que aumentar el empobrecimiento de grandes sectores de la población y por ende reducir sus oportunidades de acceder a una mejor calidad de vida. La emisión a la velocidad de la luz de billetes impactará, tarde o temprano, en un incremento de la inflación y con ello otro golpe al poder adquisitivo de los salarios. Pero ahora no pareciera haber demasiado margen para que el gobierno achique el gasto público: las necesidades de atender las demandas derivadas por la pandemia y las medidas adoptadas para desacelerar el ritmo de contagios de Covid. 
Las recetas tradicionales sugieren equilibrar gastos e ingresos para evitar el déficit de las cuentas públicas. Más aún teniendo el país que cumplir con pagos de la deuda externa, compromisos que se lograron reprogramar pero que en algún momento deberán asumirse. Por eso será clave tener un plan de acción para dar respuesta a las urgencias que impone la recesión de la economía y la crisis por pandemia pero también pensando a mediano y largo plazo, que obliga a generar un superávit para hacernos cargo de los servicios de la deuda. 
De todas formas, no es posible al menos ahora recortar el gasto público teniendo en cuenta que una sustancial porción del presupuesto se destina al pago de prestaciones sociales. Precisamente hoy la Cámara de Diputados de la Nación podría dar media sanción al proyecto presupuestario para el 2021, que estima un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación del 29% y un dólar promedio de $ 102,4, y un déficit del 4,5 por ciento. Un aspecto clave es que se destinarán $ 5,5 billones a gastos sociales para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios, de economía social, entre otros, lo que representa el 65% de los recursos contemplados para 2021. Por tanto, el Presupuesto plantea un rol clave del Estado para la recuperación económica aunque los críticos advierten que no logra explicar cómo hacerlo, es decir a partir de qué medidas se ingresará a una senda de crecimiento. 
A propósito, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso señala que los programas sociales registraron un nivel de ejecución de $671.868 millones en los primeros nueve meses de 2020, con un incremento de 447% en términos reales respecto de igual período de 2019, impulsado, esencialmente, por las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. El trabajo destacó que en el período enero-septiembre los ingresos totales de la Administración Nacional se incrementaron 5% año contra año en términos reales, en tanto que las transferencias al Tesoro por $1.172.000 millones por utilidades provenientes del Banco Central lograron contrarrestar la caída de la recaudación tributaria y de los recursos de la Seguridad Social. Si se descuentan dichas utilidades tanto de 2019 como de 2020, los ingresos totales del período muestran un retroceso real de 17,6% en términos interanuales, añadió el informe.
El documento detalló que los gastos primarios aumentaron 21,9% en comparación con la ejecución registrada en el mismo período de un año atrás, a partir de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria. Entre estas medidas, se consideró al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la atención del Salario Complementario en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). En este capítulo, se destacó que debido a la caída interanual de los intereses de la deuda (44,8%), los gastos totales tuvieron una suba más moderada de 9,4%.
En concreto, a raíz de la caída de los ingresos y al aumento en los gastos primarios, el resultado primario (neto de utilidades del BCRA) pasó de un superávit de $75.892 millones al 30 de septiembre de 2019 a un déficit de $1.374.743 millones en igual período de 2020. Si se toman en cuenta las utilidades transferidas tanto el año pasado como el actual, el resultado primario pasó de un superávit de $280.137 millones a un déficit de $202.743 millones, en tanto que el resultado financiero se incrementó de un déficit de $314.838 millones a otro de $676.719 millones.
Así, nadie discute sobre el rol estratégico del gasto social para contener la cobertura de los derechos básicos de grandes franjas de la población, aunque no por ello se evitó el aumento de la pobreza que bordea el 50% de los argentinos. Lo cual obligará a gobernar en forma inteligente para promover la recuperación económica sin descuidar la cuestión social, a la vez de lograr cambios medulares para de una vez por todas romper con el círculo vicioso que nos deja detenidos en el pasado. 









Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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