Se declaró inconstitucional una decisión que afectaba a los mayores de 70 años

Locales 11 de mayo de 2020 Por Redacción
Finalmente se declaró inconstitucional una Resolución adoptada por el gobierno porteño que exigía, a las personas de 70 o más años, un llamado telefónico para poder circular. En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación se encuentra contemplado en la Constitución Nacional y en diversos Instrumentos Internacionales que gozan de igual jerarquía.
FOTO ARCHIVO  MARISOL ESCANDELL. Se refirió al fallo y las implicancias de la medida adoptada por el gobierno de Rodríguez Larreta
FOTO ARCHIVO MARISOL ESCANDELL. Se refirió al fallo y las implicancias de la medida adoptada por el gobierno de Rodríguez Larreta

La Resolución Conjunta N° 16/MJGGC/20, dictada por el gobierno porteño, en su art. 2 establecía la necesidad de los adultos mayores de comunicarse previamente con el Servicio de Atención Ciudadana al número 147 para ser autorizados a circular. A su vez en su art. 3 notificaba que ese aviso tenía una vigencia de 48 horas.
El Sr. Silvano Lanzieri, ciudadano residente de la Ciudad de Buenos Aires, de 74 años, quien se vio afectado por dicha medida, inició una acción de amparo contra el gobierno a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución por considerarla arbitraria y restrictiva de los derechos y garantías de las personas mayores.
Un juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro Fastman, decidió dar lugar, de manera parcial, a la medida cautelar pretendida en la demanda de amparo y dictó la inconstitucionalidad de los art. 2 y art. 3 basándose en que los mismos violan garantías constitucionales y en la discriminación arbitraria en razón de edad. El Juez refirió: “si bien hay buenas intenciones en la resolución del gobierno porteño, ello implica una discriminación en razón de la edad, que vulnera los derechos y garantías del grupo etario al cual se encuentran destinadas, ya que, imponer una exigencia mayor y distintiva del resto de la población”.
En nuestra ciudad la Dra Marisol Escandell, especialista en Derecho Previsional y que además -en su estudio jurídico cuenta con una nueva área dedicada a salud y discapacidad-, analizó el fallo y las implicancias de la medida adoptada por el gobierno de Rodríguez Larreta, y señaló que “si bien sabemos que los adultos mayores son el grupo más afectado por la pandemia, ya que las estadísticas indicadas por el gobierno establecen que el promedio de edad de fallecidos por el COVID – 19 ronda entre los 71 y 75 años de edad, convirtiéndose por ese motivo en el segmento con mayor riesgo, no podemos olvidarnos de sus derechos y garantías (igualdad y no discriminación, libertad, dignidad, independencia, autonomía) restringiéndolas de manera ilegítima y arbitraria”.
“En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación se encuentra contemplado en la Constitución Nacional y en diversos Instrumentos Internacionales que gozan de igual jerarquía. Nuestro país, ha ratificado en el año 2017 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores la cual protege los derechos de los adultos mayores a la igualdad, independencia, autonomía, libertad, no discriminación, entre otros”, precisa la profesional.
A su vez explica que “los adultos mayores tienen plena capacidad para desenvolverse en la vida diaria. Pueden comprender por sí mismos lo que está sucediendo actualmente y tienen plena conciencia de su vulnerabilidad ante esta pandemia, pudiendo decidir su actuar y teniendo presente cuáles son las consecuencias que pueden sufrir. Tienen derecho a una vida autónoma e independiente pero para que puedan ejercer dichos derechos se los debe respetar en la toma de sus decisiones, así como favorecer la independencia en la realización de sus actos”.
Escandell indica que “no hay que englobar a las personas mayores en una categoría homogénea. La discriminación por edad y las desventajas impactan directamente en el bienestar y ánimo de este grupo”.
“El hecho de estar encerrados es un cambio importante en la vida de todas las personas, pero sobre todo para los de edad avanzada. La tercera edad es la población más vulnerable siendo necesario que se tomen medidas correctas para que esto no los afecte psicológicamente de manera negativa. Varios estudios demuestran que el encierro afecta de manera psicológica, en mayor medida, a la población de personas mayores. Si a esto le sumamos el agravante y la distinción, respecto a las demás persona, de pedir obligatoriamente al gobierno un permiso previo a las salidas esenciales y desplazamientos mínimos e indispensables a través de un llamado telefónico, la angustia y el estrés será superior para el grupo de edad avanzada”, manifiesta.
“Esta norma lejos de cuidar al adulto mayor produce un impacto psicológico, negativo y tóxico en el cerebro de este sector poblacional”… “resulta una exigencia más gravosa para ese colectivo de personas, que para el resto de la población, que extralimita los contornos de las medidas de aislamiento del conjunto de los habitantes”, explicó el juez en la sentencia.
La especialista en Derecho Previsional continúa señalando que “si bien la mayoría de las personas, perteneciente al grupo etario, están acostumbrados a la vida solitaria, en este momento la soledad y el aislamiento social puede enfermarlos también. La pérdida de las rutinas y del contacto social es también la pérdida de todo un conjunto de estímulos importantes para que las personas adultas puedan mantener un buen estado de ánimo y estabilidad mental. Esta medida afecta la dignidad de los ancianos ya que, otorga mayores restricciones a los derechos y garantías de este grupo, llevando a que los requisitos para trasladarse por la vía pública sean más gravosos respecto de los demás ciudadanos”.
En base a la decisión del juez, el gobierno porteño afirmó que no apelará el fallo pero que la medida va a continuar. Se seguirá recibiendo llamados al 147 y se pondrán a disposición todas las herramientas que sean necesarias para la protección de los adultos mayores.

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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