Uno de los tantos temas sensibles en la Argentina gira en torno a los empleados públicos de todos los niveles de gobierno. En un país en el que lograr un equilibrio entre ingresos y gastos del Estado parece algo así como una misión imposible, las controversias se renuevan en forma permanente sobre las causas del déficit de las cuentas públicas. Existe un amplio consenso en que el pago de subsidios a millones de beneficiarios de planes sociales y el mantener plantas sobredimensionadas de empleados públicos, que se cree ineficientes porque cuentan con la protección de la ley de estabilidad laboral pero que a la vez están escasamente motivados, explican buena parte del rojo en las cajas estatales.
También es cierto que se ha consolidado la creencia de que el aparato del Estado tiene más personal del que realmente necesita para cumplir con sus tareas porque los "políticos" que transitan la función pública aprovechan el momento para ubicar a sus amigos o parientes en la estructura pública, lo que obliga a gastar más dinero de los contribuyentes a cambio de ninguna prestación. 
Así, los municipios, las provincias y la Nación con su constelación de organismos o empresas estatales resultan las presas de estos funcionarios que se mueven como aves de rapiña dispuestos a beneficiarse en términos personales de su paso por un cargo público. Por tanto, todo lo público en la Argentina está ligado a la opacidad, a las cuentas poco claras, a personas que buscan sacar réditos propios sin focalizarse en el bien común. 
La semana pasada el Gobierno limitó las designaciones y contrataciones en el Estado por un plazo de seis meses, al tiempo que anunció que hará una revisión de los puestos actuales para "contar con la información adecuada para optimizar la gestión". A través del Decreto 132/2020, el Poder Ejecutivo impuso las restricciones en materia de designaciones y contrataciones ante la necesidad de utilizar estratégicamente los recursos públicos y su asignación para hacer efectiva la gestión, así como para conformar adecuadamente las plantes de personal.
Las áreas afectadas por la medida son la Administración Nacional y los entes públicos, aunque fueron excluidas la AFIP, el Servicio Penitenciario Federal, las universidades nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En el texto oficial, el Gobierno afirmó que busca "priorizar" la prestación de los servicios a cargo del Estado Nacional, en especial, de los necesarios para la atención de los sectores más vulnerados.
De todos modos, se aclaró que dichos procedimientos y límites no deben ir en desmedro de la posibilidad de realizar
designaciones y contrataciones de personal cuando se cumplen las condiciones de necesidad, presupuesto o estratégicas, ni deben obstaculizar la necesidad de cubrir cargos esenciales.
Asimismo, el decreto indica que durante los 180 días en que se congelan las incorporaciones la Secretaría de Gestión y Empleo Público deberá realizar un informe en el que consten las dotaciones de personal que conforman la planta permanente y transitoria, como así también del personal contratado en sus diversas modalidades de los organismos del Sector Público Nacional a los fines de contar con la información adecuada para optimizar la gestión de gobierno. 
El decreto levantó a poco de andar las primeras críticas. El presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, se quejó de que el decreto que restringe por seis meses las designaciones en el Estado está plagado de excepciones que contradicen el objetivo de la norma. El legislador consideró que el texto es ambiguo puesto que en lugar de restringir designaciones en la planta estatal, posibilita el ingreso discrecional a gusto de los funcionarios. 
Cabe recordar que el anterior gobierno había dispuesto en agosto de 2017 que los organismos del Estado nacional se abstengan de dictar normas que establezcan privilegios o preferencias para el acceso a los cargos públicos y empleos, fundadas en vínculos de parentesco.  
En un artículo titulado "El rompecabezas del empleo público en Argentina: ¿Quiénes hacen funcionar la maquinaria del Estado?", escrito por Gonzalo Diéguez y José Gasparin y publicado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), se reconocía que las estadísticas sobre empleo público presentan importantes limitaciones en nuestro país: no hay datos estadísticos oficiales consolidados para los tres niveles de gobierno, las fuentes están discontinuadas a lo largo del tiempo y tampoco existe un organismo estatal encargado de construir y publicar información fidedigna.
De todas formas, según estimaciones de CIPPEC, los trabajadores públicos representaban hace cuatro años cerca del 18% de ocupados de la Argentina, esto es cerca de 3,9 millones de personas. Así, el peso del empleo público superaba el promedio observado en América Latina y se situaba solo por debajo de Venezuela en la región, aunque por debajo de países desarrollados como Francia y Canadá, entre otros. Y otro dato es que el 80% de los empleados públicos argentinos trabaja en las estructuras estatales de las provincias y municipios.