Por Laura Rodríguez Machado (*)

Las leyes relacionadas con generar empresas y, por lo tanto, calidad de vida y prosperidad, normalmente demoran en mostrar datos realmente positivos y concretos.
Se las asocia más bien con crear condiciones para que el impulso empresario tenga reglas claras, jurídicas e institucionales.
De todas maneras, hay una, sancionada durante la gestión del presidente Mauricio Macri, que realmente dio sus frutos y los mismos son reales y concretos para mejorar la vida de los argentinos.
Ese es el caso de lo logrado con la legislación que creo las llamadas SAS (Sociedad por Acciones Simplificada).
Emprendedores, especialistas, legisladores y Gobierno trabajaron codo a codo para lograr que, a través de la sanción de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, la Argentina tuviera la oportunidad de aprovechar los beneficios que la SAS demostró dar en tantos países del mundo, en donde su surgimiento causó una revolución en materia de inversiones.
Hoy, podemos afirmar que el éxito de la SAS tiene pocos precedentes. En sólo tres años de existencia logró, según datos de la AFIP, ser el tipo societario de mayor presencia con el 54,7% del total de empresas, muy por encima de las tradicionales Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada, cuyas pesadas y rígidas estructuras no supieron adaptarse a los nuevos tiempos.
¿En qué se traduce esto? En la creación de aproximadamente 47.310 puestos de trabajo e infinitas oportunidades y progreso. La mayoría de los países del mundo adoptan esta modalidad societaria, que con los debidos recaudos de control, permiten una rápida inscripción y agilidad en el manejo de sus libros y constancias legales.
Sin embargo, Ricardo Nissen, la persona elegida por el actual Gobierno para conducir nuevamente la IGJ (Inspección General de Justicia), hizo lo posible desde su asunción en tal entidad para destruirlas.
Excediendo ampliamente sus facultades, dictó numerosas resoluciones generales mediante las cuales modificó completamente el sentido que la ley le dio a la SAS, otorgándole poderes de fiscalización a la IGJ, que bajo ningún punto de vista le correspondían, haciendo incurrir en innecesarios gastos a los emprendedores.
La transparencia de este nuevo tipo societario estaba de antemano asegurada, con lo cual la discrecional normativa que Nissen les aplicó era sólo al efecto de impedir que estas se generen.
Esto implicó impedimentos administrativos dándole rigidez a lo que nació para ser flexible a los nuevos tiempos. Incluso, quiso eliminar la SAS digital y los libros digitales para forzar una vuelta al papel.
La Asociación de Emprendedores de Argentina junto a decenas de abogados de incuestionable "expertise", presentaron en el Juzgado Comercial Nº 24 un amparo con el objetivo de declarar la nulidad de tales resoluciones.
Apoyando el accionar de Nissen, en un momento de pandemia y paralización de la economía en el mundo, en el que se debería promover la actividad económica con más decisión que nunca, el oficialismo presentó en el Congreso un proyecto de ley que suspende las inscripciones de este tipo societario por 180 días.
A su vez sigue la idea de reempadronarlas bajo formas societarias que han demostrado ser no aptas para este tipo de Pymes.
Es impensado que en épocas donde el emprendedurismo necesita apoyo para dar trabajo y generar riqueza, se aprueben proyectos poniéndoles trabas.
Ese insólito proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. El dato curioso es que la mayoría de los senadores que ahora se oponen, tiempo atrás dieron su voto afirmativo al crearlas.
La batalla por el crecimiento económico está ahora en el terreno legislativo, donde hay que defender la idea que la multiplicidad de empresas pequeñas es fuente de riqueza en un país.
Por lo tanto, simplificar su creación, en rapidez y transparencia es básico para el despegue económico de la Argentina.

(*) - Senadora de la Nación de Juntos por el Cambio. @laurmachado