Acceso gratuito al agua de red

Región 20 de febrero de 2020 Por REDACCION
La norma determina que los establecimientos de venta de comidas y bebidas al público que cuenten con el servicio de agua de red apta para el consumo humano deben garantizar a sus clientes el acceso gratuito a la misma. La iniciativa, presentada por la concejal María José Ferrero, fue girada a Comisión para su análisis y se suma a otro proyecto de Ordenanza de la concejal Andrea Ochat sobre la misma temática, disposición que tuvo el visto bueno del cuerpo en la sesión extraordinaria de este.
SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el área prensa del Concejo Municipal se abunda en detalles acerca de una norma que fuera ingresada en la última sesión extraordinaria del Cuerpo Legislativo y de la cual nos ocupáramos oportunamente. En tal sentido el informe  distribuido señala que  la concejal María José Ferrero presentó un proyecto de Ordenanza, a través del cual propone la adhesión de la Municipalidad local a la ley Nº 13.935 de la provincia de Santa Fe de acceso gratuito al agua de red apta para el consumo humano.
La iniciativa fue girada a Comisión para su análisis y en su artículo Nº 2 dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal firme convenios y realice las gestiones pertinentes para la implementación de dicha ley, además de reglamentar los aspectos no previstos.
La norma provincial determina que los establecimientos radicados en el territorio santafesino con autorización para la prestación de servicios de venta de comidas y bebidas al público, que cuenten con agua de red apta para el consumo humano, deben disponer para sus clientes el acceso gratuito a la misma mediante una jarra de mesa u otro receptáculo garantizando este derecho.
Se fija además que en los establecimientos dependientes de los distintos órganos de poder del Estado provincial, sus organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades, y todo otro sujeto de derecho que éste integre, deben disponerse bebederos u otro dispositivo de acceso gratuito al agua de red, tanto para los trabajadores como para la ciudadanía que asista a dichos lugares.
“Este derecho esencial es reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010. Toda persona tiene derecho a consumir agua segura y potable, no solo en su hogar sino donde se encuentre, en su trabajo, sus ámbitos de esparcimiento y el espacio público”, se expresa en los argumentos del proyecto elevado.

Sobre la misma temática
En octubre de 2019, la concejal Andrea Ochat presentó también un proyecto de Ordenanza referido a la misma temática, por medio del cual se propuso establecer la obligación para la Municipalidad de garantizar el acceso al agua potable en eventos realizados o autorizados por el Gobierno local y en establecimientos del rubro gastronómico y recreativo.
En cuanto a los establecimientos gastronómicos, bares y restaurantes, esta iniciativa que se encuentra en estado parlamentario establece que deben poner a disposición de los clientes un mínimo de 250 centímetros cúbicos de agua potable del servicio de red apta para el consumo, por persona.

Pedidos al Gobierno provincial y nacional
Ruta Nº 34 y Plan Abre
El informe de prensa también hace alusión a dos proyectos  de los cuales nos hemos ocupado en aquella ocasión, seguidamente se reproduce el texto remitido.
El Concejo Municipal en pleno aprobó dos proyectos de Minutas de Comunicación presentados por la concejal Andrea Ochat, con diferentes solicitudes al Poder Ejecutivo provincial.
Por un lado se pide información acerca de las acciones realizadas ante Vialidad Nacional en relación a diversos accidentes viales en la Ruta Nacional Nº 34, en el tramo Sunchales.
Específicamente se solicitan detalles sobre reclamos administrativos presentados por las obras en el tramo citado; las acciones de prevención de accidentes viales planificadas, tales como iluminación, señalización, demarcación, semáforos, reductores de velocidad, radares, etc.; y las acciones de control de vehículos particulares y de camiones en infracción a la vera de la ruta.
En segundo término, el Cuerpo Legislativo solicitó al Gobierno provincial la pronta puesta en marcha del Programa de Intervención Integral de Barrios para Municipios de Primera y Segunda Categoría de la Provincia (Plan Abre), de acuerdo a la ley provincial N° 13.896.
Entre los fundamentos se afirma que “desde sus orígenes el Plan Abre pretendió abordar las fuertes inequidades económicas, sociales y urbanas, a partir de una concepción multidimensional e interrelacionada, trabajando aspectos tales como la convivencia, la participación ciudadana, la calidad de espacios públicos, el fortalecimiento de los lazos sociales, la mejora de infraestructura y de los servicios públicos, entre otros”.

Por la restitución del Fondo Federal Solidario
A través de la aprobación de un proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la concejal María Alejandra Bugnon de Porporatto y el edil Horacio Bertoglio, el Concejo Municipal solicitó al Ejecutivo nacional deje sin efecto el Decreto Nº 756, publicado en el Boletín Oficial en agosto de 2018 y que plantea la derogación del Decreto Nº 206 del 19 de marzo de 2009, eliminando el Fondo Federal Solidario (llamado también “Fondo Sojero”), el cual fue creado con el fin de distribuir parte de los recursos aduaneros a las provincias.
Asimismo solicita al Congreso de la Nación que tenga en cuenta la situación financiera de Municipios y Comunas, así como también la realidad económica de los productores y empresarios regionales, a los fines de otorgarles prioridad en las eventuales modificaciones que puedan efectuarse al régimen tributario nacional y distribución de los recursos públicos.
En el proyecto aprobado se expresa que el Fondo Federal Solidario está compuesto por recursos provenientes de retenciones a la exportación de poroto, harina y aceite de soja y ha contribuido al federalismo, ya que sus recursos son coparticipados a provincias y municipios.
La provincia de Santa Fe perdió recursos en lo que quedó de 2018 por aproximadamente unos $ 1.200 millones. En el período 2019 esa pérdida fue de más de $ 2.400 millones. Como parte de estos recursos son coparticipados, su eliminación representó un perjuicio tanto para las arcas de la provincia, como la de sus 49 Municipios y 312 Comunas.





REDACCION

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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