Uno de los puntos opacos que dejó bajo sospecha el gobierno anterior se relaciona con el funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el organismo que concentra la actividad de los espías argentinos que nunca se termina de saber si aportan algo productivo al país de verdad o solo están al servicio del selecto grupo de poder con intenciones de manejar al país y toda su gente como una marioneta. Si el Gobierno de Cambiemos buscó una diferenciación con sus antecesores kirchneristas en el plano ético al posicionarse como "transparente" en contraste con la corrupción dominante hasta 2015 en las altas estructuras, queda claro que el objetivo quedó a medio camino. Quizás logró acercarse a la meta en materia de inversión en infraestructura en base a licitaciones más cristalinas, pero en lo que hace a la AFI apenas optó por una gestión translúcida, es decir dejó pasar la luz pero solo se podía ver confusamente lo que hay detrás de esa manera de manejar la cosa pública. 
El tema de la AFI volvió por estos días a la agenda pública porque su interventora, Cristina Caamaño, se reunió con el Síndico General de la Nación, Carlos Antonio Montero, para avanzar en un plan inédito de auditoría sobre los fondos reservados el organismo. Si se concreta el acuerdo, será la primera vez que la SIGEN controle a la Agencia que emplea a los espías. 
Montero recibió en su despacho a la interventora de la AFI, con el objetivo de empezar a diseñar una estrategia conjunta para avanzar en un plan de auditoría que "transparente el accionar de la agencia". Desde SIGEN vamos a llevar adelante un trabajo de control que esté en total sintonía con la voluntad política del Presidente, que nos plantea terminar con la concepción de un Estado secreto, resaltó el síndico tras el encuentro.
En diciembre pasado, el presidente Alberto Fernández decidió intervenir la AFI y colocó a Caamaño al frente de la tarea a través del Decreto 52/2019, con el objeto de facilitar el reordenamiento y el rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional.
En esa línea, el jefe de Estado determinó que los fondos reservados de la AFI se reasignaran para financiar políticas públicas nutricionales y educativas estratégicas para abordar la emergencia social, en el marco del plan Argentina contra el Hambre. El Presidente había catalogado a esos recursos discrecionales y secretos de los espías como "sótanos de la democracia".
En un comunicado, Montero consideró "una gran evolución institucional" que dejen de existir esos fondos reservados, que ahora la Sigen podría empezar a controlar. Pero, ¿de cuánta planta estamos hablando? El Presupuesto de la AFI durante 2019 fue de 2.659 millones de pesos, en tanto que en el 2018 alcanzó los $ 2.176 millones, en el 2017 fue de $ 4.555 millones y en el 2016 $ 1.450 millones. El decreto 656/16, firmado por Macri en el mes de mayo del 2016, esencialmente deroga gran parte de la normativa reglamentaria de la Ley 27.126 de Inteligencia, promulgada a comienzos de 2015 después de la crisis que estalló en el corazón de los servicios de inteligencia luego de la muerte violenta del fiscal federal, Alberto Nisman. El decreto avanzó contra el núcleo la anterior legislación que disponía el acceso público a la información sobre el uso de los fondos de la AFI, salvo los recursos destinados a tareas específicas de inteligencia. En el artículo 4 el decreto estipula el secreto sobre organización y funcionamiento del organismo, volviendo sobre la denominada “disciplina del secreto”. El argumento de aquel decreto para dar por tierra con la obligación de registrar los gastos es la de “agilizar las instancias administrativas usuales de gestión”. 
Paralelamente, como si la AFI fuera un organismo más en la órbita estatal, fue el botín para dejar militantes y amigos en sus estructuras. El exdirector, Gustavo Arribas, ordenó el pase a planta permanente de numerosos espías dentro del organismo entre el 10 de agosto y 5 de diciembre de 2019, lapso en el que fueron nombrados 523 agentes con sueldos que representan en total 31 millones de pesos.
La intervención de la AFI deberá decidir en las próximas horas el futuro de estos flamantes espías. El decreto firmado por el Presidente autoriza a la interventora a disponer el pase a disponibilidad de estos empleados si fuere necesario. Habrá que ver si el nuevo gobierno nacional logra modernizar la agencia y no hacer un uso político de los secretos que descubren los espías. Por ahora es un avance que la Sigen pueda espiar y controlar a los espías para determinar qué hicieron con los fondos reservados que, claro está, provenían de los flacos bolsillos de los contribuyentes.