BUENOS AIRES, 7 (NA). - El Gobierno de Alberto Fernández alista en una profunda modificación de los planes sociales que paga el Estado con la idea de que sus beneficiarios tengan la obligación de brindar un servicio a la comunidad. El objetivo oficial es trabajar de forma conjunta con provincias y municipios para asegurar a estos trabajadores en primera instancia una prestación igual a un salario mínimo, vital y móvil.
La iniciativa está siendo elaborada por los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el secretario de Economía Social de la Nación, Emilio Pérsico; y el subsecretario de Promoción de la Economía Social, Daniel Menéndez.
La iniciativa fue confirmada por Pérsico a un grupo de legisladores e intendentes de la provincia de Corrientes que visitaron Buenos Aires; el Gobierno pretende lanzar las modificaciones a fines de febrero. .
El diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias, dijo que a fines de febrero el Gobierno nacional pondrá en marcha un nuevo programa de trabajo que garantice una prestación y un salario mínimo, vital y móvil a todos los beneficiarios de planes sociales del país.
Del encuentro también participaron los intendentes Raúl Rulo Hadad (San Roque), Vilma Ojeda (San Isidro), Fabiana Acevedo (Mantilla), el diputado justicialista, César Acevedo, entre otros dirigentes correntinos.
"Después del 20 de febrero, el Gobierno quiere poner en marcha una nueva modalidad de planes sociales para que las personas que reciben puedan tener garantizado un trabajo como contraprestación y un salario mínimo", explicó Arias tras el encuentro con Pérsico. Agregó que la Nación va a implementar un nuevo sistema por el cual las personas que reciban un plan social, en el marco de una política de seguridad social, tendrán un trabajo.
El salario mínimo se va a conformar en un 50 por ciento con recursos de la Nación y la otra mitad deberán completar las Provincias, los Municipios o las instituciones donde los beneficiarios cumplan una tarea laboral, agregó Arias.

DESDE 2002, GASTO
DE $ 300.000 MILLONES
El Estado nacional gastó unos 306.000 millones de pesos desde el 2002 para financiar planes alimentarios de asistencia a los sectores más empobrecidos de la sociedad argentina. Así se desprende de un estudio realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el cual señala que el gasto promedio por año entre 2002 y 2019 fue de unos 17.000 millones de pesos.
Esa cifra podría incrementarse este año debido al financiamiento del Plan Argentina Contra el Hambre que comenzó a ejecutar en enero el ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo. Se trata de un programa nacional a través del cual se entrega una tarjeta de débito que solo puede ser destinada a comprar alimentos y artículos de limpieza, y no permite el acceso al dinero físico.
Las tarjetas son recibidas por embarazadas a partir del 3° mes y familias con hijos de hasta 6 años que estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH): se asignan $ 4.000 mensuales para familias con un hijo y $6.000 con con o más hijos menores de seis años.