Con tantas inconsistencias en materia de regulaciones, principalmente en el ámbito de la economía, Argentina bien puede denominarse como el país de los cepos. Será por falta de creatividad en la gestión pública o porque no hay más remedio puesto que a nadie se le ocurre algo mejor, por ley o por decreto se suceden las medidas para contener al dólar, los precios, las tarifas, los despidos e incluso las reuniones familiares y afectivas en tiempos de pandemia. De alguna forma, hay que admitir que opera en las sombras sin ley ni decreto de respaldo el cepo a las subas salariales, más allá de algunas excepciones. 
Entonces nos acostumbramos al cepo cambiario que no permite la libre compra de dólares o al programa precios cuidados que procura funcionar como un placebo contra la ya invencible inflación, que le ha ganado el duelo a los gobiernos de todos los signos políticos aunque es justo reconocer que debió resignarse durante una década ante la convertibilidad de los 90, un modelo no sostenible por siempre. Con decir que los gobiernos de izquierda o de derecha sostuvieron los programas de precios cuidados como iniciativa antiinflacionaria basta y sobra para entender la magnitud del problema que representa para los argentinos el alza sostenido de los precios de los bienes y servicios. 
También celebramos -porque juega a favor del bolsillo, aunque los inversionistas de las empresas concesionarias deben tener una opinión distinta- el cepo que impide la actualización de las tarifas de servicios públicos, es decir los célebres congelamientos, aunque después puede suceder que registran incrementos de golpe, casi impagables. Nunca se sabe ni se pueden hacer estimaciones sobre los cambios de gobierno y los cambios de humor de los gobernantes. Algo similar ocurre con el congelamiento de los precios a los combustibles, que se encuentra vigente desde diciembre pasado. El Gobierno popular busca no afectar el poder adquisitivo de los salarios con esta medida de sostener artificialmente el precio de las naftas, lo cual tarde o temprano será insostenible. En estos días YPF reclama y reza por una actualización de los precios de los combustibles para reducir sus pérdidas, que son millonarias por cierto. 
Los tributarias también hacen mención a un cepo impositivo, que en este caso tiene encerrado a los contribuyentes. Con casi 170 tributos enredados en los niveles municipal-comunal, provincial y nacional, los ciudadanos, los comercios, las industrias y los productores agropecuarios lidian cada día con el Estado nacional que es socio mayoritario de cada actividad económica. Se suele destacar que el precio de un automóvil tiene aproximadamente un 55 por ciento de componentes impositivos. Esto es que los elevados valores que muestran en el mercado los vehículos responden, en gran medida, a la presión fiscal. Los productores agropecuarios lo tienen muy en claro porque el Estado tiene una participación promedio al 70 por ciento en la renta agrícola, aunque en algunas cosechas el índice se eleva al 90 por ciento. De ahí nace el dicho de que se trabaja para pagar los impuestos. 
El decreto del Gobierno nacional que frena los despidos a pesar de que las empresas se funden y cierran por la cuarentena-pandemia se transforma en un cepo que trata de mantener por la fuerza un puesto de trabajo. La precariedad de la economía cuyo estado natural en la Argentina parece ser el de vivir en crisis atenta contra la creación de empleo en especial en el sector privado, a lo que se suma una vetusta legislación laboral que lleva a tantísimas organizaciones a reclamar una reforma del marco normativo para favorecer la contratación de personal. El dilema es flexibilizar derechos en un país donde los gremios son factores de poder -como en la mayoría de las naciones- o modernizar la legislación sin afectar los derechos laborales. 
Otro de los cepos vigentes que tampoco cuenta con una ley escrita tiene que ver con las paritarias estancadas para la negociación salarial. Con una economía en terapia intensiva, muy pocos sindicatos tienen el poder suficiente como para obligar a las patronales a conceder aumentos de salarios. Muchos trabajadores deben conformarse con no perder el empleo, aún si eso significa cobrar el sueldo en cuotas y sin actualizar -a veces incluso resignando aguinaldos-. Es decir que no tienen ni siquiera capacidad para sentarse a negociar y solo les queda rogar que la crisis no les arrebate el trabajo. Conservar el empleo más allá del deterioro de las condiciones es mejor que quedarse sin él. 
Y como si no fueran suficiente los cepos en el orden de la economía, con la cuarentena y la pandemia llegaron las restricciones a la libre circulación, al trabajo cuando una persona desempeña una tarea que no es considerada esencial, e incluso a la educación. Esto es que hay cepos incluso para las reuniones familiares, no se puede visitar a los padres o a los hijos. Inaudito el sistema de cepos vigente en la Argentina.