La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, y tal como lo informó LA OPINION en su edición de la víspera, celebró ayer que los maestros, tanto del sector público como privado, hayan aceptado la propuesta salarial que les hizo el gobierno provincial y auguró que, a partir de la resolución del conflicto, se inicia una nueva etapa de trabajo conjunto entre las autoridades ministeriales y los docentes.
La propuesta aceptada tanto por Amsafe como por Sadop contempla un aumento que abarca desde el mes de agosto, que tiene como base la suma de 4 mil pesos para los cargos iniciales, y se incrementa según el escalafón y la antigüedad. Esa suma será de 5 mil pesos en noviembre, y llegará hasta los 11.500 pesos para los cargos superiores.
“Recibo la noticia de que los y las docentes han votado y decidido democráticamente la aceptación de la propuesta salarial”, afirmó Cantero, y añadió: “Es una gran alegría que podamos recomenzar un tiempo de trabajo, donde todos los educadores y las educadoras perciban este incremento salarial que mejora el poder adquisitivo de todas y todos los educadores”. Asimismo, señaló: “No menos importante son los demás ítems que integran este acuerdo paritario y nos permiten avanzar en temas como la carrera docente, condiciones de trabajo y algunas cuestiones que hacen al bienestar de los y las docentes. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa en un contexto de tanta adversidad y tanta dificultad como el que atravesamos”. “Desde el Ministerio de Educación hacemos todo lo posible porque esas condiciones de trabajo reclamadas se concreten y sean mejores para todas las personas que sostienen la enseñanza en nuestra provincia”, enfatizó la funcionaria provincial, y destacó: “Estamos decididos a continuar el diálogo, a seguir trabajando juntos y lograr los consensos que nos permitan hacer lo mejor en este tiempo tan inédito”.
Por otra parte, señaló que “el veto de la Ley 13.992 no es una falta de reconocimiento a la necesidad de ayuda que tiene el sector de los y las docentes reemplazantes. Mucho menos significa la decisión de no involucrarnos como gobierno provincial en la asistencia reclamada. Todo lo contrario, es un veto propositivo y parcial que corrige errores conceptuales importantes que tenía la ley y la hacían inviable”. “De modo que la propuesta procura hacer la ley sea factible para habilitar un camino dentro de las normativas del Estado provincial para que la ayuda llegue al sector que está reclamando una asistencia. No se trata de anular, sino de corregir para que el objeto por el cual se promovió la ley sea factible”, concluyó Cantero.