Resulta inadmisible que se produzcan los malditos femicidios que destruyen cientos de familias cada año, generan ausencias dolorosas y cicatrices amargas que nunca se borran pese al transcurso del tiempo. Por más esfuerzo que se realice, es incomprensible que un hombre decida matar, en este caso a una mujer y a veces a sus hijos. Ni siquiera el aumento de las penas de prisión hace desistir a los violentos de sus impulsos o sus actos premeditados contra sus mujeres actuales o ex amores. Tampoco reprime sus sangrientos instintos imaginar que con un femicidio dejará sin madre a uno o más niños, sin una hija a padres mayores. Nada parece ser suficiente para detener a las bestias asesinas que interrumpen la vida de otras personas y marcan a fuego la vida de los sobrevivientes del entorno de las víctimas.  
Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país para prevenir la expansión de la pandemia del Covid-19, el pasado 20 de marzo, los casos de violencia de género fueron en aumento y hasta el momento hubo al menos 57 femicidios, de los cuales el 71% ocurrió en las viviendas de las víctimas. Los datos se desprenden del último informe realizado por el Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", de la Asociación Civil La Casa del Encuentro y en el que además se indica que el 65% de los femicidas eran las parejas o ex parejas de las personas asesinadas.
En el análisis que comprende el período que va entre el 20 de marzo y el jueves 28 de mayo, se señala que una de cada seis víctimas ya había denunciado haber sufrido violencia de género, y que el 73% de las hijas e hijos de las víctimas son menores de edad. En este caso, queda la sensación que la red institucional tejida para atender la problemática de la violencia de género no basta para salvar aquellas mujeres que se acercaron a pedir auxilio a una comisaría o a una oficina judicial. Por ejemplo, la herramienta de las restricciones de acercamiento que muchas veces se dictan desde una instancia judicial no frena a los violentos ni protege demasiado a las víctimas. 
De acuerdo al Observatorio de Femicidios sobre las muertes registradas en este período de cuarentena, con 27 casos, Buenos Aires es la provincia donde más femicidios hubo en este período y le siguen Santa Fe y Tucumán, con 6 en cada jurisdicción; y Misiones con 4.
Tras realizar el relevamiento en los medios de comunicación de todo el país, desde el Observatorio solicitaron la presencia del Estado Nacional para que no sigan ocurriendo estos casos. "Por todas estas mujeres que ya no están es que reiteramos lo imprescindible que resulta que el Estado Nacional adopte medidas destinadas específicamente a la protección y prevención de la violencia de género en todas sus expresiones desde una mirada interdisciplinaria", reclamó la organización. 
Al cumplirse ayer 5 años de la primera marcha de Ni Una Menos, también es difícil de aceptar que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe tarde más de dos años en resolver el caso del femicida de Chiara Páez, la joven de Rufino asesinada en 2015 que dio inicio a estas movilizaciones que buscan transformar la sociedad y cuidar la vida de nuestras madres, hermanas, hijas, nietas, abuelas y tías. Manuel Mansilla, el femicida de Chiara, fue condenado a 21 años y 6 meses de prisión, pero el caso llegó al máximo tribunal santafesino hace dos años sin que todavía se haya resuelto. 
En el Congreso, legisladoras del oficialismo y de la oposición admiten que, si bien en los últimos años hubo grandes avances, aun quedan deudas para saldar, para erradicar la violencia contra las mujeres y las diversidades y lograr la paridad de género. La multitudinaria movilización de las mujeres, realizada en la Plaza del Congreso el 3 de junio del 2015, generó una fuerte presión para que el Parlamento apruebe leyes clave como incorporar al femicidio como delito (aunque finalmente quedó como un agravante del homicidio), prohibir al femicida quedarse con la patria potestad de los hijos y la paridad de género, para que las mujeres tengan la misma representación que los hombres en el Congreso Nacional. Esta ley permitió que la Cámara de Diputados tenga el 43 por ciento de mujeres, con 109 de 257 legisladores y el Senado el 40 por ciento de sus integrantes mujeres, con 28 legisladoras, según un informe de la Agencia Télam.
Pero también hay deudas. Entre los proyectos que faltan aprobar -que ya tiene sanción de Diputados- se encuentra el que tipifica el acoso callejero y establece multas económicas de hasta 30.000 pesos para quienes cometan ese delito contra la integridad sexual. También debe aprobar el Senado una iniciativa que prohíbe otorgar permiso para el uso, portación, tenencia y transporte de armas a aquellas personas que registren en su contra procesos en curso o medidas preventivas vigentes como consecuencia de denuncias vinculadas a violencia contra las mujeres y violencia familiar.