Los presidentes de las instituciones que integran el Consejo de Entidades Empresarias de la provincia de Santa Fe enviaron el pasado 1° de octubre una carta al titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Pablo Farías, para solicitar la adhesión a la Ley Nacional Complementaria de la LRT 27.348, que cuenta con media sanción del Senado. 
"En todo este tiempo transcurrido, que no ha sido neutro para nuestras empresas a partir de mantener altos costos por excesiva litigiosidad, se han ido adecuando y mejorando no sólo las condiciones mismas para la aplicación de la norma (con la creación de nuevas Comisiones Médicas); sino que asimismo se fue perfeccionando el texto normativo, en resguardo de los derechos de los trabajadores santafesinos y la sustentabilidad de las unidades productivas", subraya el Consejo de Entidades Empresarias con tono diplomático pero firme ante lo que considera una deuda de la política santafesino y de los legisladores en particular.
En el texto se deja en claro el perjuicio que genera en el tejido productivo santafesino la deuda de Diputados. "La Provincia de Santa Fe, junto a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, concentran 93% de la litigiosidad del país y el 77% de la siniestralidad. Ello ha llevado a lo largo de estos años que, mientras el promedio de alícuotas a nivel nacional sea del 2,78%, en nuestra Provincia se eleva al 4,06%; lo que genera un sobrecosto de más de $ 358 millones mensuales, que el sector empresario, esencialmente pyme está soportando por la falta de instrumentación de esta reforma", resalta. 
El documento recuerda que el Poder Ejecutivo provincial, con firma del gobernador Omar Perotti y su ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, envió el 12 de marzo pasado un nuevo proyecto de adhesión a la Ley (sancionada a nivel nacional en 2017). Y que dicha propuesta tuvo media sanción del Senado provincial el 4 de julio de este año.
"Venimos sosteniendo que dicha norma viene a poner el foco en uno de los temas que provoca mayor distorsión en todo el régimen reparatorio de los infortunios laborales, cual es la alta, y muchas veces, fraudulenta litigiosidad, sumado a la creación de los cuerpos médicos periciales y la adecuada utilización de los baremos", subraya este Consejo integrado por una docena de instituciones, entre ellas la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), la Federación de Centros Comerciales (Fececo) y la Confederaciones de Asociaciones Rurales (Carsfe). "Dicha norma no tuvo nunca objetivos mayores, y por eso no debía ser merecedora de expectativas mayores. En su caso, dichas expectativas mayores deben estar puestas en la discusión de un nuevo proyecto sobre la Ley General de Prevención de Riesgos Laborales, pero eso es otra materia ajena a este análisis", sostiene la carta.
"La crisis económica agravada por los efectos vigentes de la pandemia del Covid-19, nos exigen una eficiente articulación entre Estado, trabajadores y empresas; a los fines de desarrollar y/o conservar más empresas y generar más y mejor trabajo; y por ello, debemos despejar definitivamente, situaciones que van en el sentido contrario, como son las distorsiones en la aplicación de la Ley de Riesgos de Trabajo", remarca la nota enviada a Farías.