“La nueva Argentina requiere mayores consensos para un plan de desarrollo”

Locales 18 de junio de 2020 Por Redacción
Así lo refiere un documento formulado por las Cámaras que integran el Centro Industrial y Comercial de Rafaela y la Región. La entidad reclama acuerdos para avanzar en un modelo de país que garantice un crecimiento sostenido y equitativo. También cuestiona las formas del Gobierno ("denota falta de lógica y argumentos poco claros", advierte) por el caso Vicentin.
10-CCIRR

"No hay tiempo que perder, ni grieta que justifique dilaciones. Necesitamos un auténtico consenso nacional para generar una estrategia de desarrollo sostenible que nos permita transitar un camino de prosperidad", planteó el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) en un nuevo documento en el que evaluó la situación actual y se pronunció sobre la controversia en torno a la empresa Vicentin. 
El texto elaborado por la gremial empresaria respecto al actual escenario económico, manifiesta que, a fines del año pasado realizaron un análisis crítico de la situación económica con la cual el gobierno entrante debía iniciar su gestión. El diagnóstico mostraba caídas y retracción del nivel de actividad durante 2018 y 2019, tanto para el sector industrial y comercial como para los prestadores de servicios. En ese momento, los principales desafíos giraban en torno a revertir la recesión, el ajuste continuo, un sistema financiero que fagocitaba al productivo y un desequilibrio de la mayoría de las variables económicas y sociales significativas.
El CCIRR expresa que, a 6 meses de comenzada esta nueva gestión de gobierno, aquellos problemas iniciales fueron potenciados por las graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas que han generado la pandemia mundial del COVID-19 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido con el objetivo de mitigar sus efectos y resguardar la salud de todos los argentinos. Actualmente, nos encontramos transitando una nueva etapa de la pandemia (distanciamiento social), con un sector empresarial fuertemente golpeado que comienza a reactivarse de a poco y ayudas estatales que, lamentablemente, no han llegado a todos los colegas que las necesitaban y seguirán necesitando. Más allá de la gestión de nuevas herramientas de asistencia para garantizar una salida sostenible de la crisis, la post-pandemia nos exige reordenar los debates alrededor de estrategias que nos permitan encontrar la tan mentada “nueva normalidad” No obstante, la situación concursal de una empresa santafesina y la estrategia del gobierno nacional para abordarla, corren el eje y desvían de las prioridades que deberían asumirse en estos tiempos críticos.

RESPECTO A LA EXPROPIACIÓN
Desde la entidad que nuclea a las cámaras y comisiones que representan al sector industrial y comercial de Rafaela y la región, señalan que más allá de los extensos debates entre quienes apoyan y rechazan la medida tomada por el gobierno, existen una serie de temas que, consideran son vitales para establecer el futuro económico como nación.
Algunos de los aspectos que detallan en ese sentido, son los siguientes: estabilidad política, responsabilidad empresarial y seguridad jurídica, indicando que “muchas veces hemos mencionado la importancia de contar con un entramada político-institucional confiable, que a través del cumplimiento de las leyes y la generación de normas ecuánimes generen confianza genuina y sostenible. En las últimas semanas nos hemos vistos sorprendidos con declaraciones públicas respecto a la intención del gobierno de “quedarse con las empresas, que luego fueron descartadas y categorizadas como ideas locas. Sin embargo, pocos días después, conocimos el DNU que establece la intervención (ocupación temporánea anormal) de una empresa privada en proceso concursal y el anuncio de que se está trabajando en un proyecto de ley para su posterior expropiación”.
“La reacción de la opinión pública motivó un encuentro oficial con los titulares de la empresa, donde se planteó la posibilidad de analizar instancias superadoras” aunque horas después se ratificó la expropiación como único camino posible. La secuencia de todas estas acciones, precedidas por investigaciones judiciales alrededor del vínculo financiero entre la empresa y el Banco de la Nación Argentina y una renegociación internacional de la deuda pública del país, denota falta de lógica y argumentos poco claros de parte del gobierno nacional, que habría actuado de forma muy cuestionable desde el punto de vista constitucional. Sin lugar a dudas, que, en el marco de un Estado de derecho, con reglas de juego claras y previsibles, la Justicia debería contar con el respaldo político-institucional necesario para actuar de manera eficiente para determinar las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados en el proceso que derivó en la cesación de pagos por parte de la empresa”, precisaron.
Además subrayan que acerca de las intervenciones, nacionalizaciones y otras alternativas de participación estatal, que “somos una gremial empresaria que defiende su sector como base y motor de la economía nacional. No hay país desarrollado o en vías de desarrollo que no cuente con un sector empresario fuerte y en crecimiento. Como concepto general no podemos estar de acuerdo con la intromisión del Estado en las empresas. A su vez, la historia económica Argentina tiene mucho para decirnos. Hemos tenido a lo largo de décadas, historias increíbles como la expropiación de una empresa cervecera y como todos recordarán de una renombrada imprenta. Marcando nuestros desatinos y contradicciones en vías de construir un proyecto de país, mientras en los 90 la política económica liberal propició las privatizaciones para el entramado de empresas públicas, dos décadas después se replantearon los objetivos con una serie de expropiaciones y generación de nuevas empresas públicas. Podemos compartir, viendo cada situación en particular, la visión de que actividades estratégicas tengan la necesidad de definir el principio de utilidad pública para generar un proceso de expropiación. YPF es una de las limitadas muestras. Pero las formas y la racionalidad del proceso son importantes. La estatización de parte del paquete accionario que detentaba Repsol en 2012, fue anunciada sobre bases poco precisas. No sólo se pagó por arriba de los valores de mercado, sino que aún tenemos juicios pendientes a resolver que van a determinar el real valor de la estatización en futuros tiempos. Asimismo, el objetivo de desarrollo de proveedores nacionales de la petrolera, aún tienen muchas materias pendientes a resolver. En algunos casos, la épica de los anuncios de estatización es directamente proporcional a los desfasajes y sobreprecios que todos los argentinos pagamos. Distinto es el caso de los procesos de salvataje que distintos Estados están generando con sus empresas en estos tiempos de pandemia. La negociación y los acuerdos en común, son bases ineludibles en cada una de las resoluciones”.

LA DEUDA EXTERNA
En el documento se hace mención a que Argentina está negociando un nuevo acuerdo con un primer grupo de acreedores externos. “Hay una coincidencia de todos los actores económicos de la importancia de concretar dicho acuerdo en forma sustentable. Un default no sólo implicaría exponernos a nuevos juicios o incrementar nuestro récord registrando el 9no de nuestra historia, sino que significaría fuertes restricciones económicas para el financiamiento de algunas actividades y quedar fuera del mapa de las actividades que requieran inversiones externas para su desenvolvimiento. Pero no deja de ser observable también, que a la par que pedimos una quita a los que compraron títulos, manifestamos disponer recursos para expropiar una empresa”.
“La banca pública como herramienta de fomento, es fundamental para el desarrollo productivo una banca de fomento nacional, respetada, justa y equilibrada. La justificación de los proyectos, su impacto económico, la certeza de los mismos y las garantías ofrecidas, entre otros conceptos, no pueden ser superadas por definiciones o contactos políticos. Los fondos que fueron otorgados a muchas empresas vinculadas con los diferentes gobiernos de turno, fueron negados a muchas micro, pequeñas y medianas empresas que realmente los necesitaban para agregar valor, generar empleo y potenciar el desarrollo de las comunidades donde operan”.


Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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