Inevitablemente cada vez que se buscan introducir cambios significativos en un orden de cosas en nuestro país emergen posiciones antagónicas reflejando las grandes dificultades que tenemos para alcanzar consensos. Todo se mira de un lado u otro de la maldita grieta que nos acompaña a sol y sombra, paralizando las acciones pues se evita que se pase del dicho al hecho. 
Con una clase política que difícilmente realice autocrítica es complicado y que en no pocos casos arriban al Estado en todas sus formas (judicial, legislativo y ejecutivo) para convertirse en poderosos, y de paso también nuevos ricos. Así es estimados lectores, la política ha dejado atrás aquella romántica definición que la considera una herramienta para transformar la realidad y mejorar la vida de las personas a una opción laboral que permite a decenas de militantes ascender en la escala social. 
La corrupción no solo es potestad de los funcionarios que ocupan un cargo en los niveles ejecutivos de gobierno sino también en los ámbitos legislativos y judiciales. Cuando un diputado o senador designa a sus hijos como asesores o les retiene parte del salario a colaboradores estamos ante una de las tantas caras de la corrupción. Cuando un juez o un fiscal piden sobornos para favorecer a un imputados en una investigación, o se buscan artilugios para liberar a alguien que está preso, es corrupción. Cuando todo un gobierno tiene como modus operandi pedir retornos a los empresarios, como ha quedado en evidencia a través de la causa de los Cuadernos, es corrupción de aquí a la China. Y cuando un magistrado cajonea las causas, mira hacia otro lado y avanza según la convenciencia política, también es una corrupción institucional que afecta la calidad de la democracia.  
Dos asuntos de la actualidad ocupan lo más alto de la agenda de todos en estos días, ambos ligados con el universo de la justicia, que sí parece mancharse (una y otra vez) a diferencia de la pelota. La reforma judicial impulsada por el Gobierno del presidente Alberto Fernández ya comenzó a recorrer un debate complejo en el Senado, pero con un posicionamiento temprano de la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, que manifestó su rechazo a la iniciativa. Se dice que busca favorecer con la impunidad a la ex presidenta de la Nación y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, también acorralada por las causas de corrupción, que a todo esto avanzaron -cuando lo hicieron- a paso de tortuga. No puede ser que una investigación se pueda demorar cinco, diez, quince años porque deja entrever un poder ineficiente que se acomoda al clima político del momento. 
Otra discusión se abre en torno al momento. ¿Es ahora que se debe discutir semejante transformación del Poder Judicial justo cuando la economía se derrumba y crecen el desempleo, la inseguridad, la desigualdad y la pobreza? Con el cristal de la grieta con que se mira todo en este país, la designación de jueces ocupa el centro de la escena. Existe la sensación o el convencimiento de que siempre un sector de la política busca colocar a los amigos en los juzgados. A nadie le importa un comino la aclamada independencia judicial. 
¿A los políticos no les interesa elegir a los mejores para desempeñar el cargo de juez? ¿O de fiscal? Ahora en la provincia de Santa Fe todos se escandalizan con dos fiscales presuntamente corruptos que operaban en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario. Incluso uno de ellos era el Fiscal Regional, que ya dejó el cargo pues presionado por las circunstancias presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el Gobernador. 
Lo llamativo es que la política no puede ahora sorprenderse de la delincuencia judicial. Precisamente fueron los senadores y diputados santafesinos los que apoyaron a los dos abogados para que se conviertan en fiscales, sin tener en cuenta las alertas planteadas por legisladores, como Griselda Tessio. Ni uno ni otro de los ahora ex fiscales reunían méritos para el cargo. El actual diputado provincial Carlos Del Frade, advirtió el último lunes que en la Legislatura santafesina hubo una "pereza rayana con la complicidad" para tratar la destitución del ex fiscal Regional, Patricio Serjal. Se refería a que desde noviembre había ingresado una denuncia contra el ex funcionario por haberle comprado dos autos a un empresario al que le había cerrado una causa en su contra. Desde ese tiempo hasta ahora los legisladores santafesinos no hicieron nada y dejaron hacer a Serjal. Estamos hablado de diputados, senadores y funcionarios judiciales muy bien pagados con la plata que pagan los santafesinos a través de sus impuestos, con enorme esfuerzo en algunos casos. 
El presidente Fernández presenta hoy un libro en el que realiza un "análisis" y presenta "propuestas sobre diferentes cuestiones estructurales del Poder Judicial". Curiosamente, se llama "La justicia acusada". También podría llamarse, "la justicia culpable".