Los integrantes de la Comisión de Seguimiento e Información de la Causa Vicentin, Luis Rubeo, Carlos Del Frade y Rubén Giustiniani se reunieron el martes pasado, en el anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia en la ciudad de Rosario, con el fiscal Provincial Miguel Moreno, quien lleva adelante la investigación penal para determinar si los directivos de la empresa conformaron una asociación ilícita para estafar a proveedores y entidades financieras.
Sobre el encuentro el presidente de la Comisión de Seguimiento de la Causa Vicentin, el diputado Provincial Luis Rubeo, informó: “La reunión con el Fiscal Moreno dejó un balance positivo. Nos encontramos con un profesional que lleva la causa con mucho compromiso, dándole importancia a la presentación que están haciendo los demandantes. Pero sobre todo teniendo en cuenta el gran impacto que tiene la empresa en nuestra Provincia.”
El legislador resaltó el trabajo del fiscal para seguir el curso del dinero que falta, informando que cada día que pasa, se ratifica más la deuda de este grupo, que asciende a 1500 millones de dólares. “El Doctor Moreno está trabajando con el reclamo que han hecho los productores para poder cobrar sus deudas, pero también dándole curso a las denuncias que han hecho los Bancos Internacionales, donde la empresa en cuestión habría realizado falseamiento de datos para obtener los créditos. Estas son dos figuras que están demostrando que fue un proceso de estafa.”, amplió Rubeo.
Para finalizar dijo que la reunión fue fructífera y que deja las puertas abiertas para los objetivos que la Comisión, basados en la base de la difusión, teniendo en cuenta que se ponen en riesgo las fuentes de trabajo y tratando de evitar la extranjerización de la empresa.

FUGA DE DINERO
El diputado santafesino Carlos Del Frade, miembro de la Comisión de Seguimiento de Vicentin, aseguró que “la mayor fuga de dinero se dio entre los años 2017 y 2019” mediante el uso de “información falsa” por parte de la empresa para obtener créditos y cereales.
Los legisladores que integran la Comisión de Seguimiento de Vicentin se reunieron en la ciudad de Rosario con el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno, quien lleva adelante una causa por posibles estafas de la agroexportadora a proveedores de granos.
En esa causa, se presentó como querellante el comité ad hoc de bancos internacionales acreedores de Vicentin, que encargó una investigación a un juzgado de Nueva York sobre los movimientos financieros de la empresa y sus directivos.
“La reunión fue muy buena ya que aportó datos sobre la evolución de las causas iniciadas por los productores damnificados y los bancos extranjeros dañados por la empresa”, dijo Del Frade luego del encuentro con el fiscal.
En esa línea, el diputado del Frente Social y Popular (FSP) agregó que “queda claro que la mayor fuga de dinero se dio entre los años 2017 y 2019 y que la firma contó con un sofisticado equipo en construir información falsa para conseguir cereal y dinero, que luego fueron a parar a paraísos fiscales”.
Para Del Frade, “la profundización de las investigaciones penales por un lado, y las decisiones que se tomen en el concurso por otro, serán fundamentales para defender las fuentes de trabajo, devolver el dinero y sostener la presencia nacional en el comercio exterior de granos”.
El legislador dijo a Télam que de acuerdo con la información recabada por el fiscal en la investigación, y sobre todo por los datos aportados por los bancos extranjeros acreedores, “desde 2017 Vicentin empieza a falsear datos deliberadamente para hacer pasar una situación extraordinaria (de bonanza) que en realidad no lo era”.
“Lo que queda claro es que hay alguien que tenía que controlar y no controló nada”, sostuvo el legislador sobre la cesación de pagos y posterior concurso preventivo de acreedores de la mayor agroexportadora de capitales nacionales.
Vicentin se declaró en “estrés financiero” en diciembre de 2019 y luego de intentar un acuerdo preventivo extrajudicial en enero de 2020, al mes siguiente pidió su propio concurso de acreedores.
En ese expediente diversos acreedores -proveedores y financieros- reclaman unos 100.000 millones de pesos que la Sindicatura del concurso debe verificar.
En paralelo, el fiscal Moreno investiga desde julio pasado una denuncia por presunta estafa presentada por Juan José Trucco, vicepresidente de La Clementina SA.
Según la denuncia, La Clementina firmó un contrato con Vicentin en noviembre de 2019 para la entrega de 500 toneladas de soja a razón de $14.815 la tonelada, que la agroexportadora debía pagar “contra la entrega de la totalidad de la mercadería”.
El último envío de La Clementina se realizó el 4 de diciembre de 2019, fecha en la que Vicentin debía realizar el pago, pero un día después anunció su cesación de pago por “estrés financiero”, por lo que el proveedor se consideró estafado.
En esa causa, el juez Nicolás Foppiani dictó el 18 de septiembre último una medida de no innovar para impedir la venta de activos de Vicentin, luego de que el Grupo se desprendiera del frigorífico Friar, que no forma parte del concurso de acreedores.