Responden a un artículo sobre los arrendamientos rurales

SUPLEMENTO RURAL 04 de octubre de 2018 Por Redacción
Se trata de la nota de Sebastián M. Tamashiro, bajo el título “Arrendamientos: una ley que desprotege al medioambiente”.

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Por Ester de Picco, Mónica Navarro y Lilian Landa. - En el suplemento rural de la semana anterior, con sorpresa hemos leído una nota de Sebastián M. Tamashiro, bajo el título “Arrendamientos: una ley que desprotege al medioambiente” (ver página 6 del 27/09/18)), quién realizó una serie de consideraciones, que estimamos objetables, y por lo tanto muy necesaria su aclaración.
La ley que rige los arrendamientos rurales en nuestro país es la 13.246 de Arrendamientos Rurales y Aparcerías, dictada el 10 de noviembre de 1948 y modificada por la ley 22.298 en 1980.
Sostiene el autor que la ley facilita el acceso a la tierra “a los que quieren explotarla -arrendatarios-, pero no exige un cuidado especial de la tierra como recurso natural que se degrada, ni reconoce el derecho de la comunidad de disponer de un ambiente saludable”.
Tamashiro desconoce la norma, toda vez que ésta en su artículo 8 expresamente consagra: “queda prohibida toda explotación irracional del suelo que origine su erosión o agotamiento, no obstante cualquier cláusula en contrario que contengan los contratos, en caso de violarse esta prohibición por parte del arrendatario, el arrendador podrá rescindir el contrato o solicitar judicialmente el cese de la actividad prohibida, pudiendo reclamar en ambos casos los daños y perjuicios ocasionados”.
Se deduce claramente que en la cuestionada norma existe un criterio ampliamente proteccionista del suelo, estableciendo como límite a la actividad “toda” explotación irracional. En nada contribuiría que una norma detalle cada una de las actividades o tipo de producción que se consideren como tal, pues la propia evolución la tornaría obsoleta.
Manifiesta, además, haciendo referencia a lo expresado en una tesina, que la ley “debería regular la materia ambiental en estos contratos”. Quienes trabajamos con el Derecho, sabemos claramente que éste no se compone de fracciones aisladas, sino que se trata de un plexo normativo, complejo, variado, multifacético. Ninguna situación se resuelve o encaja sólo en una norma.
Menos aún un contrato privado, como el que nos convoca. Si tenemos una ley ambiental, la misma debe ser respetada, aún cuando celebremos un contrato de arrendamiento, que está sujeto a la ley 13.246, sin necesidad de que ésta tenga incorporadas normas de aquella.
En la nota se refiere a que la ley de arrendamientos “no se conoce ni se respeta y que tiene alcances muy limitados". Discrepamos totalmente con ello, desde nuestra experiencia profesional en el tema, vemos a diario la utilización de esta norma y asiduamente tenemos contacto con abogados agraristas de todo el país, con el mismo panorama.
Es obvio que el panorama cambió desde la década del dictado de la norma, pero no es cierto que exista un “gran desconocimiento y grado de informalidad en los arrendamientos”. Por el contrario, al haberse aumentado las exigencias vinculadas a las distintas producciones, sobre todos las impositivas, los propietarios son los más interesados en que la cesión del predio en arrendamiento se realice en legal forma.
Y los arrendatarios también necesitan de la formalidad del vínculo, porque no podrían mover su producción (granos o ganado) si no acreditan el mismo.
No compartimos la manifestación de que “al no existir regulación, se dejó vía libre a prácticas contaminantes con grandes réditos económicos a corto plazo que no fortalecieron las cadenas productivas”.
Seguramente ha habido prácticas de ese tipo, pero no eran la regla. Los arrendadores sabedores del capital que tienen, han tomado y toman las precauciones necesarias para conservar la renta de su bien. Hemos visto y elaborado los contratos donde se aclaraban las rotaciones de cultivos necesarias, qué tipo de cultivo se iban a hacer en cada parcela y en cada tiempo, qué fertilizantes aplicar y además evaluar el grado de fertilidad del suelo al inicio del contrato y corroborarlo al finalizar el mismo.
Por último expresa que los contratos se celebran por “una o dos campañas”. Esto es desconocer “totalmente” la ley, pues esta norma, establece como plazo mínimo tres años (artículo 2), y tal como lo expresara el maestro agrarista Dr. Fernando Brebbia, “la explotación racional que el arrendatario o aparcero debe realizar sólo es posible en la medida que la empresa agraria emergente del contrato cuente con la estabilidad necesaria en el predio durante un ciclo agrícola completo”. Por esa razón, es que respetando el ciclo agrobiológico, estos contratos tienen la duración mínima de tres años.
Lamentamos que profesionales de las Ciencias Agrarias desconozcan el Derecho Agrario y su integración con el Derecho Ambiental. Los abogados que hemos estudiado esta rama jurídica, entendemos nuestra participación a los fines de la organización, regulación de la empresa agraria, pero no abordamos las cuestiones específicas de la técnica agronómica, simplemente por una cuestión de respeto a las incumbencias profesionales.

Las autoras son abogadas del foro local e integran el Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Rafaela.

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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