Ratifican acusación a ex dirigentes del Club Colón

Policiales 13 de octubre de 2020 Por Redacción
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA Y ESTAFAS COMETIDAS ENTRE 2006 Y 2013

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El juez de segunda instancia Sebastián Creus confirmó la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a cinco exintegrantes de la comisión directiva de la asociación civil Club Atlético Colón por administración fraudulenta y estafas cometidas entre 2006 y 2013.
El camarista también revocó parcialmente el sobreseimiento –dictado en primera instancia por el juez Nicolás Falkenberg el 27 de julio– a los cinco acusados en relación a dos de los hechos atribuidos por el MPA.
La resolución de Creus se dio a raíz de las apelaciones presentadas a lo dispuesto por Falkenberg por las defensas de tres de los cinco acusados y por el propio MPA.
Con esta decisión de segunda instancia, la investigación se encamina al juicio oral y público de los cinco acusados. En tal sentido, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear los tres jueces que integrarán el tribunal pluripersonal y fijar la fecha de inicio del debate.
El camarista Creus entiende que la acusación presentada por el MPA “contiene los elementos suficientes mínimos para entender el porqué afirma que los imputados deben ser condenados y, por tanto, es suficiente”.

ADMINISTRACION
FRAUDULENTA

La fiscal que investigó los hechos es Mariela Jiménez. La funcionaria del MPA acusó al expresidente de la entidad, GEL de 54 años; al exvicepresidente, ROM de 62 años; al extesorero, CAM de 75 años; y al exsecretario general, MEM de 57 años, como coautores del delito de administración fraudulenta. Por su parte, el exsíndico, OOP de 68 años, fue acusado como coautor del delito de administración fraudulenta, en concurso real con la autoría del delito de estafa.
En cuanto a las penas solicitadas, la fiscal Jiménez adelantó que solicitará penas de entre cuatro y seis años.
“En la acusación que formulamos, consideramos que estamos ante un caso de un único hecho ilícito de administración infiel”, sostuvo la fiscal y agregó que “todos los imputados se condujeron pluralmente en la ejecución de la administración tildada de infiel”.

DESEQUILIBRIO
FINANCIERO

Jiménez recordó que “la investigación se inició en noviembre de 2013 a raíz de una denuncia radicada por José Luis Isaía, quien fue síndico de la institución”. Trajo a colación que “en reiteradas oportunidades se solicitó a la comisión directiva del club los balances, informes de auditoría, contratos con mutuales, financieras y bancos, informes sobre cuentas bancarias, entre otra documentación. Sin embargo, nunca se brindó una respuesta”.
La funcionaria recordó que se dispusieron diversas medidas para avanzar en la investigación, “se enviaron oficios a entidades bancarias y financieras; a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA); a organismos públicos que otorgaron subsidios al club; a los juzgados civiles de la ciudad; al Registro General de la Propiedad; a empresas constructoras y de telefonía; y al Tribunal de Cuentas de la provincia como organismo de contralor”.
Asimismo, agregó que “el juzgado interviniente en aquel momento, dispuso realizar una pericia contable sobre la documental oportunamente secuestrada”.
La fiscal añadió que “los números dan cuenta de un desequilibrio financiero en cuanto a mayores gastos que ingresos obtenidos y una infiel administración patrimonial, económica y financiera de la institución por parte de quienes ejercieron el poder”.

DEFRAUDACIÓN
ECONÓMICA

Jiménez se refirió a la calificación penal atribuida a cada uno de los acusados y resumió que “se los acusó de haber defraudado económicamente a la Asociación Civil Club Atlético Colón”.
En tal sentido, argumentó que “con su accionar perjudicaron los intereses, la administración y el cuidado de bienes que se les confiaron. Asimismo, procuraron causarle daños y/u obtener lucro indebido para ellos mismos o para otras personas, con violación a los deberes de su cargo y uso abusivo de los poderes y autoridad investida por sus cargos”.
La fiscal puntualizó que “no está justificado el alquiler de un departamento en Puerto Madero en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la compra de un microscopio binocular; y el pago de servicios de información estadística a una empresa cuyo domicilio es inexistente”.
“La institución debió soportar gastos de tarjetas de crédito y el pago de sumas excesivas de dinero en concepto de comisiones por la incorporación o transferencia de jugadores”, subrayó Jiménez. En tanto, confirmó que “durante cinco años fue omitido el cobro –o el ingreso contable correspondiente al patrimonio de la institución– del canon locativo por estacionamiento en el predio del club los días que se jugaban partidos de fútbol oficiales”.
Jiménez también hizo hincapié en que “no se presentaron rendiciones de cuenta por subsidios que recibió el club del gobierno provincial y de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Tampoco están asentados gastos por viajes y alojamiento de directivos, de representantes de jugadores y de otras personas”.
Jiménez también se refirió a los tres hechos que fueron cuestionados y que ahora fueron confirmados en segunda instancia. Enumeró que se trata del “uso y pago por el club de telefonía celular para quienes eran sus dirigentes; el libramiento de gran cantidad de cheques a sabiendas que no podían ser pagados por tener las cuentas corrientes embargadas (en algunos casos) o carentes de fondos (en otros); y la utilización de servicios de una secretaria personal del presidente de la institución para sus labores privadas, a quien el club le pagaba su salario”.

PENAS
Jiménez informó que para el expresidente de Colón, la pena solicitada es de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo. “Se tuvo en cuenta el cargo que ocupaba, el grado de autodeterminación de la voluntad y la comprensión de los actos que realizó”, consideró y aseguró que “su edad y su nivel de educación le permitían conocer el reproche penal de su accionar y cómo debía actuar para hacerlo conforme a Derecho”. También sostuvo que “se consideró el perjuicio que su accionar acarreó para una institución conformada para desarrollar distintas actividades en beneficio de sus asociados y el daño social y trascendencia pública del hecho”.
Para el exvicepresidente, el extesorero y el exsecretario general, las penas solicitadas son de cuatro años de prisión. “En los tres casos también tuvimos en cuenta los cargos que ocupaban en la comisión directiva, la comprensión de los actos y el perjuicio ocasionado”, concluyó.

QUERELLANTE
La Asociación Civil Club Atlético Colón también se constituyó como querellante en el proceso. Cuenta con el patrocinio letrado del abogado Ricardo Calvo Arrásola.

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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