Uno de los problemas derivados de la pandemia y la batería de medidas adoptadas por los gobiernos de todos los niveles se vincula a las restricciones a la libertad de movimiento de las personas y, vinculado a ello, la paralización del servicio de transporte de pasajeros tanto aéreo como terrestre. La Constitución nacional de la Argentina sostiene, en su Artículo 81, que "toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que la Ley señala". Por tanto, es posible realizar distintas lecturas de esta situación, desde la dramática crisis financiera que atraviesan las empresas del sector, lo cual pone en riesgo miles de puestos de trabajo, hasta las enormes dificultades que se registran para el traslado de mercaderías o personas. 
Actualmente los gobiernos entienden que la emergencia sanitaria por el coronavirus se encuadra perfectamente en esos "casos especiales" a los que hace referencia la Carta Magna. Así las cosas, se han desplegado medidas de todo tipo para reducir la circulación de las personas, desde cancelar los vuelos de cabotaje hasta detener las flotas de los micros de corta, media y larga distancia en todo el país. Al mismo tiempo, se construyeron barricadas con taludes de tierra o piedra en los accesos a ciudades o incluso provincias, como es el caso de San Luis. El gobierno de este distrito aún hoy impide la libre circulación por las rutas nacionales que atraviesan su territorio, incluso a los camiones que el Estado nacional autoriza a transitar por considerar esencial la actividad del transporte de mercaderías, clave para el comercio, la industria y mucho más. 
Rafaela no escapa a esta situación. Una simple recorrida por los perímetros del casco urbano permite observar montículos de tierra que evitan el ingreso desde áreas rurales a los barrios Villa Los Alamos o los sectores conocidos como Paseo del Este o barrio Hipódromo. El objetivo de las autoridades municipales es limitar los accesos para facilitar los controles de quienes ingresan o egresan de la ciudad, una medida que se justifica en razones de fuerza mayor como es la protección de la salud pública. 
Al mismo tiempo, creció exponencialmente la burocracia para poder avanzar a través de las rutas, camiones y ciudades de todo el país. Hay que gestionar permisos y documentos de distinto tipo para poder "abrir puertas" de ingreso a los distintos territorios, excepto claro en San Luis, donde no hay forma de entrar por un capricho de sus gobernantes. La anormalidad se ha impuesto con el tiempo de la mano de la profundización de la crisis por el Covid que marca una aceleración de la velocidad de contagios que fuerza al límite la capacidad de los sistemas de salud, en especial en aquellas ciudades donde se descontroló la situación. 
En este contexto enrarecido, entonces, se mezcla la restricción a la libertad de circulación con la desesperante situación económica de cientos de empresas vinculadas al transporte de pasajeros tanto urbano como de media y larga distancia. Es de público conocimiento lo que sucede con las líneas de colectivos en las ciudades de Santa Fe y Rosario, por ejemplo, que funcionan por momentos debido a que cuando no se pagan los salarios, el personal se planta con medidas de fuerza. 
Nadie parece tener la receta justa para administrar esta crisis del transporte. Como otros sectores, la consigna es subsistir a este contexto enrarecido signado por la pandemia a la espera de tiempos mejores, quizás dando cierta importancia a aquel popular refrán que dice que no hay mal que dure cien años. 
Otra arista del asunto fue planteado por el Instituto de Seguridad Vial (Isev) y tiene que ver con políticas de tránsito e infraestructura urbana. En un reciente documento, señala que en tiempos de aislamiento, mucho zoom y webinar con numerosas propuestas genéricas de movilidad sustentable, segura y sana (las tres “s”), de fomentar el abandono del auto privado e incrementar todo tipo de microvehículo para incrementar la “micromovilidad”, se impone una planificación de todo el sistema. La entidad considera que nuestras infraestructuras urbanas para la “nueva movilidad” requieren ser repensadas y planificadas para un usuario vulnerable masivo y casi universal, no como hoy, pensadas, diseñadas y construidas mayoritariamente para el automóvil particular. 
El consejo es que tanto técnicos como políticos deben comenzar a trabajar de inmediato en poder absorber las demandas que la “nueva movilidad” exigirá más temprano que tarde. Las demoras en esta materia tienen costos muy altos, no precisamente económicos, advierte. Así el ecosistema del tránsito muestra hoy múltiples facetas, desde la imposibilidad de circular libremente hasta la crisis del transporte de pasajeros y la necesidad de preparar las ciudades para los nuevos desafíos de la movilidad.