Por Jorge Sappia - Especial para NA. - ¿Es posible pensar reflexivamente y con sensatez en términos políticos sobre el futuro de nuestro país? Es una pregunta que deberíamos contestar todos quienes tenemos un compromiso con la política y que como tales somos deudores de la Nación.
Nadie en su sano juicio puede obviar reconocer que Argentina se halla en la condición más vulnerable de su historia, sumida en una recesión económica asfixiante, agravada por la pandemia hasta hoy de difícil control.
Por si fuera poco, la desigualdad social en nuestro territorio asume características alarmantes. Estas dos notas de nuestra realidad debieran ser acicates para admitir que es necesario empezar a construir la recuperación nacional, y que eso no se consigue alentando la violencia, provocando un ensanchamiento de la zanja, y dividiendo aún más a los argentinos.
Mucho menos convalidar a aquellos que, atribuyéndose dueños de verdades absolutas, pretenden marcarle la cancha al Jefe de Estado, desde las dos orillas de la grieta.
No caben dudas que las últimas semanas han dado material más que suficiente para trazar una semblanza de las maneras en que se desarrolla en el país la actividad política. Pero es del caso señalar que un examen detenido de las expresiones vertidas desde distintos ángulos, revela una evidencia por demás intranquilizante, sin que pueda entreverse en el fárrago verborrágico una nota ni de reflexión ni de un adecuado nivel de sensatez.
Intento asumir una actitud crítica lo más objetiva posible y por ello me obligo a citar los episodios que contornean la situación que evoco. Por ello comienzo tratando de seguir un itinerario cronológico, por el reclamo independentista del presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Un dislate monumental si los hay, pues un planteo secesionista no solo insólito por sí mismo, sino notoriamente inoportuno en un país en crisis.
Esto encontró una secuencia cuasi lógica en la declaración suscripta por el mismo diputado nacional y la ex ministra de Seguridad, calificando el crimen de Fabio Gutiérrez como un hecho de gravedad institucional e insinuando responsabilidad del entorno presidencial.
Luego, asistimos a la reaparición del ex presidente de un gobierno frustrante, poniendo el acento en imputar al gobierno nacional una conducción lesiva a la libertad, al derecho a la propiedad y a la independencia de la justicia, instigando a manifestar en términos alejados de una expresión pacífica. Horas después vimos las manifestaciones del 9 de julio, que mostrando un cariz de violencia verbal y material inusitado, volvieron a poner al país en estado de suma preocupación.
Hasta ahí, todo parecía indicar que los acontecimientos recordados tendían a establecer una conducta de alta temperatura política, solo de la oposición. Sin embargo aparecieron las torpes declaraciones referidas al Presidente de la República, de una señora que sigue dirigiendo una entidad que tuvo sentido en la dictadura y que hoy carece de ese elemento. También, las amenazas de ocupar posiciones en propiedades ajenas, lanzada por un dirigente de organizaciones sociales, poniendo de relieve una actitud extra sistema.
Esto reveló que la violencia proviene de ambos márgenes de la zanja, ya no grieta, que marca dos zonas bien diferenciadas en nuestra sufrida Argentina. Sin resignar nuestras respectivas convicciones y nuestra personal identidad política, deberíamos comenzar por ayudar a consolidar la correcta acción emprendida por el Poder Ejecutivo Nacional y por los poderes ejecutivos de los 24 distritos que componen el mapa, en el enfrentamiento a la pandemia del Covid-19.
La restricción a circular o la internación de los contagiados, no es un ataque a la libertad de las personas, sino es un gesto protectorio de la vida y la salud de la gente, en términos de excepcionalidad, derivada de la realidad que nos toca vivir. Tampoco es un ataque a la propiedad privada, que el Estado intervenga en una empresa líder en estado crítico, que debe más de lo que tiene a una enorme cantidad de pequeños productores del campo, sin perspectivas de pago, entre otras enormes debilidades.
Deberíamos, todos, estar proponiendo un debate lo más amplio posible para contribuir a que la conducción del Estado defina las políticas a implementar para la salida de la crisis, comprometiéndonos con su materialización.
Esto que sostengo, es un reclamo al conjunto de sectores de la sociedad civil, postulado desde mi posición política partidaria diferente a la que adhiere el Presidente de la Nación, pero con disposición de ánimo de integrar una voluntad común. Con esa visión considero que la creación, tantas veces anunciada por el primer magistrado, del Consejo Político, Económico y Social, podría servir para iniciar esa marcha tan necesaria.