El nuevo gobierno que en menos de un mes estará en funciones en la Argentina tiene una larga lista de emergencias que atender en un clima de incertidumbre, desconfianza y alta inestabilidad tanto cambiaria como financiera. El brusco descenso de las reservas internacionales del país que pasaron de U$S 66 mil millones antes de las elecciones primarias de agosto a menos de 45 mil millones en la actualidad aumentó la fragilidad de la economía argentina.
En un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), se ensayó una explicación para poder entender por qué se agudiza el drenaje de reservas, la cual está ligada a la tenencia de pesos argentinos por parte de la gente. Para hacer los cálculos tomó el cociente entre los pesos que la gente tiene en efectivo, en cuentas corrientes y en cajas de ahorro y el Producto Bruto Interno (PBI) que mide el tamaño de la economía. En tal sentido, se observa que en diciembre del 2017 la cantidad de dinero en efectivo, en cuentas corrientes y en cajas de ahorro en poder de la gente representaba el 15% del PBI; que en diciembre del 2018 este mismo indicador bajó a 13% del PBI y que en octubre del 2019 está en el orden del 10% del PBI.
Los datos demuestran el creciente rechazo que tienen los ciudadanos por tener pesos argentinos en efectivo o en depósitos bancarios de disponibilidad inmediata. En un contexto de alta inflación, y creciente, la gente busca protección comprando rápidamente cualquier producto, en especial, dólares aunque ahora con el cepo recargado se cerraron a mínimo las compuertas para comprar divisas. Obviamente, que los mecanismos utilizados varían según se trate de una persona de muy bajos ingresos respecto de quien maneja grandes sumas de dinero. Pero más allá de la sofisticación del instrumento utilizado, la lógica es la misma: sacarse los pesos de encima para eludir el impuesto inflacionario, dice Idesa en su reporte.
Así las cosas, la principal conclusión es que a la nueva administración se le han cerrado todas las vías de financiamiento del déficit fiscal. Por un lado, nadie está dispuesto a prestarle al Estado. La evidencia más clara es el “reperfilamiento”, una elusiva denominación que se usó para posponer el repago de los bonos públicos ante la negativa del mercado a refinanciarlos. Pero lo más grave es que la gente está manifestando que tampoco está dispuesta a aceptar más emisión monetaria. Sin posibilidad de tomar deuda y sin disposición de la gente a aceptar más emisión monetaria, los riesgos de hiperinflación son altos, una alerta en la que coinciden no pocos economistas.
Entre otras opciones,intensificar el “cepo” cambiario, “reperfilar” las Leliq y/o firmar un pacto social son paliativos, subraya Idesa. Ninguna de estas medidas, solas o combinadas, atacan el origen del problema que es la insolvencia terminal del sector público. En el mejor de los casos sirve para ganar tiempo mientras se toman medidas para revertir más de medio siglo de déficits fiscales sistemáticos. La única manera de evitar la hiperinflación es la solvencia fiscal. Para ello hay que abordar un estrategia integral de ordenamiento tributario, previsional y funcional del sector público.
De todos modos, siempre hay una alternativa, apunta con tono algo más optimista. Sugiere que mediante una estrategia sólida y creíble de ordenamiento fiscal se puede convencer al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que siga prestando plata y al resto de los acreedores para que acepten el reperfilamiento. Pero lo más difícil, advierte el informe de la consultora, va a ser convencer al ciudadano común para que vuelva a confiar en el peso argentino. Esto es, convencerlo a que deje de comprar mercaderías en exceso o dólares para proteger sus ingresos de la alta inflación.
El escenario que viene plantea, como principal desafío para el nuevo presidente -igual que para todos sus antecesores en el último medio siglo-, cómo ordenar el sector público y no cómo afrontar la deuda. Si en el inicio de la nueva administración se plantea un plan técnicamente consistente y políticamente viable de ordenamiento fiscal, la deuda es un tema secundario. Demandará negociar con los acreedores la reprogramación de vencimientos en función de la capacidad de pago que demuestre el país, como lo hizo Uruguay. Pero si no hay vocación de ordenar el sector público, o la estrategia es poco convincente, un nuevo default es inevitable y la cronicidad de los déficits fiscales seguirá haciendo que los problemas de emisión inflacionaria y deuda impagable también sigan siendo crónicos.
De acuerdo a Idesa, el ordenamiento del sector público demanda abordar tres pilares básicos. El ordenamiento previsional adaptando las normas a los cambios demográficos y eliminando privilegios. El ordenamiento tributario unificando impuestos nacionales, provinciales y municipales para recaudar más con menos presión tributaria gracias a la simplificación. Y por último el ordenamiento funcional desmantelando los organismos y programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales, como ocurre en las áreas de educación básica, salud pública, vivienda y urbanismo, justicia y seguridad, entre otros.