Niñez y servicios públicos

Editorial 02 de noviembre de 2019 Por
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Los indicadores de desarrollo humano en la Argentina no son alentadores para grandes capas de la población y empeoran cada vez que germina una crisis económica con fuerte impacto en la dimensión social, como la que se da en estos momentos. Ya se ha analizado el crecimiento de la desocupación a partir de la caída de la actividad económica que implica el achique o el cierre de fábricas y comercios, y también el aumento de la pobreza y la indigencia que repercute negativamente en el bienestar de las personas y deteriora sustancialmente la calidad de vida. 
Un nuevo relevamiento difundido esta semana, denominado "Derecho a un hábitat digno en la infancia", suma datos tomados en el tercer trimestre de 2017 y de 2018 en los aglomerados urbanos con más de 80 mil habitantes del país y analiza el medio ambiente, la infraestructura barrial, la percepción de inseguridad, los servicios básicos y los recursos de las viviendas.
El informe, divulgado por el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), revela que el 50,5 por ciento de los niños y adolescentes de los principales aglomerados urbanos del país tiene al menos un servicio público deficitario, situación que entre familias de trabajadores marginales tiene 9,4 veces más chances de suceder que en los sectores medios-profesionales. Además, arrojó que uno de cada dos niños vive en un medio ambiente contaminado donde sucede al menos una de estas situaciones: proximidad a fábricas contaminantes, basurales, quemas de basura o plagas.
La coordinadora de la investigación, Ianina Tuñón, consideró que la estadística muestra una brecha entre los trabajadores marginales (61%) y los estratos medio profesionales, donde sólo sucede en el 17,9% de los hogares; mientras que también hay brecha en las zonas siendo el área del gran Tucumán donde hay mayor contaminación con un 75,9%".
En relación a la infraestructura barrial, el déficit de al menos un servicio público (desagüe, vereda, pavimento, recolección de basura o alumbrado) es también muy elevado en el gran Tucumán (78%) y en el Conurbano bonaerense (57,2%), mientras que en la Ciudad de Buenos Aires baja a 12,5%.
El estudio también incluye un análisis de los aspectos referidos a los recursos de la vivienda. Abarca los indicadores de infraestructura básica de subsistencia, servicio sanitario, hacinamiento, espacio tranquilo e iluminado para estudiar, calidad de la vivienda, tenencia de vivienda y, por último, temor a perder el hogar. De acuerdo con el informe, un 44,3% de los niños vive en hogares con déficit de infraestructura básica de subsistencia. Este indicador se basó en la falta de alguno de los siguientes recursos: colchón para cada miembro, anafe o cocina con o sin horno, heladera con o sin freezer, calefactores móviles o fijos, o ventilador o aire acondicionado. Un 27,5% de los niños y niñas no tiene calefactores móviles o fijos; un 20,3% no posee ventilador o aire acondicionado; 14,5% viven en hogares donde no hay un colchón para cada miembro; 3,2% no tiene heladera con o sin freezer en su hogar y solo 1% no posee anafe o cocina, con o sin horno.
En relación al servicio sanitario, el déficit que tienen los chicos que viven en hogares que no disponen de inodoro en la vivienda o disponen de uno sin descarga mecánica de agua, o directamente no tienen baño dentro del hogar, se estima en un 17,5%. En tanto que en el Conurbano Bonaerense, Gran Rosario y Gran Tucumán más de 2 de cada 10 chicos residen en hogares deficitarios en términos sanitarios, afirma el documento de la UCA.
Mientras el estudio de la UCA deja en evidencia la precariedad en la que viven cientos de miles de niños, el gobierno nacional aprobó esta semana mediante un decreto, la Estrategia Nacional de la Primera Infancia, denominada "Primera Infancia Primero", como herramienta para garantizar el desarrollo integral y progresivo de niños y niñas, desde la etapa pre natal hasta los seis años edad. Se trata de una estrategia de aplicación nacional orientada a garantizar la promoción y la protección de los derechos de las niñas y los niños más pequeños. La medida "supone un abordaje integral de aquellos problemas que afectan su desarrollo desde antes del embarazo y hasta los seis años de edad. Su diseño se basa en los principios de enfoque de derechos, enfoque de géneros y equidad, a la vez que se construye sobre los criterios de corresponsabilidad, integralidad, intersectorialidad y calidad.
Entre sus objetivos, se destacan reducir las brechas sociales y territoriales que inciden en el desarrollo integral de la primera infancia. Los destinatarios son las madres desde su embarazo (para asegurar controles prenatales) y los niños, con la intención de ampliarlo más adelante hasta los menores de 8 años, inclusive, remarca el programa. 
Se trata de una buena iniciativa aunque se adopta en un tiempo de cambio de gobierno, por lo que asoma un gran interrogante si las nuevas autoridades que toman la posta coinciden con sus objetivos y si finalmente implementarán esta estrategia. 



Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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