El último informe de la Fundación Observatorio Pyme (FOP) refleja la enorme diversidad de situaciones entre empresas, sectores y regiones, conformando una situación de heterogeneidad muy grande, con equilibrios microeconómicos muy distintos en cada caso. En el marco de la situación de excepción que plantea la batería de medidas sanitarias y económicas dispuestas para enfrentar la pandemia del coronavirus en la Argentina, cada Pyme requeriría especial atención por parte de la política pública, tratando de sostener el empleo y la continuidad de las empresas.
El estudio busca dar cuenta de la situación de un sector empresas en lo que hace al crédito disponible, costos salariales y acuerdos laborales así como también el impacto de las medidas adoptadas por parte del Gobierno a favor del empleo y la producción. 
Actualmente, las empresas están desarrollando distintas estrategias para evitar abandonar la actividad, cuidando el empleo y la generación de ingreso. Pero la asistencia monetaria gubernamental, aunque muy importante, en las empresas más débiles cubrirá sólo una parte de los costos salariales totales y el crédito blando una porción menor o directamente nada, advierte el informe de FOP. 
Dando por sentado que la prioridad es proteger los puestos de trabajo generados, el diálogo entre las empresas y los trabajadores y/o sindicatos para restablecer el equilibrio en esta situación de crisis, precisará también de la facilitación del Estado, puntualiza. En el marco de la legislación vigente y ante la crisis sanitaria que se suma a la recesión existente, lograr acuerdos a nivel empresa sería una estrategia adecuada para alcanzar el sostenimiento del empleo y la supervivencia del tejido productivo, sugiere el documento.
En este sentido, plantea que cada MiPyME (o grupos de ellas) podrían negociar acuerdos directos con los trabajadores, pautando reglas internas específicas para preservar los puestos de trabajo de común acuerdo y con homologación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En este escenario, se requieren pautas que ordenen las negociaciones según las características de cada empresa (o grupo de empresas), la actividad y los trabajadores involucrados. A tal efecto, en este momento sería fundamental la facilitación gubernamental de los acuerdos laborales en el marco de la normativa vigente (Ley PyME y Ley de Contrato de Trabajo). Desde esta perspectiva, es importante destacar que la legislación establece que, a nivel de cada actividad, los convenios colectivos de trabajo pueden pactar capítulos especiales para PyME. Asimismo, una vez alcanzado el plazo máximo de vigencia del acuerdo y si no se ha llegado a uno nuevo, su prórroga no es automática. 
En su síntesis ejecutiva, el informe de la Fundación destaca nueve puntos del relevamiento efectuado para conocer a fondo la realidad de un segmento que genera el 70% del empleo argentino, compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME): 
1. En línea con las nuevas regulaciones sobre la flexibilidad de la cuarentena, el nivel de operatividad de las MiPyME tuvo un sorprendente salto del 30%. Entre el 6 y el 20 de abril, las MiPyME totalmente operativas pasaron del 10% al 13% y las parcialmente operativas del 36% al 47%.

2. En 15 días se sumaron 79 mil MiPyME a la actividad, con distintos grados de operatividad: retornaron al trabajo 286 mil empleados.

3. La región más activa es el NEA, con solo 30% de las MiPyME en estado de completa inactividad. Los sectores con más inactivos: construcción (60% totalmente inactivas) e industria manufacturera (48% totalmente inactivas)

4. Para sostener la actividad, el 24% de las empresas obtuvo el crédito bancario preferencial y otro 25% está en proceso de evaluación. Sobre estos últimos, será importante monitorear el resultado final para evaluar la eficacia del Fondo de Garantía facilitado por el Gobierno.

5. Falta atender la situación especial del 23% de las MiPyME rechazadas por el sistema. El rechazo es por falta de garantías, insuficiente cupo bancario y problemas administrativos dependientes de las propias empresas.

6. La intervención del Gobierno con el DNU 376 del 20 de abril cambió completamente el escenario que se había prospectado con el DNU 332. Ahora 260 mil nuevas MiPyME podrán afrontar entre el 80 y el 100% de los costos salariales de abril. Restan otras 295 mil que, aun con esta importante ayuda, podrán solventar solo el 70% de los mismos.

7. Sin ayuda del Gobierno, las empresas más complicadas por orden son las de construcción (92% puede pagar menos del 60% de los costos salariales del mes de abril), le sigue el sector comercio y manufactura (80% y 78%, respectivamente), servicios (74%) y agro (57%). Regionalmente, las más complicadas son las MiPyME del NOA (91% puede pagar menos del 60% de los costos salariales del mes).

8. Si se concreta como establecido por el DNU 376, la ayuda del Gobierno será extraordinaria, pero no alcanza para recomponer totalmente la solvencia de las empresas. Actualmente, el 51% de las MiPyME están buscando acuerdos directos con sus trabajadores y/o gremios que los representan, para reorganizar el proceso productivo, renegociando salarios, suspensiones, duración de jornada y vacaciones anticipadas.

9. El restante 49% también busca acuerdos directos con sus trabajadores/gremios, pero reclama la intervención del Gobierno, para favorecer la negociación de los convenios colectivos de trabajo que de acuerdo a la legislación vigente podrían pactar capítulos especiales para PyME (Ley PyME y Ley de Contrato de Trabajo).