La Defensoría plantea respetar la legalidad

Locales 23 de junio de 2020 Por Redacción
La institución solicitó que se respete la “legalidad en los procedimientos”, se contemple “la defensa de los puestos de trabajo directos e indirectos” y se garantice “el cobro en el menor plazo posible de las acreencias verificadas prioritariamente de medianos y pequeños productores”.
En el marco del concurso preventivo de la empresa Vicentin, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe exhortó este lunes a “respetar la legalidad en los procedimientos a realizarse ante una eventualidad de su transformación, incluyendo los procedimientos concursales en curso y la atribución de responsabilidades que pudiere corresponder”. La institución santafesina solicitó velar por la defensa de los puestos de trabajo y el cobro en el menor plazo posible por parte de los acreedores de la firma.
La defensoría destacó “la importancia de esta empresa para la economía santafesina y del país, siendo una fuente generadora de trabajo para muchas micro, pequeñas y medianas empresas locales”. En ese sentido, recordó que sus inicios se remontan a los años 20 “con un pequeño comercio de acopio y ramos generales en Avellaneda, situada al norte de la provincia”, y que se transformó en la actualidad en un importante grupo económico con participación en distintos rubros.
Además de llamar a “respetar la legalidad en los procedimientos”, la Defensoría del Pueblo también se expidió por la “defensa de los puestos de trabajos directos e indirectos”. “La difícil situación en que se encuentra el grupo Vicentin pone en peligro miles de puestos de trabajo. La totalidad de ellos deben ser preservados en aras de respetar los derechos de cada uno de quienes trabajan, asegurando además la paz social en la provincia de Santa Fe, donde muchos de esos trabajos se desarrollan”, evaluó la institución.
El organismo provincial aseguró además que “se debe tender a asegurar el cobro en el menor plazo posible de las acreencias verificadas”, teniendo como prioridad a “los pequeños y medianos acreedores, cientos de ellos afincados en la provincia de Santa Fe”.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo consideró que “en las decisiones acerca de la marcha de la empresa que en el marco legal lleguen a adoptarse debe ser especialmente valorado el interés del desarrollo económico productivo de la provincia de Santa Fe, la continuidad de la fuente de trabajo, los intereses de los pequeños y medianos productores y del sector cooperativo, todos aspectos de relevante importancia para la sustentabilidad de la economía que alimenta la vida de los santafesinos”.

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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