En los dos últimos años se ha comprobado una tendencia regresiva en materia de derechos humanos en Latinoamérica, es la síntesis de un informe de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, el cual cobró forma de denuncia. Se añade que los compromisos tomados por los diversos países de la región, para ser cumplidos y respetados, fueron todo menos eso, ya que la vulneración del respeto por los derechos humanos aparece cada vez más débil.

Se detalla en el aludido informe que en 2015 se puso de relieve la magnitud de la crisis de derechos humanos que existe en Latinoamérica, en el cual la combinación de discriminación, violencia, desigualdad, conflicto, inseguridad, pobreza, daños medioambientales y una evidente falta de garantías respecto a la justicia, se convierten en una enorme amenaza a la protección de todos esos derechos.

Se hace referencia también a la "arraigada cultura" de la impunidad, la negación de la verdad y el resarcimiento a millones de personas debilitaba el estado de derecho, haciéndose hincapié en criticar a las autoridades gubernamentales por el reiterado empleo de respuestas de características militaristas para enfrentar problemas sociales y políticos.

Ocho de los diez países más violentos del mundo pertenecen a América latina y el Caribe, y en cuatro de ellos -Brasil, Colombia, México y Venezuela- se cometían uno de cada cuatro homicidios violentos a nivel global. Pero además, y siendo uno de los aspectos más fustigados, es que apenas 20 de cada 100 homicidios cometidos en América latina terminaban en una condena, y que incluso en algunos países ese porcentaje era aún más bajo.

La delincuencia violenta tenía características generalizadas en Guyana, Honduras, Jamaica, El Salvador, Venezuela y Trinidad y Tobago, detallándose además que la inseguridad, la violencia y las dificultades económicas eran los factores centrales que en México y América Central hicieron que una cantidad cada vez mayor de personas, en especial menores de edad, a abandonar sus hogares y cruzar las fronteras hacia otros países. Este fue uno de los puntos consignados como claro ejemplo de la crisis de los derechos humanos, donde por ejemplo en México hay 27.000 personas que se mantienen con paradero desconocido, además de sumarse miles de denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Un hecho muy puntual fue referido sobre Venezuela, país en el cual luego de las manifestaciones que dejaron 43 muertos, nadie había sido declarado culpable pero tampoco se habían retirado las acusaciones contra los detenidos arbitrariamente por las autoridades. En México, sigue el misterio en torno a los 43 estudiantes normalistas asesinados en Iguala en 2014, más allá de las sospechas sobre el narcotráfico y sus vínculos con el Estado. 

Respecto a Cuba, si bien se ha notado una apreciable mejoría en las relaciones internacionales, las autoridades continúan sometiendo a la disidencia, lo cual tiende un manto de incertidumbre sobre la vigencia de los derechos humanos, en un lugar donde siempre estuvieron restringidos, y aún hoy, con todos los cambios en marcha, siguen en una verdadera encrucijada.

La elevada violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los mayores desafíos que tiene por delante Latinoamérica, pues de acuerdo con Amnistía, se trata de una cuestión que apenas se comenzó a abordar, alcanzando los índices de violencia de género valores muy elevados en Guatemala, Guyana. El Salvador, Jamaica y Trinidad y Tobago. 

El informe, como puede advertirse, en sus principales aspectos no incluye estadísticas de la Argentina, lo cual sin dudas constituye un avance. De todos modos, en la Argentina de estos días hubo una sucesión de femicidios que obligan a reinstalar la problemática como una de las prioridades de agenda pública, toda vez que las medidas adoptadas hasta el momento son insuficientes. 

Además, en relación con los derechos humanos y violencia, el nuevo Gobierno argentino incorpora un nuevo elemento para el debate: el protocolo para regular la protesta social que busca impedir el corte de calles y rutas, por lo que también fue bautizado como "antipiquetes". En tal sentido, los defensores de este manual para fuerzas de seguridad sostienen que se busca compatibilizar dos derechos que suelen entrar en colisión en cada marcha o manifestación, esto es el de libre circulación y el de libertad de reunión pacífica.

En tanto, los detractores afirman que este protocolo criminaliza la protesta social y concede a los organismos de seguridad la facultad de reprimir en caso que los manifestantes no acaten la orden de desalojar calles o rutas. Se trata de un debate que recién comienza y que se alimentará, en gran medida, del resultado de la aplicación de este Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas. Si la conflictividad social va en aumento y la represión de la protesta social avanza en la misma dirección, entonces sí Argentina aportará estadísticas a los informes anuales de Amnistía Internacional.