El aumento de las tarifas de los servicios públicos hizo saltar la térmica del humor social en distintas geografías de la Argentina, aunque no en todas debido a la diversidad de precios. En la provincia de Santa Fe, la distribución de las boletas de la EPE comenzó a llegar a los distintos tipos de usuarios con abultadas subas lo que generó una reacción de bronca y resistencia que aún está en pleno desarrollo con un desenlace por escribirse. 
El gesto del gobierno provincial de desdoblar las facturas aceptando pagos mensuales de poco sirvió para calmar a los clientes del servicio eléctrico que exigen poner sobre la mesa de discusión de qué manera se configuran los costos de la energía de la EPE. Al mismo tiempo, ante las dificultades de cancelar la deuda pequeños comercios como verdulerías, carnicerías o maxiquiosos que cuentan con tres, cuatro o cinco heladeras advierten sobre su posible cierre ante la falta de rentabilidad. 
Desde el gobernador hacia abajo se buscó deslindar las responsabilidades por el fuerte alza tarifario en la decisión de la Nación de elevar el precio de la generación y transporte de la electricidad, lo cual fue trasladado a los usuarios santafesinos. Está claro que el costo de las boletas corren por cuenta de los consumidores, pero el costo político es algo que nadie quiere asumir.
Sin embargo, la oposición justicialista incluye en el debate provincial un dato incómodo para el oficialismo: desde el 2007 hasta el 2015 inclusive la EPE compró al sistema nacional energía subsidiada a una tarifa plana "congelada" pero de todos modos aumentaba en promedio 41% anual lo que le cobraba a sus clientes santafesinos. Así se dio lugar a las enormes asimetrías en las tarifas que pagaban usuarios de otras provincias, como los de Buenos Aires. 
Hace dos días el presidente Mauricio Macri se reunió con el cuestionado ministro de Energía, Juan José Aranguren y ratificaron los aumentos tarifarios de los servicios públicos en tanto pierde fuerza la posibilidad de que se retiren tributos nacionales, provinciales o municipales de la factura que pagan los usuarios (ninguno de los niveles de gobierno quiere resignar ingresos). Acorralado por el enorme déficit fiscal de sus cuentas, el Gobierno nacional ajusta reduciendo subsidios a los consumidores. 
Con esta señal, difícilmente la EPE modifique su estrategia mientras desde la Casa Gris santafesina se insiste ante los usuarios que los reclamos deben ser para el gobierno nacional al que adjudica la responsabilidad de las subas. De todos modos, en medio de los reproches hubo al menos una autocrítica y sino como se entiende el desplazamiento del titular de la empresa estatal, Raúl Stival, y la designación en el cargo de Maximiliano Neri, del equipo de la secretaria de Energía, Verónica Geese.
Ante la oleada de reclamos de las asociaciones representativas de los sectores productivos, la propia Geese anunció la semana anterior descuentos del 10 por ciento en las tarifas rigen para comercios desde el 1 de febrero y para el sector industrial a partir del 1 de abril, aunque para acceder a este beneficio deben presentar la constancia de cumplimiento fiscal. En esa pequeña batería de medidas tendientes a paliar la bronca de la gente la Provincia también confirmó la reducción de las tasas de recargos por pagos fuera de término y para la financiación de convenios de pago. 
Los anuncios no fueron suficientes para calmar el descontento, quedó en evidencia en Rafaela donde grupos de vecinos autoconvocados hicieron visible su crispación con los aumentos de la EPE consensuando incluso con el Concejo Municipal un proyecto aprobado durante una sesión extraordinaria para solicitar la declaración de emergencia tarifaria, en el marco de una jornada que incluyó un "verdurazo" con amplia convocatoria frente a la sucursal local de la empresa de electricidad. En ese contexto, sorprendió durante la reunión legislativa en la ex usina el maltrato a concejales alineados en Cambiemos, el espacio del gobierno a nivel nacional, y del edil del Frente Progresista que está en el poder provincial desde finales de 2007. 
Toda esta puesta en escena del fastidio colectivo puede reiterarse, como una especie de dejà vu, cuando las boletas del gas lleguen con los aumentos vigentes desde el 1 de abril pasado. La diferencia es que al menos se comunicó el alza de las tarifas antes que el frío obligue a incrementar el consumo del servicio. "No digan que no les avisamos" podrá argumentar el gobierno. 
Sin duda que los reclamos por las tarifas se ha transformado en un dolor de cabeza para Macri, aunque el costo político que deberá pagar aún no se puede cuantificar. Su discurso se centra en que las medidas que hay que tomar y son dolorosas, lo que otros llaman ajuste, se adoptan en forma gradual. Pero el malhumor social no fue gradual, aumentó en la misma medida que las tarifas. La imagen positiva del presidente desciende al ritmo que la porfiada inflación se mantiene como uno de los flagelos que deteriora el poder adquisitivo del salario. Aún así, a pesar de que la percepción sobre Macri baja, en el resto del tablero político nadie sube. Los esfuerzos del peronismo por sanar sus heridas para reconstruir un partido no significa que emerjan nuevas figuras capaz de poner en riesgo la hegemonía electoral de Cambiemos. 
Por las dudas, en la semana donde el debate en torno a las tarifas desgasta al gobierno como también los temores sobre el dólar, el golpe de efecto fue otra vez actualizar la rendidora -para el gobierno- fórmula de corrupción asociada al kirchnerismo. Así el viernes la Justicia volvió a modificar las piezas de la causa judicial que involucra al empresario, Cristóbal López, quien debió retornar a prisión. 
Y mientras el INDEC acumula informes sobre el crecimiento de la actividad económica, del empleo, de la inversión, del turismo o de la venta de autos que dan forma a un relato tipo "estamos mal pero vamos bien", la realidad no devuelve ese optimismo estadístico cuando ya termina el primer cuatrimestre del año. La presidencia de Macri transita el mes 29 del total de 48 que dura el mandato con un clima espeso en el que no puede prescindir de la figura de la "grieta", que aún puede ser una herramienta política que marque la diferencia electoral.