En Santiago de Chile la revuelta popular se mantiene pese a la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de ordenar el toque de queda y desplegar más de 10 mil efectivos entre policías y militares. Las manifestaciones que comenzaron hace cuatro días por la suba de 30 centavos (3,7%) del boleto de subterráneo, ya han dejado 11 muertos, 8 personas con riesgo de vida, alrededor de 700 heridos y más de 1.300 detenidos, según datos oficiales. El país continúa bajo la orden de estado de emergencia y hay toque de queda en la mayoría de las ciudades cabeceras de regiones.

Ayer nuevamente hubo cacerolazos de vecinos que sufrieron por las balas de goma que le dispararon soldados desde un tanque militar, en una zona residencial de la capital chilena. Y una masiva marcha de estudiantes que se desplazaba desde la estación Los Héroes a Plaza Italia también fue reprimida con camiones lanza agua y bombas lacrimógenas de Carabineros. 

La imagen de las corridas, chorros de agua helada y gases lacrimógenos para disuadir a la multitud, se repitió a lo largo de la tarde del lunes.

Mientras tanto, el presidente Piñera​ intenta una salida política convocando a la oposición a un pacto social para poner fin a la ola de violencia y enfrentamientos que convirtió al centro de Santiago en un campo de batalla por las protestas contra la desigualdad social.

Piñera propuso un "acuerdo social" para hacer frente a las demandas expresadas en las intensas manifestaciones. "Mañana (martes) me reuniré con presidentes de partidos, tanto de gobierno como de oposición, para poder explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social que nos permita a todos unidos acercarnos con rapidez, eficacia y también con responsabilidad hacia mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos", afirmó el mandatario en un mensaje público desde la Casa de la Moneda, sede de gobierno.