La violencia de género no reconoce límites, es una problemática que se da en hogares pobres, de clase media o ricos, sin excepción. También puede producirse en ámbitos laborales o de esparcimiento, entre otros tantos. Hace muchos años, para una mujer era difícil ir hasta una comisaría para denunciar a su marido, su novio o un hombre por violencia machista. Corría el riesgo de que no le crean, de que no le tomen la denuncia o de que los policías le avisen a su marido, quien luego podría tomar represalias ante lo que podían considerar una desobediencia. Cuando hay hijos de por medio todo adquiere una dimensión más compleja. En la policía e incluso en los juzgados la consigna no escrita sugería no involucrarse en los asuntos domésticos, apenas se permitía intervenir para calmar las aguas, pero después cuando todo parecía tranquilizarse se dejaba a la víctima y al victimario bajo el mismo techo a arreglar sus cuentas. 

Afortunadamente, de un tiempo a esta parte se expandió una suerte de rebelión de la mujer, que tomó fuerzas y comenzó a plantear la problemática de género como un flagelo que requería tratamiento institucional del Estado a través de sus múltiples formatos: las fuerzas de seguridad, la justicia, los organismos sociales de atención de las víctimas y más. Aquella mujer que se anima a denunciar ahora no se queda en soledad sino que recibe la atención de una red que se va consolidando. No obstante todavía falta mucho para igualar las condiciones. Periódicamente son noticias casos donde los hombres matan a sus ex mujeres pese a que existía una orden de restricción de acercamiento dictado por la justicia que no sirvió para nada. 

En la última semana se difundió un estudio realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Violencia de Género (ELA) que comenzó con la entrevista a 45 legisladoras de 11 provincias pertenecientes a diferentes partidos políticos, un proceso que se llevó a cabo entre junio del año pasado y mayo de 2018. Y se concluyó en que la violencia de género contra las mujeres también impacta en el ámbito de la política. En la Argentina, ocho de cada 10 legisladoras nacionales y porteñas afirmaron que sufrieron situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas, advierte este informe. 

Con esta primera encuesta nacional en la Argentina se procura visibilizar la violencia política contra las mujeres, en un contexto social donde, a partir del caso de la actriz Thelma Fardín, las denuncias por abuso también tuvieron correlato en la política, pues el senador pampeano Juan Carlos Marino (Cambiemos) fue denunciado por acoso sexual, al igual que varios dirigentes de La Cámpora. Incluso un concejal de la ciudad de Rosario presentó el jueves la renuncia a su banca por estar salpicado por una denuncia. 

De acuerdo al estudio, el 73 por ciento de las legisladoras afirmó haber vivido alguna situación de violencia de género en la política a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, al incluir preguntas vinculadas con acciones concretas, por ejemplo, si les habían restringido el uso de la palabra en reuniones y sesiones, o si las habían aislado en el ejercicio de sus funciones públicas por su condición de género, las respuestas positivas ascendieron a un 82 por ciento.

Desde ELA explicaron que se entiende por violencia política a todos aquellos actos que pueden ser directos o indirectos contra las mujeres y por un motivo de género que lo que busca es menoscabar o impedir que ejerzan sus derechos políticos entendidos en términos de participación, y sobre todo para que no puedan ejercer puestos de decisión en la política.

Además, el estudio muestra que los dos tipos de violencia más frecuentes que tuvieron que enfrentar las encuestadas a lo largo de sus trayectorias fueron la psicológica (50 por ciento) y la simbólica (28). En menor medida, se refirieron a situaciones de violencia económica (22), en tanto que la violencia física como la sexual fueron reportadas en menos del 10 por ciento de los casos.

Otro dato relevante que arroja el estudio es que el 38 por ciento de las mujeres señaló que las situaciones de violencia se dieron mientras eran militantes. Por eso desde ELA apuntan a trabajar con los partidos políticos y los sindicatos en la formación de mujeres políticas para lograr que cada vez tengan más voz.

Por último, desde ELA enfatizaron que es importante que la sociedad ponga atención en la violencia política contra las mujeres para no perder la pluralidad de voces y fortalecer así el sistema democrático.

La reciente sanción de la ley Micaela, que obliga al Estado a crear e implementar el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos y que abarca a los tres poderes del Estado, es otro paso clave que puede ayudar a hacer una sociedad mejor.