De acuerdo con las estimaciones de la mayoría de los analistas internacionales, la crisis económica y social que desató la pandemia borraría una década de avances sociales en Latinoamérica.
Como consecuencia del virus, que está afectando notoriamente a la región, se profundizó la situación de desigualdad y pobreza que se manifestaba desde mucho tiempo antes que la aparición del Covid-19.
En los diferentes países, sus barrios marginales, con saneamientos precarios y donde la población vive hacinada, se propagaron en paralelo el virus y la desesperación por la falta de recursos, como consecuencia de la brutal reducción de la actividad productiva.
La realidad indica actualmente que millones de familias debieron enfrentarse al dilema de alimentarse de acuerdo con sus posibilidades o ponerse a salvo del contagio. En el peor de los casos, lamentablemente, no pudieron eludir ni el hambre ni la enfermedad.
La situación, está claro y en estos tiempos ya nadie puede ocultarla, se replica en toda Latinoamérica, donde las amenazas siguen acechando.
Para remarcar la gravedad del panorama, simplemente basta con señalar que esta región aporta un nueve por ciento de la población mundial y a pesar de la cifra, que parece insignificante, aportó casi la mitad de las muertes ocurridas en los dos últimos dos meses en todo el planeta.
Este simple dato refleja el tremendo impacto que tuvo la pandemia en los países latinoamericanos, que por ahora no encuentra ningún tipo de freno a pesar de las diferentes estrategias que aplicaron los profesionales de la salud en las distintas naciones.
Según informes que suministraron prestigios organismos económicos, la falta de políticas eficaces podrían derivar en una pobreza que en otro tipo de circunstancias, no se daría en al menos diez años.
En este casos, esos valores, siempre preocupantes, en el corto, el mediano o el largo plazos, se alcanzarían en apenas un año o poco más, tomando como referencia la extensión de la pandemia. 
Ante la persistencia de las infecciones algunos gobiernos han dado marcha atrás a la flexibilización de los largos confinamientos, como sucedió en las últimas semanas, al tiempo que se dispusieron ayudas para los sectores de menores recursos, que sólo permiten maquillar las necesidades de esos grupos de personas, que por si fuese poco, se siguen multiplicando.
La pandemia, una vez más, puso de manifiesto las realidades que se viven en los países más postergados, donde se visibiliza claramente la injusticia estructural.
Las colaboraciones de los gobiernos, mediante la puesta en marcha de planes de salvataje que evidentemente no podrán tener una vigencia prolongada, sólo contribuyen por estas horas a darle una contención a la población más necesitada.
Se asegura que una vez que pueda superarse esta contingencia, la economía se contraerá entre un 9 y un 10 por ciento en Latinoamérica, en tanto que el desempleo podría caer más de un 13 por ciento.
Esta última cifra es muy preocupante, por cuanto unas 44 millones de personas se quedarían sin trabajo, contra las 18 millones que estaban desocupadas a principios de año.
Según advirtió la Organización Internacional del Trabajo, casi dos tercios de los trabajadores actuales estarán expuestos a quedar sin empleo, perder horas de trabajo o ingresos.
Otro dato alarmante da cuenta, siempre en el terreno de las especulaciones, que la pandemia expulsará, literalmente, de la clase media, a unas 45 millones de personas, que elevarían la cantidad de pobres a 231 millones o en términos incontrastables, al 37 por ciento de la población latinoamericana.
Un caso testigo es el de Perú, que creció en los últimos años por encima del promedio regional y que a raíz del coronavirus -es uno de los países más afectados del mundo- vio hundirse su PIB en un 17 por ciento.
No es un dato menor que a la precariedad laboral o la deficiente atención sanitaria se suman peores registros de muertes por enfermedades tratables, como el dengue, la violencia de género o hechos delictivos en estos últimos tiempos.
La inseguridad se disparó en la mayoría de los países y los conflictos sociales se convirtieron en moneda corriente, especialmente en nuestro país, a raíz de las tomas de tierra que se vienen observando en el sur argentino y el territorio bonaerense, que dejan al descubierto las claras falencias habitacionales.
Contra todas esas dificultades y en una realidad adversa desde el lugar que se la analice, los gobernantes deberán apelar a políticas que no solamente estén destinadas a quienes más necesitan, sino también a todos los sectores productivos.
Los más vulnerables, obviamente, carecen de recursos como para hacer frente a los servicios básicos, en particular, la alimentación, pero también se deberá cuidar a quienes apuntalan un sistema claramente resquebrajado.