Un hombre de 65 años cuyas iniciales son CAS quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación en la que está imputado como jefe de una asociación ilícita que otorgaba garantías falsas para que personas interesadas en alquilar inmuebles pudieran concretar la operación en distintas inmobiliarias de la ciudad de Santa Fe.
La medida cautelar fue ordenada por la jueza Sandra Valenti a raíz del pedido formulado por las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza en una audiencia llevada a cabo esta mañana en los tribunales de la capital provincial.

JEFE Y MIEMBROS
Las fiscales del MPA recordaron que “al imputado se le atribuyó la autoría del delito de asociación ilícita en calidad de jefe y de amenazas coactivas. Además, se le endilgó la coautoría de los delitos de estafa y tentativa de estafa, en concurso ideal con falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos públicos y privados”.
Las funcionarias del MPA también sostuvieron que “la persona imputada era el jefe de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada que venía operando desde julio de 2015”. Por otra parte, indicaron que “hay al menos otras 11 personas que eran miembros de esta asociación ilícita, quienes serán imputadas en los próximos días”.
“Una de esas 11 personas es una mujer que fue detenida en las últimas horas”, precisaron las fiscales y agregaron que “estamos recabando información y evidencias que darían cuenta de su rol como garante falsa, y que también la vincularían con el préstamo de dinero a tasas de interés usurarias”.

MODALIDAD
DELICTIVA
“La investigación se inició a raíz de la denuncia radicada la semana pasada por el abogado de una inmobiliaria de la ciudad de Santa Fe”, informaron Jiménez y Urquiza. “El representante legal de la firma acompañó su denuncia con copias de la documentación falsa presentada y de contratos y reservas de alquiler”, añadieron.
En relación a la modalidad delictiva, las fiscales explicaron que “el jefe de la asociación ilícita ofrecía garantías falsas para que los solicitantes de alquileres pudieran cumplir con los requisitos que solicitan las inmobiliarias. De esta manera, se concretaba la maniobra defraudatoria en perjuicio de la inmobiliaria y de los propietarios de los bienes”.
Señalaron también que “el imputado falsificaba recibos de sueldo y facturas de servicios de electricidad, gas y cable e Internet. Los hacía a nombre de los miembros de la asociación ilícita, y luego vinculaba a estos supuestos garantes con los interesados en alquilar”.
Jiménez y Urquiza subrayaron que “por cada firma de una persona que salía como garante cobraba un monto que en la actualidad era de aproximadamente 6 mil pesos”.

PAGARÉ EN BLANCO
“El hombre imputado obligaba a los solicitantes de los alquileres a firmar un convenio de pago y/o un pagaré en blanco. Los intimidaba diciéndoles que si no firmaban esos documentos, no obtendrían las garantías que necesitaban para concretar el alquiler”, detallaron las fiscales.
Jiménez y Urquiza también hicieron hincapié en que “de la información relevada hasta el momento, constatamos los nombres de 529 personas que habrían firmado estos pagaré en blanco”. “Si bien la denuncia fue realizada por una sola inmobiliaria, entendemos que hay otras empresas del rubro que también fueron víctimas de esta asociación ilícita”, concluyeron.