La República Bolivariana de Venezuela, el otrora país "benefactor" de la Argentina, no puede salir de un tobogán por el que cae a una crisis económica e institucional cada vez más profunda y que por ahora no tiene fondo. De aquella orgullosa nación de Hugo Chávez, que no tenía problemas en enviar dinero o recursos energéticos a una Argentina anémica, parecen quedar las cenizas y poco más.

El presidente venezolano Nicolás

Maduro anunció que desde la próxima semana se

desplegará en todo el país el sistema biométrico de venta

controlada en supermercados públicos.

"Vamos a establecer a partir de esta semana el sistema nacional que capta las huellas dactilares para el abastecimiento seguro. Vamos a establecer

más de 20 mil captahuellas en todo el sistema socialista, para

garantizarle al pueblo su alimento", afirmó Maduro durante una

cadena obligatoria de radio y televisión.

A ese punto llegó aquella Venezuela de Chávez que sufre por la caída de la cotización internacional del petróleo, su gran recurso natural que le permite ingresos para importar todo lo que consume, pues su industria es prácticamente inexistente. Las llamadas "captahuellas" son sensores de identificación

biométrica empleados en las elecciones venezolanas, y que en el

caso de la venta en supermercados detectarán cuando una persona ya

compró productos en las redes públicas de supermercados y abastos,

que venden con un amplio subsidio, para evitar que lo hagan en

repetidas ocasiones.

De esta forma se implementará un fuerte control sobre el acceso a los alimentos de la canasta básica. Maduro dijo que en una reunión entre

autoridades gubernamentales y "las siete grandes cadenas privadas

de supermercados" se acordó la incorporación voluntaria al sistema de abastecimiento seguro.

Los primeros intentos del gobierno de imponer el uso de

captahuellas fueron hechos a mediados de 2014, en medio de una

severa crisis de desabastecimiento de al menos un tercio de los

productos básicos, y una inflación que cerró en 68,5% en 2014 y en

56,2% en 2013.

La oposición ha rechazado el uso de este mecanismo alegando que

es una replica de la "libreta de racionamiento cubana" y afirmando

que la escasez es producto de las malas políticas económicas que

han acabado con la producción local.

Las autoridades habían considerado que la venta con

los sistemas captahuellas abarcara 23 productos prioritarios como harina,

arroz, leche, azúcar, papel higiénico, café, margarina, aceite,

pollo, carne, champú, jabón de tocador o detergente entre otros.

El escenario crítico no podía ser peor: la prolongada escasez, combinada con una recesión en la

economía durante 2014, ha llevado al gobierno a acusar a

empresarios privados de fomentar una "guerra económica" contra el Gobierno de Maduro.

Algunas de las medidas tomadas por el Estado han

sido la ocupación de redes privadas de supermercados o el

encarcelamiento de sus gerentes o representantes legales, lo que refleja la intensidad de crisis y el delicado equilibrio social que hay en el país caribeño. 

La coyuntura económica adversa no es el único mal que aflige a los venezolanos. Con el telón de fondo de escasez de alimentos y medicinas, el Gobierno viene denunciando la existencia de complots e intentos de magnicidio. En este marco, redobló su ofensiva contra el ala radical opositora cuando los servicios de inteligencia detuvieron en febrero pasado al alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma.

Precisamente, Ledezma, que se encuentra retenido en instalaciones del espionaje interno, es el segundo de los tres principales líderes radicales en prisión. Hace un año que está preso Leopoldo López, mientras que es investigada, pero en libertad, la destituida diputada María Machado.

La situación incluye además a los estudiantes opositores, que en febrero se manifestaron masivamente en Caracas y otras ciudades de Venezuela, un año después del inicio de las sangrientas protestas en la capital contra el gobierno de Maduro.

Ahora el Presidente venezolano pidió a la Asamblea Nacional superpoderes en tema de seguridad para enfrentar "agresiones imperialistas" de Estados Unidos contra su país, golpeado por la inflación, recesión y desabastecimiento. Fue después de que el lunes el presidente estadounidense Barack Obama, en una nueva escalada de la tensión bilateral, calificó la situación en la nación sudamericana como "una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa de Estados Unidos", al implementar sanciones contra siete funcionarios venezolanos que según Washington participaron de la represión a las manifestaciones antigubernamentales que dejaron 43 muertos en 2014.

Ahora Venezuela, dispuesto a confrontar hacia adentro y hacia afuera, también cargó contra el Gobierno de Uruguay luego de que el vicepresidente de este país, Mario Sendic, dijera el 3 de marzo a periodistas que no tenía elementos para acompañar a Maduro en la afirmación de que existen injerencias externas en Venezuela. "Qué vergüenza esa declaración", aseguró Maduro, lo que ahora le generó un reproche del Gobierno de Uruguay.