Alberto Fernández informó días atrás que dará un "aumento en marzo para todos los jubilados" luego de que el Senado convirtió el sábado en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que incluía una modificación de la fórmula de cálculo de los haberes de los jubilados y pensionados de la Argentina.
El Presidente negó en el programa televisivo La Cornisa que conduce Luis Majul que la ley impulsada por su gobierno y aprobada el viernes en Diputados y el sábado en el Senado sea un ajuste a los trabajadores retirados: "No hay ningún congelamiento de los haberes. Lo único que se cambió fue el cálculo de actualización de los ingresos de los jubilados".
"Eso se suspendió, el cálculo de la actualización se suspendió, pero eso no quiere decir que se suspendan los aumentos", aclaró Fernández. Y continuó: "En diciembre hubo un aumento, dimos dos aumentos extra para diciembre y para enero y en marzo va a haber uno nuevo".
Cuando le repreguntaron, Fernández insistió: "No estoy congelando nada, acabo de aumentar las jubilaciones. En diciembre fue el 9% para todos. Y a las mínimas les dimos un adicional de $5000 en diciembre y otro adicional en enero. Y en marzo va a haber un nuevo aumento para todos".
Mientras el Congreso debatía la iniciativa, el Ejecutivo extendió las sesiones extraordinaria para que los legisladores analicen cambios en las jubilaciones de privilegios, como las del Poder Judicial y del Ministerio de Relaciones Exteriores, en busca de una "mayor equidad" con los que tiene regímenes comunes, publicó el portal de Todo Noticias.
En el medio del debate, el Gobierno excluyó de la iniciativa que se convertiría en ley esos haberes para jueces, fiscales y diplomáticos retirados no sufran la suspensión de la movilidad.
Más allá del nombre de la ley, aprobada como Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno buscaba un recorte fiscal: según economistas consultados, el Estado podría ahorrar hasta $ 180.000 millones, es decir, un 1% del PBI. Para eso debía modificar las jubilaciones: los fondos necesarios para la seguridad social representan el 60% del presupuesto público total.